DOMINGO 16 DE JULIO DE 2000
* Revisión de la Cuenta Pública 98, por la Contaduría Mayor de Hacienda
Detecta la ALDF irregularidades en el gasto de las 16 delegaciones
* Las anomalías, en adquisición de bienes y servicios, y procesos de licitación, entre otros rubros
Gabriela Romero Sánchez y Susana González * En las auditorías practicadas a las 16 delegaciones se detectaron irregularidades en la adquisición de bienes y adjudicación de servicios, ya que no se respetaron los montos previstos, los procesos de licitación no contaban con la autorización respectiva, faltaban comprobantes de gastos y se contrató personal por honorarios para realizar labores similares a las que hacen trabajadores de base.
Lo anterior se desprende del informe sobre la Cuenta Pública correspondiente al año de 1998, elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF.
Algunas de las anomalías detectadas, en la delegación Alvaro Obregón, son la licitación y adjudicación de algunos contratos sin contar con los estudios, proyectos y especificaciones necesarias; en otros casos, pese a sobrepasar los montos máximos que establece la normatividad aplicable a la asignación directa, no se tenía la aprobación del titular.
Por otra parte, se encontraron diferencias entre los volúmenes de obras pagadas y los que se realizaron, y las empresas de supervisión contradas no efectuaron diversas actividades a su cargo.
En Azcapotzalco se utilizaron recursos del programa Alianza para el Bienestar, para regularizar pagos de nómina de años anteriores; la Contaduría no obtuvo, por parte del órgano interno de control interno, la validación de las nóminas del personal contratado por este programa, y se tramitó anticipadamente el pago de guardias. Se detectó el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas de supervisión de obras.
En Cuauhtémoc se adquirieron a destiempo equipo para lluvia y prendas de seguridad; se pagaron recargos por consumo de agua; no se programaron recursos presupuestales por Adefas; se contrató personal por honorarios para realizar labores similares a las desempeñadas por trabajadores de planta y de estructura de la delegación, y se tramitó de manera anticipada el pago de horas extraordinarias.
En Iztapalapa no se supervisó en forma adecuada la elaboración de los contratos de los servicios de asesoría, en algunos casos no se integró a ellos la documentación comprobatoria, y hubo diferencias entre los volúmenes de obra pagada y los que se ejecutaron.
En Miguel Hidalgo no se especificaron en los contratos de prestación de servicios profesionales las actividades que desempeñaría el trabajador; se realizaron licitaciones sin la intervención del área de adquisiciones, y no se concilió sus registros presupuestales con los de la Secretaría de Finanzas.
En Milpa Alta se efectuaron pagos quincenales a empleados con plazas del nivel inferior al del jefe de oficina, como complemento de su sueldo, con cargo a la partida "Pasajes nacionales".
En Tlalpan se realizaron pagos en exceso por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los que se ejecutaron, y no se sancionó a los contratistas de obra por terminar el trabajo fuera de los tiempos establecidos.
Pago de estímulos
En otro apartado del informe de auditorías se remarca que a pesar de que la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal aseguró que no se efectuarían pagos por concepto de estímulo de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, la Oficialía Mayor ejerció recursos en las partidas de Estímulos al personal y Otras percepciones.
En el caso del reporte de percepciones a mandos medios y superiores, se incluyeron conceptos como "Ayuda de servicios", "Asignación adicional", "Compensación de mercado de helicopteristas", entre otros, "que de acuerdo con el proyecto de reordenamiento y desconcentración de los registros, nómina, pago y servicios al personal, no son aplicables a estos mandos de la administración pública del DF".
En las auditorías hechas al entonces Instituto de Servicios de Salud del DF -- hoy Secretaría de Salud-- se encontró que éste no formalizó los seis contratos de obra revisados; adjudicó directamente dos contratos de servicios; no llevó una bitácora de los servicios contratados y ejecutó una obra multianual, sin contar con la autorización correspondiente.
El Consejo de Incautación de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 no reintegró oportunamente a la Secretaría de Finanzas los rendimientos que produjo la revisión de las aportaciones del gobierno del DF y no regresó al tiempo al Sistema de Transportes Eléctricos los recursos que éste le pagó en exceso por los autobuses de esa empresa.
El DIF-DF adjudicó directamente 83 contratos de obras cuyas operaciones rebasaron 20 por ciento de la inversión física total que se aprobó para adjudicación directa; en 22 de ellos comprometió importes superiores al monto máximo autorizado para este tipo de asignación, y suscribió 66 contratos por conducto de servidores públicos no facultados para ello.
Con la presentación de este informe la Contaduría finalizó el proceso de revisión de la Cuenta Pública de 1998, por lo que el paso siguiente será verificar que las recomendaciones sean atendidas por las instancias correspondientes.
Gastos en comunicación
En 1998, "la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) del Gobierno capitalino ejerció para los gastos de propaganda (partida 3601) 70 millones 111 mil pesos, si bien le fueron asignados para dicho rubro sólo 11 millones 34 mil pesos ", revela el Informe de Resultados sobre la Cuenta Pública de 1998 de la Contraloría Mayor de Hacienda de la ALDF.
La DGCS, se apunta, no atendió las recomendaciones contenidas en el decreto de presupuesto de egresos para 1998 en el sentido de "reducir al mínimo indispensable" los gastos de publicidad y de comunicación social, dado que 95 por ciento de lo erogado correspondió al pago de servicios de medios y empresas privadas, mientras el resto fue para medios de comunicación públicos.
El documento también hace hincapié en que la citada dirección llegó a incumplir algunas de las disposiciones jurídicas establecidas para la adjudicación y contratación de servicios; autorizó pagos anticipados sin exigir a los prestadores las garantías correspondientes dictadas en la normatividad e incluso erogó "montos superiores en un 15 por ciento a los estipulados originalmente, sin que existiera justificación para ello". Como ejemplo de esto último, indica que para el diseño, carteles y medios directos para informar sobre el primer informe de gobierno se pactó gastar un millón 429 mil pesos, pero al final se pagaron 235 mil pesos de más, y algo similar ocurrió con la difusión del primer salón de pintura Cinco Continentes y una Ciudad.
Además, el informe asienta que la DGCS "efectuó adquisiciones directas sin contar con la autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", como fue el caso de los 55 mil pesos que se pagaron a un proveedor por "cuatro inserciones del anuncio 'Te rendimos cuentas' en el número anual de la revista El Cuento".