SABADO 22 DE JULIO DE 2000
Ť Santiago Merino estaría involucrado en fraude
Solicitan orden de aprehensión contra otro ex delegado en GAM
Angel Bolaños Sánchez Ť La Procuraduría General de Justicia del DF solicitó al juez 61 penal, Eugenio Ramírez Ramírez, la orden de aprehensión contra otro ex delegado político en Gustavo A. Madero, José Santiago Merino Castrejón, quien estaría involucrado en los movimientos irregulares de dinero detectados por la dependencia en dicha demarcación durante la gestión de Oscar Espinosa Villarreal.
En tanto, ayer la Procuraduría capitalina cumplimentó otra orden de aprehensión, de las 75 obsequiadas por la autoridad jurisdiccional, con lo que son ya 29 los ex funcionarios y contratistas de la GAM detenidos y puestos a disposición del juez Ramírez Ramírez, quien ya estudia el expediente del ex delegado, junto con el de otros dos funcionarios.
Merino Castrejón ocupó el cargo del 21 de octubre de 1996 a diciembre de 1997, sustituyendo a José Parcero López, cuando éste fue invitado por el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Salazar Toledano, a integrarse a su equipo de asesores.
En tanto, ayer fue detenido Adolfo Alberto Sabin Cravioto, ex subdelegado territorial, acusado por el delito de usurpación de profesión, informó el fiscal de Procesos Oriente, José Guadalupe Jiménez Núñez.
Sabin fue detenido cuando se dirigía a su trabajo en la empresa Servimet; cuando laboró en Gustavo A. Madero, en el comité de compras firmó ostentando una profesión que no tenía.
En relación con casos como el del ex boxeador Pipino Isidro Cuevas González, a quien se le atribuye peculado por un monto de 22 mil pesos, expresó que "el problema aquí es la corrupción que se generó y que llegó a afectar el erario público en esa demarcación en perjuicio de sus habitantes que pagan sus impuestos y demandan diversos servicios".
En este caso en particular explicó que no es tan importante el monto como la conducta delictiva que se busca sancionar".
Advirtió sin embargo que se trata de los montos que fueron descubiertos por la dependencia en más de 50 movimientos irregulares, por un monto de alrededor de 25 millones de pesos, pero no se puede descartar que existan más casos del periodo correspondiente a esa gestión, de 1995 a 1997.