MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2000

* Aún no "toca" a miembros de La Familia


Golpes aislados de Putin a "selecto grupo" de empresarios

* Continúa el choque con Gusinski; nuevo cateo a Media-Most

Juan Pablo Duch, corresponsal, Moscú, 11 de julio * Aunque son golpes aislados y el presidente Vladimir Putin no parece haberse fijado el propósito de acabar con toda la llamada oligarquía rusa, algunos de los miembros de este selecto grupo de empresarios, que hicieron fabulosas fortunas en los tiempos de Boris Yeltsin, están empezando a sentir los embates del nuevo inquilino del Kremlin.

La Procuraduría General y el FSB, servicio federal de seguridad, realizaron hoy nuevos registros en las sedes de tres de los más importantes consorcios rusos, en busca de documentos probatorios de presumibles irregularidades y abusos.

No obstante, la afanosa actividad desplegada por los investigadores, sin duda a instancias del Kremlin, contra algunas de las figuras más poderosas de la iniciativa privada, hasta el momento, no ha tocado a ninguno de los personajes que se asocian con la Familia, el círculo íntimo del ex presidente, que desempeñó un papel decisivo en el encumbramiento de Putin.

Por el contrario, siguen viento en popa los dudosos negocios de Boris Berezovsky, Roman Abramovich, Aleksandr Mamut y otros integrantes del clan. Se ha llegado al extremo de que la Fiscalía suiza encontró evidencias de sobornos y lavado de dinero de altos funcionarios de la administración de Yeltsin, en el escándalo de la constructora Mabetex, y la Procuraduría rusa no ha querido darse por enterada.

El principal sospechoso, Pavel Borodin, fue promovido por Putin como secretario ejecutivo de la amorfa Unión de Rusia y Bielorusia, cargo que le otorga inmunidad diplomática, si bien es poco probable que se arriesgue a poner un pie en Suiza.

Los detractores del actual procurador general, Vladimir Ustinov, atribuyen su "extraña" posición respecto del caso Mabetex no sólo a que fue impuesto en el cargo por la Familia, sino a que ųafirmanų recibió como premio un departamento de más 600 mil dólares.

Por lo pronto, el más castigado sigue siendo Vladimir Gusinski, dueño del grupo de prensa Media-Most, cuyas oficinas fueron de nuevo cateadas por la procuraduría y el FSB, así como las sedes del canal de televisión NTV y la emisora Ejo Moskvy pertenecientes al holding.

La incautación de documentos de carácter financiero se realizó sin el lujo de violencia que marcó el primer registro, el pasado 11 de mayo, y que sirvió de base para el encarcelamiento de Gusinski, puesto en libertad condicional tras un sonado escándalo.

Esta vez, parece que el motivo no fue la privatización de Russkoye Video, sino su relación con Gazprom, el monopolio estatal del gas, que posee 30 por ciento del consorcio de Gusinski.

Al menos la procuraduría llevó a cabo un cateo simultáneo en las oficinas de Gazprom, que ha actuado como garante de dos créditos por unos 400 millones de dólares. Es probable que el Kremlin esté tratando de encontrar algún fundamento legal para que Gazprom no asuma el pago de los 170 millones, que vencen a fines del presente mes.

En medio del frontal choque con Gusinski, la procuraduría realizó un cateo en la compañía petrolera LUKOIL, competidora de Sibneft bajo control de Abramovich y Berezovsky, y decidió abrir un proceso penal contra sus principales ejecu- tivos, incluido el presidente de la compañía, Vaguit Alekperov, asiduo de importantes oficinas en el Kremlin, hasta hace poco.

Se presume que Alekperov y sus principales socios cometieron evasión fiscal mediante operaciones fraudulentas de 1996 a 1999, a pesar de que en mayo pasado el ministro de Recaudación Fiscal de Rusia, Aleksandr Bukayev, concedió a LUKOIL el premio al "Contribuyente Honesto".

Lo tragicómico del caso es que LUKOIL es la mayor extractora rusa de crudo y el Gobierno ųtodavía poseedor de 26.2 por ciento de sus accionesų tiene previsto colocar en el mercado internacional otro paquete accionario equivalente a 4.5 por ciento, en agosto próximo. Apenas se conoció la noticia del cateo, las acciones de LUKOIL perdieron más de 6 por ciento de su valor, situándose en 12.60 dólares.

Y, por último, de un modo poco ortodoxo, la procuraduría manifestó su desacuerdo con la reciente decisión de una Corte de declarar improcedente la revisión del proceso de privatización de Norilski Níquel, una de las empresas productoras del preciado metal más importantes a nivel mundial.

Se asegura que el actual presidente del consorcio InterRos, Vladimir Potanin, adquirió 38 por ciento de las acciones de Norilski Níquel a un precio mucho más bajo que su valor real en el mercado. Coludido con altos funcionarios del gobierno de Yeltsin, Potanin, que después sería incluso viceprimer ministro, pagó 170 millones de dólares y no el precio verdadero de 310 millones, según los expertos de la procuraduría.

Ahora, el procurador general adjunto no encontró nada mejor que proponer a Potanin, mediante una carta que la televisión de Gusinski no tardó en calificar de "extorsión del Estado", la entrega voluntaria de los faltantes 140 millones de dólares. A cambio, la procuraduría ofrece olvidarse de él y no abrir ningún proceso penal en su contra.

Potanin, en la misma forma epistolar, rechazó el "chantaje y las presiones", y reviró la propuesta al sostener que "no hubo ninguna irregularidad en la privatización y, si la procuraduría mantiene otra opinión, podemos dirimir nuestras diferencias en una Corte".