DOMINGO 16 DE JULIO DE 2000
* Benefició a empresas y negocios privados en desmedro de Argentina, dice
Dictamina juez que es ilegal la deuda contraída por la dictadura
* Señala que el Congreso debe determinar la responsabilidad política de quienes endeudaron al país
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 15 de julio * En un inédito e histórico fallo, el juez federal Jorge Ballesteros dictaminó que la deuda externa que se contrajo entre 1976 y 1982, cuando Argentina era gobernada por una dictadura militar, es en parte ilegítima e ilegal pues surge en el marco de una asociación ilícita que buscó "beneficiar a empresas y negocios privados nacionales y extranjeros en desmedro de sociedades y empresas del Estado".
Aunque ha prescrito toda posibilidad de castigo a los responsables, el magistrado decidió que el Congreso es ahora el foro que determinará la responsabilidad política de quienes provocaron la fenomenal deuda de más de 140 mil millones de dólares.
Este dictamen es fruto del juicio empezado hace ya 18 años por el recientemente fallecido abogado Alejandro Olmos sobre la ilegalidad de la deuda externa, que se inició en principio solitariamente y luego acompañado por un grupo de personas que constituyeron el Foro de la Deuda Externa.
Entregó entonces documentación suficiente para que la justicia citara al ex ministro de Economía de la dictadura, Jorge Alfredo Martínez de Hoz, entre otros.
En sus presentaciones Martínez de Hoz, a quien llamaron Hood Robin porque "robaba a los pobres para darle a los ricos", admitió que desde 1978 el Banco Central incorporó "toda la deuda a menos de un año de plazo, incluso la comercial y contable, entre subsidiarias en el país de empresas internacionales y sus casas matrices", es decir, que en la deuda externa del sector privado se incluyeron las deudas internas de las multinacionales.
Jamás imaginó Olmos que, casi tres meses después de su muerte en abril pasado, su esfuerzo lograría un final simbólico.
En el caso también están involucrados el ex ministro de Economía de Carlos Menem y ex candidato presidencial por Acción por la República, Domingo Cavallo, y el actual titular de esa cartera, José Luis Machinea, quienes ocuparon cargos en el Banco Central durante la dictadura, que estatizó la deuda privada. Por ello, cuando llegó la difícil transición democrática en 1983, el Estado debía 45 mil millones de dólares, que hoy se han casi cuadriplicado.
Más allá del fallo simbólico, que decidió que se giren los antecedentes del caso a las cámaras de Diputados y Senadores para que decidan si crean comisiones de investigación, quedarán claros ante la población y ante el mundo los subterfugios que se usaron para estatizar la deuda privada y dejar comprometido al Estado argentino.
Ballesteros señaló, al enviar los datos al Congreso, que "el país fue puesto desde el 76 bajo la voluntad de acreedores externos", y que existe un vínculo entre "la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno, y el sacrificio del presupuesto nacional".
Consideró el magistrado que esto no podía ser ignorado por las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y añadió que la deuda resultó "groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante que puso de rodillas al país".
Para esto se incumplió con la carta orgánica del Banco Central y se cometieron una serie de "graves irregularidades", como el endeudamiento de las empresas públicas.
Por lo pronto, la dirigencia del ala rebelde de la Confederación General del Trabajo, que encabeza Hugo Moyano, convocó a una concentración frente al Congreso el próximo 26 de julio, para solicitar que una comisión bicameral estudie el caso y determine cuál es la deuda legítima y la ilegítima, así como las responsabilidades.
Esa movilización coincidirá con la gran marcha convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, dentro de su plan de lucha contra las medidas de ajuste del gobierno de la coalición Alianza del presiden- te Fernando de la Rúa.
Hablando con La Jornada, poco antes de su muerte, Olmos, un militante de izquierda que se enfrentó a todas las dictaduras, argumentaba que el Estado tiene armas suficientes para demostrar que "no debía pagar a los acreedores externos más que lo legítimamente contraído, que existía docu- mentación para accionar ante los tribunales del exterior y conocer los depósitos de recursos transferidos en perjuicio del país.
Además, "reclamar judicialmente la recuperación de fondos pagados por incumplimientos de empresas privadas en razón de avales otorgados en favor de las mismas, promover acciones indemnizatorias contra quienes en la función pública actuaron defraudando al pueblo y a las instituciones, y a los que en la actividad privada afectaron a la república".
El abogado también estimaba que se podía negociar con los organismos internacionales la "recomposición de sus compromisos con bancos y acreedores".
El juicio se prolongó todos estos años acumulando casi mil expedientes, y la voluntad de Olmos era aportar esta documentación para que se abra a la población.
"Mi trabajo tiene como destino al pueblo. Es una verdad que puedo comprobar fehacientemente. Sé que la deuda externa es un tema 'tabú' y por eso enfrento tantos obstáculos, y sé que se prolongó este juicio, pero queda la documentación para Argentina y para otros países donde alguien puede comenzar a hacer lo mismo. De esa manera demostraremos lo que hay de sucio y terrible debajo de esa alfombra, lo que hoy condena a nuestros pueblos a la pobreza y la exclusión masiva", dijo entonces.
Antes de morir, su casa fue asaltada en busca de documentos, pero él había logrado poner todo a resguardo, aunque los visitantes se llevaron algunos papeles.
El abogado vinculó ese asalto a servicios de informaciones o grupos de seguridad "en las sombras". Sus palabras suenan hoy más fuertes que lo que nunca imaginó este hombre, en momentos en que el país se ve enfrentado a una situación crítica porque el pago de los intereses de la deuda externa, que obliga a pagar unos 25 millones de dólares diarios sólo en intereses, ha disparado la deuda social a un punto límite.
El Estado argentino, por ejemplo, "paga más intereses de la deuda que salarios públicos. Por cada dólar que el gobierno paga en sueldos a la administración pública nacional, destina 1.5 pesos para la deuda.
La deuda equivale a 52 por ciento del "tamaño" de la economía nacional medida por su producto interno bruto, según analistas locales, que destacan que el país paga cada vez mayores tasas.
El endeudamiento sigue por varios frentes, incluso para pagar buena parte de intereses, lo que llevó a ajustes "sin anestesia" durante los 10 años del gobierno de Menem y a las medidas actuales de la Alianza, que incluye rebaja de salarios, resistidas por todo el arco gremial y que exponen al actual gobierno a una dramática situación.