VIERNES 21 DE JULIO DE 2000
* Caso de las cajas populares de Cirilo José Ocampo Verugo
El quebranto de veracruzanos, cubierto: PGJE
De los corresponsales / III y última * En Durango y Veracruz nadie sabía quién administraba las cajas populares de Cirilo José Ocampo Verdugo hasta que en febrero pasado la PGR detuvo al presunto lavador del dinero proveniente del tráfico de anfetaminas que realizan los hermanos Amezcua y la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de los ahorradores.
Así fue como se enteraron que Claudia Ocampo y Emilia Ocampo Verdugo, hija y hermana, respectivamente, del llamado Rey de las Cajas Populares eran las que hacían rendir el dinero que ellos depositaban y del cual obtenían hasta 40 por ciento anual de utilidades.
Ahora, sin embargo, no les interesa quién administraba estos bienes, sino recuperar sus ahorros porque la mayoría es gente pobre que no tiene más patrimonio que las ganancias que les generaban estas cuentas.
Al respecto, Juan Antonio Nemi Dib, subsecretario de Desarrollo Político, quien ha dado asesoría legal a los ahorradores para que presenten denuncias por fraude ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, informó que el gobierno del estado se suma a la propuesta del gobierno federal de integrar un fideicomiso con el dinero que se obtenga del remate de los bienes propiedad de Ocampo Verdugo.
Indica que se han asegurado 113 propiedades de Ocampo Verdugo, de los cuales 70 están en Colima, 20 en Veracruz y el resto en otras cuatro entidades.
Los bienes asegurados en Veracruz son inmuebles, incluidos los hoteles María Victoria, ubicados en Jalapa y el puerto jarocho, los cuales, dice el funcionario, son suficientes para cubrir el quebranto de los ahorradores perjudicados (750 millones de pesos), pues sólo el primero tiene un valor catastral de 50 millones de pesos.
El gobierno veracruzano tiene más de tres meses de trabajar con los afectados, quienes han presentado y ratificado unas 20 mil denuncias por fraude en la PGJE en contra de Cirilo José Ocampo Verdugo y quienes resulten responsables
Allí, resultaron afectadas 52 mil personas que tenían depositados unos 750 millones de pesos en las 48 cajas de ahorro. A la fecha se han integrado 40 averiguaciones previas y se realizan auditorías a las 48 cajas, indispensables para concluir las investigaciones.
Una de las acciones efectuadas por los ahorradores fue elegir en una asamblea un Consejo de Administración de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, en la cual resultó electo presidente Tiburcio Castán Jarillo y como presidente del Consejo de Vigilancia Alberto Eduardo Cobos Delfín.
Ramiro Murguía González, coordinador estatal del movimiento de ahorradores, dice que durante el tiempo que funcionaron las cajas de ahorro nunca se les dio información de cómo operaban, quiénes estaban al frente del Consejo de Administración y en qué se invertía el dinero depositado en ellas. Sabían que Ocampo Verdugo disponía del dinero depositado a su propio criterio y reestructuraba, también a su criterio, el Consejo de Administración.
Era Emilia Ocampo Verdugo quien dirigía las cajas al momento en que se empezó a hablar de las presuntas anomalías en las que estaban incurriendo.
Pendiente orden de aprehensión
contra Claudia Ocampo
En Durango, el procurador estatal Jorge Campos Murillo ha informado que la dependencia busca establecer cargos suficientes para solicitar al juez una orden de aprehensión en contra de Claudia Ocampo, hija de Cirilo José, pues fue una de las personas que en diciembre pasado sustrajo de las cuentas existentes en Durango 60 millones de pesos aproximadamente.
Ricardo Bracho Wolf, abogado defensor de unos 400 ahorradores, filtró recientemente que la auditoría que se practica a las cajas de ahorro de Ocampo Verdugo ha detectado que los duranguenses habían depositado hasta 300 millones de pesos y no los 90 millones que siempre dio a conocer el ahora encarcelado administrador de la caja en la entidad, Eduardo Jara Pérez. En la Caja Popular Número Uno había ahorros de 5 mil ciudadanos con depósitos por 90 millones de pesos,
En Durango operaban 15 sucursales de la Caja Popular cuyo presidente del Consejo Directivo era Ocampo Verdugo, único con capacidad para retirar recursos debido a que el dinero era concentrado en cuentas bancarias cuya titularidad recaía en el empresario investigado por supuesto lavado de dinero a favor de los hermanos Amezcua.
La caja pudo pagar a sus ahorradores tasas que iban de 20 a 40 por ciento gracias a que se contaba con un hotel de cinco estrellas con sede en Colima y un edificio de departamentos en Veracruz. Según esa misma declaración 90 por ciento del recurso invertido por los socios estaba depositado en instituciones bancarias.
Antes, esta misma caja registró un desfalco por 2 millones de pesos cuyos presuntos responsables fueron Antonio Alvarez González, Graciela Morones Quiñones y Enrique Guzmán Sánchez, razón por la cual en octubre de 1999 fue contratado como nuevo gerente Eduardo Jara Pérez.
Para dar forma jurídica a la defensa de los ahorradores, éstos se reunieron entre marzo y abril y designaron un supuesto Consejo de Administración con presidente y secretario, cargos que recayeron en Jorge Vázquez Melero y Adrián Carrasco, quienes contaron con la aprobación de mil 200 socios reunidos en el Auditorio del Pueblo.
Pese a ese cambio hasta la fecha la recuperación del dinero se encuentra en suspenso y a la espera de la conclusión de la auditoría a la caja, que es realizada por cuatro diferentes despachos pagados por el gobierno del Estado.
Finalmente, en Aguascalientes, 20 auditores de la Secretaría de Finanzas estatal se avocaron a la tarea de dar a conocer los estados de cuenta de los ahora afectados, por órdenes del gobernador Felipe González.
Con diez sucursales, dos de ellas en la capital del estado, se afecta a por lo menos 4 mil ahorradores con depósitos que se estiman en alrededor de 70 millones de pesos.
No obstante, Roberto Macías Macías, procurador de justicia estatal, informó en su momento que existen mil 400 denuncias en contra de José Cirilo Ocampo Verdugo en Aguascalientes, mismas que hasta la fecha no han resultado en la detención de involucrado alguno con este caso.
"Si la PGR no hubiera intervenido nuestras cuentas, ahorita seguiríamos trabajando muy bien", expresó Adelina Castañuela, afectada, quien dio a conocer que "está bailando" con unos 150 mil pesos.
La única respuesta que han tenido de parte de la PGR es que si retiran las denuncias tal y como se los ha pedido en cartas Ocampo Verdugo, podrán devolverles sus intereses, pero muchos se niegan hacerlo.
ų"Si así con la demandan no nos devuelven nuestros ahorros, si las quitamos menos", dice Rosa Moreno, una de las afectadas. (Jesús Narváez Robles, Emmanuel Salazar, Alfredo Valadez, Javier Valdez, Guadalupe López y Claudio Bañuelos, corresponsal)