JUEVES 20 DE JULIO DE 2000

* 20% de defraudados han presentado denuncia penal

Socios fantasma, forma de lavar dinero en cajas de ahorro

* Las autoridades investigan si existen todos los asociados

De los corresponsales / II * Las autoridades sospechan que muchos de los supuestos ahorradores de las cajas populares propiedad de Cirilo José Ocampo Verdugo podrían no existir y que sea ésa la forma como se da el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, del que la Procuraduría General de la República (PGR) acusa al socio mayoritario del llamado Banco de los Pobres.

La hipótesis se refuerza debido a que en la mayoría de las entidades en donde los socios se han organizado para reclamar sus ahorros congelados, sólo 20 por ciento, aproximadamente, han presentado denuncias penales en contra del titular de las cajas populares encarcelado en la ciudad de México.

Por ello, "estamos haciendo un llamado a los integrantes de las cajas mencionadas a presentar la denuncia, con el fin de saber si realmente existen todos", informó el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit (PGJE), Jesús Cervantes.

La caja nayarita contaba con $120 millones

La Caja Popular Nayarita, propiedad de Ocampo Verdugo, operaba desde hace tres años y según la PGJE, contaba con 8 mil 300 ahorradores en la entidad, con depósitos que ascienden a 120 millones de pesos.

Sin embargo, el procurador estatal, Jorge Bañuelos Ahumada, informó que sólo mil 300 afectados, menos de 20 por ciento de los declarados, han presentado denuncias ante la dependencia.

En marzo pasado, cuando los ahorradores fueron informados por el gerente de la Caja Popular Nayarita, Eduardo Rivas, de que "la PGR congeló las cuentas por presunto lavado de dinero", los defraudados comenzaron a organizarse en las cabeceras municipales donde la Caja tenía sucursales (Tepic, Santiago Ixcuintla, Ixtlán, Compostela, Ahuacatlán, Bahía de Banderas y Xalisco).

Ante la presión, el gobierno estatal nombró al procurador Jorge Bañuelos Ahumada como representante de los ahorradores ante las autoridades federales, en tanto que los usuarios crearon el Comité de Socios Ahorradores de la Caja Popular Nayarita, encabezado por María Eugenia Páramo Rodríguez y Petronilo Díaz.

Bajo la idea de que "las autoridades federales propiciaron el problema al incautar bienes que nos pertenecen legalmente", los afectados han continuado sus movilizaciones, entre ellas, la toma de las instalaciones en el estado de la Secretaría de Hacienda, en tanto Bañuelos Ahumada acude a reuniones con sus similares de otros estados.

La respuesta más reciente del procurador fue que "en unas semanas podría iniciar el proceso de recuperación de los depósitos luego de que Ocampo Verdugo extendió un poder a favor del despacho Araujo y Acosta Contadores Legales, para que éste proceda a aportar a un fideicomiso todos sus bienes y dichos recursos tendrán como única finalidad el pago de sus depósitos a ahorradores".

La Procuraduría informó que la Caja no tenía un solo inmueble propio en Nayarit, ya que sus sucursales eran casas rentadas, algunos escritorios, escasas computadoras y unas sillas que no representan ningún valor significativo para los defraudados, por lo que no hay nada aquí que se le pueda incautar y los pagos tendrán que hacerse de lo que recuperen en otros estados". El dinero, asegura, se enviaba a la matriz de Colima.

Podrían ser 10 mil asociados en Zacatecas

Por otra parte, en Zacatecas, más de 3 mil 250 afiliados a la Caja Popular han interpuesto denuncias para recuperar su capital, señaló Aquiles González Navarro, titular del organismo. El monto de lo demandado asciende a 142 millones 258 mil pesos.

Sin embargo, el número de ahorradores podría ascender a más de 10 mil en las sucursales que tiene en la capital del estado y en los municipios de Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Villanueva, Sombrerete, Río Grande, Valparaíso y Calera, lo cual confirmaría la sospecha de que sean ahorradores fantasmas que justificarían el lavado de dinero.

Lamenta que el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuellar, no participe de lleno en la lucha que 25 procuradurías estatales entablan para recuperar los depósitos de los miles de afectados.

También dice que ha existido pasividad de la PGR para actuar a nivel internacional y asegurar los bienes y capitales que tendría Cirilo Ocampo en Miami, Florida, Estados Unidos, y en la lotería rusa. Esta acción sería medular, señaló González Navarro, porque con los bienes existentes en el país difícilmente se cubriría el monto del capital defraudado.

La PGR, señaló, podría deslindar en lo inmediato aquellos bienes inmuebles que tiene asegurados y que no son resultado del lavado de dinero ųactividad que se le imputa a Cirilo Ocampoų e integrarlos al fideicomiso que hace unos días anunció el subsecretario de Gobernación, Dionisio Pérez Jácome, para conformar un capital con el que se pague a los ciudadanos defraudados.

La aparición de la Caja Popular Zacatecana y sucursales data de 1995. Floreció y creció rápidamente luego de que la banca comercial restringió los préstamos y disminuyó los intereses a los capitales ahorrados. Las cajas populares ofrecían, en cambio, facilidad en los préstamos y de entrada intereses de hasta 40 por ciento anual. Se afirma que puntualmente pagaba los intereses y realizaba devoluciones de depósitos hasta que la PGR congeló las cuentas.

Según la Procuraduría zacatecana, al menos 50 por ciento de los afectados son pensionados y jubilados cuya economía doméstica se sustentaba exclusivamente en los intereses que obtenían de las cajas populares. El resto de la población defraudada sería, hasta 30 por ciento, campesinos ancianos y mujeres, muchos de los cuales recibían remesas de sus familiares en Estados Unidos y los depositaban en las cajas de ahorro "para cuando vinieran para acá", según señalaron algunos, o "para construir una finquita y que estudien sus hermanos", dijeron otros. El resto de la población serían maestros rurales, obreros, comerciantes, microempresarios y hasta políticos que no salen a protestar porque "les da vergüenza".

El presidente de la Asociación Estatal de Defraudados, ex dirigente estatal del PAN, Carlos Hernández Escobedo, mencionó que "independientemente de que haya o no dinero proveniente del lavado de dinero (en las cajas), la culpa del quebranto lo tiene la PGR y Hacienda, porque antes de que congelaran el dinero de Cirilo todo marchaba bien, pagaban puntualmente los intereses y no había problemas".

A su vez, la sociedad cooperativa Caja Popular en Sinaloa, en las ocho sucursales que operan en seis municipios desde 1997, colocó a unas 2 mil 100 personas en la incertidumbre económica.

Las cajas populares entregaban mensualmente 35.70 pesos por cada mil pesos de ahorros e inversiones, lo que para muchos profesionistas y empleados gubernamentales, lo mismo que obreros, eran importantes ganancias y rendimientos.

El ex alcalde de Mazatlán, Sinaloa, el panista Alejandro Camacho Mendoza, quien de manera espontánea ha asumido el liderazgo en las manifestaciones de protesta, afirmó que Ocampo Verdugo mintió a los ahorradores al utilizar sus recursos para invertirlos sin su consentimiento, pero también la PGR ha contribuido a complicar el panorama en perjuicio de los ahorradores, a raíz de su intervención para detener al presunto delincuente.

En tanto, a través de una carta dirigida al gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, los afectados demandan "que la PGR se desista de la acusación o ejercicio de la acción penal en contra de José Ocampo y de las peticiones sobre el aseguramiento de bienes como el medio más rápido para que él obtenga su libertad y consecuentemente la devolución de los bienes y así pueda hacer frente a los compromisos que tiene con los ahorradores de las cajas que fundó". (Jesús Narváez Robles, Emmanuel Salazar, Alfredo Valadez, Javier Valdez y Guadalupe López, corresponsales)