MARTES 18 DE JULIO DE 2000
* Turnarán el caso a la procuraduría estatal para que finque cargos contra responsables
Rechaza el Congreso de NL cuentas de Clariond
* Según auditoría, en 1997 hubo desvíos por casi $82 millones, cuando el priísta era gobernador interino
David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 17 de julio * Por unanimidad, la Legislatura de Nuevo León rechazó hoy las cuentas públicas del ex gobernador interino priísta, Benjamín Clariond Reyes, e instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda para que turne el caso a la Procuraduría de Justicia y al Ejecutivo estatal, a fin de que se finquen los cargos penales o administrativos contra quien resulte responsable.
Según la auditoría que realizó la Contaduría Mayor de Hacienda, durante los primeros nueve meses de 1997, cuando Benjamín Clariond Reyes fue gobernador, se registraron desvíos por 81 millones 636 mil 140 pesos, al elaborarse nóminas apócrifas en el rubro de educación.
Sin embargo, la Comisión de Hacienda estatal eliminó del proyecto de decreto un punto que instruía a la Contaduría Mayor de Hacienda para que continuara con la revisión respecto a la entrega de más de 400 bienes inmuebles a la banca comercial, a fin de disminuir la deuda pública de la entidad, donde supuestamente hubo serias irregularidades por autoventas trianguladas de terrenos estatales que terminaron en poder de la familia Clariond, y la cesión de propiedades de particulares.
El panista Julián Hernández Santillán, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que seguirá la revisión de esas operaciones, y en caso de hallarse actos ilícitos se pedirá el fincamiento de responsabilidades.
Sin embargo, el coordinador priísta, Oscar Adame Garza, precisó que según la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor, cuando una cuenta pública es revisada, y se aprueba o rechaza por el Congreso, no puede volver a ser conocida por esa instancia ni por la Legislatura. Asimismo, puntualizó que el ex tesorero Xavier Doria, acusado de un desvío, entre 1995 y 1997, por 172.9 millones de pesos, que ya devolvió, no podrá ser llevado nuevamente a prisión, pues nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito.
Respecto al peculado que se detectó en la administración central de gobierno, el Congreso dictaminó que el gobierno benjaminista incurrió en una falta grave, "misma que tiene los elementos suficientes para presumir la existencia de una conducta ilícita, y por lo tanto acreedora a una responsabilidad penal".
El pleno instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda para que se inicie el procedimiento de responsabilidades e imposición de sanciones, debiendo presentar la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de Justicia.
Asimismo, se acordó enviar copia del dictamen al gobernador, Fernando Canales, para que en el ámbito de su competencia se apliquen sanciones contra quienes hayan participado en irregularidades administrativas, por acción u omisión.