De 12 mil socios en Colima, sólo 3 mil 800 denunciaron

Cajas populares, imperio en 5 años

Verónica González Cárdenas, corresponsal /I, Colima, Col., 18 de julio * En un lustro, Cirilo José Ocampo Verdugo fundó un imperio que abarca decenas de cajas populares en 25 estados y al menos 113 bienes inmuebles ubicados en Colima, Veracruz y otras cuatro entidades, incluidos hoteles de cinco estrellas, plazas comerciales, edificios, casas y predios rústicos y urbanos.

Con atractivos intereses como anzuelo, el ahora llamado rey de las cajas de ahorro fundó en Colima, en febrero de 1996, la Sociedad Cooperativa Caja Popular del Pacífico SCL, de la cual se erigió como presidente del consejo de administración por ser socio mayoritario.

La cooperativa tuvo pronto éxito entre jubilados y pensionados, amas de casa, campesinos, prestadores de servicios, ambulantes y, por lo general, gente humilde cuyos ahorros van de 5 mil a 50 mil pesos, aunque hay excepciones de hasta 400 mil pesos.

Pero pronto se empezó a sospechar de las causas de este boom. Así, el 25 de febrero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció una orden de arraigo y, posteriormente, una de detención en la ciudad de México contra Ocampo Verdugo debido a que, presume, las cajas de ahorro servían como escaparate para lavar dinero proveniente del narcotráfico, en concreto de los hermanos Amezcua, señalados como los señores de las anfetaminas.

También fue detenido Salvador Armenta Padilla, quien presuntamente auxiliaba a Ocampo Verdugo en la cobertura legal de las operaciones de lavado de dinero y en la sustracción indebida de los fondos. Según el fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR, Mariano Herrán, se desempeñaba como notario público suplente en Colima.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de las cajas populares, mientras que la Procuraduría de Justicia de Colima aseguró las más de 70 propiedades a nombre de José Cirilo, en lo que investiga el verdadero origen de esta fortuna.

El viacrucis de miles de socios que habían invertido sus ahorros comenzó en marzo, cuando se encontraron de pronto con que no podían cobrar sus dividendos porque el dinero estaba congelado. No tardaron en organizarse y demandar ante las autoridades municipales, estatales y federales la devolución ya no de sus intereses, sino del dinero principal.

Según las declaraciones de Verdugo Ocampo, la Caja Popular del Pacífico y sus 13 sucursales en Colima agrupaban a 12 mil socios; sin embargo, menos de 3 mil 800 han presentado denuncia por fraude y nadie sabe dónde están los supuestos 8 mil 200 ahorradores restantes.

No obstante la información sobre las supuestas actividades ilícitas del acusado, hay un sentimiento generalizado de benevolencia hacia el fundador de la Caja Popular del Pacífico, ya que los ahorradores siempre recibieron su dinero en tiempo y forma.

La gran cantidad de empresas y bienes inmuebles de Ocampo Verdugo, entre ellas el hotel María Victoria, el primero de cinco estrellas en la capital colimense, y otro de la misma cadena ubicado en Cuyutlán, municipio de Armería, no causaron desconfianza entre los ahorradores.

Por el contrario, les dio mayor certidumbre, pues según ellos todas las operaciones estaban avaladas por las autor idades de los tres niveles de gobierno, ya que éstas son las encargadas de dar los permisos para que funcionen, dice el representante de la Unión de Ahorradores Cooperativistas de Colima AC, Javier Dueñas Chávez.

Nombrado representante estatal de los ahorradores en una asamblea efectuada el 11 de junio, en la que participaron 789 socios, Dueñas Chávez supone que si las cuentas no hubieran sido congeladas, la caja popular seguiría trabajando normalmente y los ahorradores cobrando intereses, que les servían para comer y comprar medicamentos.

Uno de los ahorradores afectados, Dionisio Ochoa, difiere de su representante y admite que en algún momento sintieron desconfianza por los altos intereses que ofrecía la caja y el gran número de empresas de Cirilo Ocampo. "Todos sabíamos que podría haber algo raro, pero yo miraba que en la caja hay licenciados, arquitectos y mucha gente profesional, por eso me sentía confiado; pero sí me agarró de extraño lo que pasó", señala.

Estela Munguía Hernández, otra socia, comenta que nunca sintió desconfianza por los altos intereses que ofrecía la caja, 45 por ciento anual, ya que los atribuía a una excelente administración del propietario: "yo pensaba que eran personas muy capacitadas para trabajar el dinero de manera que pudiera dar más interés, por eso nunca sospeché; pensé que era gente bien relacionada con otras empresas que le sacan más provecho al dinero, pero nunca me imaginé que al principal socio le hallarían pruebas de contrabando, como se rumora. Yo no sé si eso sea verdad, pero congelaron las cuentas y los afectados fuimos nosotros", apunta.

Otros ahorradores comenzaron a sospechar que algo andaba mal a partir del desmentido del gobernador Fernando Moreno Peña de que José Ocampo Verdugo era su amigo, como aquél afirmaba.

El 21 de junio, unos 300 ahorradores encabezados por Dueñas Chávez realizaron la única manifestación pública frente al palacio de gobierno para exigir al mandatario estatal que dialogara con ellos, ya que en marzo se negó a reconocer a la directiva argumentando que debería tener el respaldo de 50 por ciento más uno de los socios, es decir, 6 mil un ahorradores.

Fueron recibidos por el gobernador y días después éste convocó a una reunión a la que asistieron más de 800 ahorradores, a quienes les garantizó que su dinero les será devuelto. Incluso habló de la posibilidad de reclamar los intereses, lo cual infundió confianza a los ahorradores para recuperar sus ahorros.