VIERNES 21 DE JULIO DE 2000
* Plantea que se recomiende a la próxima legislatura auditar a la CNBV
El PRD pide presionar a deudores ilegales del IPAB
* Propone cancelarles contratos con el gobierno e incluso boletinarlos internacionalmente
Alonso Urrutia y Andrea Becerril * El Partido de la Revolución Democrática (PRD) promoverá que en las recomendaciones del informe final sobre la evaluación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se incluyan medidas de presión para aquellos grupos económicos y empresarios connotados que se hayan negado ilegalmente a pagar, tales como cancelarles todo contrato con el gobierno y la posibilidad de participar en licitaciones, así como boletinarlos internacionalmente ante las instancias crediticias.
En vísperas de que la comisión especial de diputados que investiga el funcionamiento del IPAB rinda su informe, el PRD también planteará que se recomiende a la siguiente legislatura la realización de una auditoría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de deslindar responsabilidades que podrían incluso ser penales, porque ''la falta de supervisión provocó que la crisis bancaria fuera más aguda y fuera más elevado el costo'', señalaron diputados perredistas.
Asimismo, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Pabo Gómez, manifestó que sería positivo remover a toda la Junta Directiva del IPAB, porque hay algunas personas fuera de ese instituto que tienen una actitud más abierta; en resumen, el IPAB no colabora con el Poder Legislativo, dijo.
A su vez, los senadores priístas Eduardo Andrade y Rodolfo Becerril sostuvieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no tiene facultades para recibir el disco que contiene la lista de quienes incurrieron en ilícitos en el Fobaproa, por lo que posiblemente, si se le remite, lo regresará a la Cámara de Diputados.
Igualmente, el senador panista Juan Antonio García Villa señaló que la Comisión Permanente deberá definir el destino que se dará al disco compacto de Michael Mackey, e incluso tomar un acuerdo al respecto, ya que entre sus atribuciones no está la de conocer ese tipo de información.
Por su parte, Andrade resaltó que habría que determinar si tiene algún sentido que se remita a la Comisión Permanente esta información, toda vez que exclusivamente tendría un efecto político o de discusión, pero sin ninguna posibilidad de tomar decisiones sobre el destino de la información contenida en ese informe del auditor canadiense.
Medida sana
El priísta señaló que ''es sano'' que se conozca el contenido completo de los créditos que están en el IPAB, ya que la opinión pública lo demanda y constituyen además un conjunto de deudas que tendrán que ser pagadas con dinero de los impuestos.
Contrario a la postura que mantuvieron en su partido, Andrade agregó que hay además una obligación legal referida a que las empresas mercantiles den a conocer, a través del registro público, sus estados financieros. ''En general es muy sano que la sociedad conozca lo referente a estos créditos que vienen del Fobaproa y que las autoridades tomen las medidas correspondientes'', comentó.
Por otro lado, la comisión especial solicitó al auditor canadiense Michael Mackey, a través de su representante en México, Alejandro Forastieri, la desagregación de poco más de 18 mil créditos que quedaron encapsulados y se carece de la información sobre los beneficiarios.
El perredista Alfonso Ramírez Cuéllar explicó que gran parte de estos créditos corresponden a transacciones que no fueron clasificadas como ilegales, pero fueron operaciones que no tuvieron las garantías adecuadas, por un total de 7 mil 502 millones de pesos; créditos a personas físicas con documentación insuficiente, por 5 mil 892 millones; créditos descontados, 4 mil 802 millones; créditos relacionados, 4 mil 803 millones de pesos, entre otros.
Los diputados Ramírez Cuéllar y Jorge Silva coincidieron por separado en señalar la necesidad de que en la próxima legislatura continúe esta comisión especial. ''Mientras exista IPAB, la necesidad de transparencia y de analizar el impacto de sus requerimientos financieros en el presupuesto, será necesario mantener una fiscalización estrecha de la Cámara de Diputados'', comentó Silva.
Ramírez Cuéllar dijo que el PRD espera que el informe final sea enfático en el capítulo de recomendaciones, a fin de instrumentar acciones que pudieran incrementar las posibilidades de recuperación de recursos.
Así, citó que el PRD sostiene que la negligencia o complicidad de la CNBV en sus atribuciones impedirá que se pueda castigar a ''un importante número de empresarios cuyos delitos ya prescribieron''.
Ante ello, el Partido de la Revolución Democrática plantea actuar en dos vías: por un lado, promover acciones contra empresarios y grupos económicos que defraudaron en sus operaciones crediticias. Esto implicaría, además de continuar con el juicio mercantil ųporque éste, a diferencia del penal, no prescribeų, ejercer medidas de presión. Paralelamente, realizar una auditoría a la CNBV, para deslindar responsabilidades en la autoridad.
De igual forma, se buscará la realización de una auditoría a la situación que guarda actualmente la banca de desarrollo, porque existen indicios de que podrían haber existido malos manejos.
Otra de las propuestas perredistas consiste en reformas a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con el objeto de crear dos organismos: uno encargado de lo concerniente a los depósitos bancarios y otro que fusione las instituciones encargadas de la venta de activos, tanto de la banca de desarrollo como de la banca privada.
Ramírez Cuéllar planteó que otra de las propuestas es eliminar el secreto bancario en operaciones activas y reducir el tope de los depósitos garantizados de 90 mil a 40 mil dólares, para estar acorde al promedio que tienen los países en iguales condiciones de desarrollo que el nuestro. También, establecer la ilegalidad en la adquisición de cartera de algunos bancos, en los cuales las autoridades del Fobaproa modificaron sus propias reglas para poderlas adquirir en perjuicio de los recursos públicos. Finalmente, establecer controles más estrictos al IPAB en materia de refinanciamiento y contratación de deuda pública.