MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2000
Ť Juan Moreno Pérez Ť
Las listas de Mackey y la impunidad
La famosa lista del Fobaproa, dada a conocer recientemente por los diputados perredistas Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, no tubo el impacto sobre la opinión pública que muchos esperaban. Para algunos comentaristas, la lista sólo incluyó nombres que ya se conocían, sin aportar nada nuevo. Para otros, únicamente se trató de un frustrado intento del PRD por revivir esa discusión, después de su desastre electoral.
Este hecho resulta muy desafortunado, ya que precisamente ahora, cuando se está preparando el nuevo gobierno, es vital discutir los grandes problemas nacionales, entre los que destaca el Fobaproa. A diferencia de algunas opiniones superficiales, o de otras claramente interesadas en echar tierra sobre este asunto, la publicación de la famosa lista es muy importante, ya que permite aclarar aún más lo que realmente sucedió.
Como se puede recordar, a partir del escándalo suscitado en 1998, cuando el presidente Zedillo propuso convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense Michael Mackey para que realizara una auditoría a fondo de las operaciones del Fobaproa. La idea era aclarar primero lo que había sucedido, fincar las responsabilidades correspondientes, y sólo después de ello, legislar.
Pero en diciembre de 1998, cuando Mackey apenas iniciaba su trabajo, los diputados del PRI y del PAN votaron de manera sorpresiva la Ley del IPAB, legalizando con ello las operaciones del Fobaproa. A pesar de que en esa ley se prometió concluir las auditorías en seis meses, y castigar a los que resultaran responsables del desfalco, el sólo hecho de haber legislado sobre algo que no se había aclarado, limitó las posibilidades de que realmente se conociera.
Lo que siguió fue una verdadera conspiración para encubrir lo sucedido, garantizando impunidad a los beneficiarios de ese atentado contra la economía del pueblo mexicano. Para decirlo con todas sus palabras, el Fobaproa significó una gigantesca apropiación de riqueza por unos cuantos, en perjuicio de la mayoría de la población. Ese inmenso despojo se realizó con la complicidad de las autoridades gubernamentales. Aunque su impacto sobre el bienestar de la población ya se ha reflejado en un preocupante aumento de los niveles de pobreza, lo peor apenas viene, con mayores impuestos y menor gasto social.
La auditoría encargada a Mackey y luego incluida en la Ley del IPAB, nunca se concluyó debido a que las autoridades se negaron a proporcionar toda la información que requería el auditor. El mismo Mackey lo aclaró al entregar su informe en julio de 1999, afirmando que no se trataba de una auditoría, sino sólo de un reporte sobre la información que le habían permitido revisar. Sin embargo, tanto las autoridades como los legisladores del PAN han intentado hacer creer que el informe de Mackey es la prometida auditoría.
Además de su conocido reporte, Mackey entregó una lista de las operaciones irregulares que había podido detectar, a las que calificó de reportables. El diputado panista Fauzi Hamdan, entonces presidente del Comité de Seguimiento de las Auditorías al Fobaproa, se negó a entregar copia de la lista a los demás integrantes del comité. Mediante un oscuro acuerdo con los representantes del PRI. Hamdan decidió encargar a Mackey que encriptara dicha lista en un archivo electrónico al que sólo se pudiera acceder si había un acuerdo unánime de los cinco partido representados en la Cámara de Diputados.
En septiembre de 1999, Mackey entregó el archivo encriptado a los diputados y una copia adicional con la clave de acceso al IPAB. Así se llegó a un absurdo muy mexicano: los resultados de la supuesta auditoría no pudieron ser conocidos por los auditados. Para que no quedara duda de que México es un país realmente kafkiano, se permitió además que el auditado, el Fobaproa, decidiera qué información podía proporcionar al auditor Mackey.
El PRD continuó con la lucha solitaria, exigiendo que se diera a conocer toda la información del fraude y dando a la publicidad la que pudo ir encontrando. Varias listas de beneficiarios del Fobaproa fueron publicadas por Andrés Manuel López Obrador y por Dolores Padierna. Esas listas fueron desacreditadas por las autoridades y por todo tipo de comentaristas cómplices, acusando al PRD de buscar sólo el escándalo. Ahora que el PRD pudo finalmente abrir el famoso archivo de Mackey, se comprobó que las listas dadas a conocer, y tantas veces descalificadas, eran correctas.
Pero el asunto no concluye ahí, ya que la multicitada lista no incluye a todos los beneficiarios de este desfalco, sino sólo a los que pudo detectar el consultor, con la escogida información que las autoridades le permitieron revisar. Muchos de ellos no se encuentran en esa lista, ya que las mayores operaciones fueron encubiertas por las propias autoridades. El sólo examen del rescate de Banca Serfin permite conocer cómo fueron saqueados algunos bancos por sus principales accionistas, y cómo las autoridades impidieron que Mackey tuviera acceso a esa información. Por ello, como dice Andrés Manuel López Obrador en el título de su libro, el Fobaproa continúa siendo un Expediente Abierto.