MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2000
* Los asaltantes del regimiento La Tablada exigen la revisión de sus casos
Hospitalizan a ocho presos tras 44 días de ayuno
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 11 de julio * La hospitalización de ocho presos por el asalto al cuartel La Tablada y la propuesta de los militares de conformar una mesa de diálogo con representantes de organismos humanitarios para esclarecer el destino de los miles de desaparecidos, pusieron hoy el tema de la justicia en Argentina en el tapete.
La organización Familiares y Amigos de los Presos Políticos de La Tablada solicitó esta noche la "urgente intermediación" de la Iglesia católica ante el gobierno, después que ocho de los 13 detenidos que realizan una huelga de hambre desde hace 44 días fueron internados en el hospital penitenciario de la cárcel de Villa Devoto.
Carlos Motto, Claudio Rodríguez, Miguel Aguirre, Gustavo Mesutti, Luis Díaz, José Moreira, Sergio Paz y Claudio Rodríguez sufrieron cuadros de descompensación, aunque estarían fuera de peligro.
Se estima que el intenso frío que se abate sobre este país --con seis grados bajo cero de sensación térmica registrados hoy en esta capital-- agravó el estado de salud de los huelguistas y disparó el temor de los familiares por la suerte del resto.
El 23 de enero de 1989 un grupo de integrantes del Movimiento Todos por la Patria, encabezados por el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, coparon el regimiento militar La Tablada con saldo de 39 muertos, 200 heridos y tres de los atacantes, que se habían rendido, desaparecidos.
Mientras Gorriarán Merlo y su esposa huyeron al extranjero, los sobrevivientes de la cruenta acción fueron condenados bajo la ley de defensa de la democracia en un juicio objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), porque no pudieron apelar.
Además, los presos denunciaron haber sufrido torturas, mientras que nada se supo de los tres desaparecidos.
El de los presos de La Tablada es otro de los problemas que le heredó el ex presidente Carlos Menem al gobierno de la socialdemócrata Alianza, pero el ahora opositor Partido Justicialista retrasa el tratamiento de una ley que podría dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH en el caso y permitir la libertad o un nuevo juicio para los detenidos.
También se oponen a la liberación las madres de los soldados muertos en el cruento copamiento, entre ellos jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio.
A principios de este mes, el gobierno de Fernando de la Rúa ratificó ante la CIDH que no indultará ni conmutará las penas, aunque se pronunció a favor de "adecuar las leyes" a los requerimientos internacionales, en el sentido de que se permita la apelación en este caso.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, por su parte, expresó este martes su preocupación por la huelga de hambre de los detenidos, y dijo en una declaración que "el valor sagrado de la vida sólo pertenece a Dios, a quien ruega no permita llegar a situaciones irreversibles".
Por lo pronto, el tema de los presos de La Tablada no ha logrado instalarse con fuerza, cuando ya comenzó un debate por el proyecto del ejército de crear una mesa de diálogo entre militares y representantes de organizaciones de derechos humanos para esclarecer el destino de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
De la Rúa, quien hoy admitió que la situación social es grave y que el desempleo podría sobrepasar el 15 por ciento, consideró esta tarde "importante" realizar todo tipo de esfuerzo en busca de la verdad y la justicia, "pero eso depende de la voluntad de todas las partes".
El ministro del Interior, Federico Storani, puso como "buen ejemplo" a Chile, en alusión a la mesa de diálogo creada en agosto entre militares y abogados de familiares de las víctimas de la dictadura pinochetista.
Pero los organismos de derechos humanos interpretaron la propuesta como un intento por proteger a militares detenidos por negarse a declarar en los llamados "juicios de la verdad", en los que se busca información sobre los desaparecidos, y a militares detenidos por el robo de bebés nacidos en campos clandestinos de detención.
Aunque leyes de amnistía e indulto dictadas tras el regreso de la democracia liberaron a militares de ser condenados por graves violaciones a los derechos humanos, entonces no se había considerado el delito de robo de niños, que no prescribe.