MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2000
* Interviene la fuerza pública para desbloquear accesos de la DGT
Protestan dantes; hay cinco lesionados
* Se inconforman por que fueron reasignados a paraderos * Suspenden labores en oficinas
Laura Gómez Flores * Las autoridades capitalinas solicitaron ayer la intervención de la fuerza pública para abrir los accesos de la Dirección General de Transporte, que por siete horas fueron bloqueados por unos 80 inspectores, que se manifestaron en contra de su reasignación a paraderos, con un saldo de cinco lesionados y la paralización de labores en las oficinas ubicadas en Popotla y Alvaro Obregón.
El director de Transporte, Héctor García Nieto, explicó que ante los daños causados al inmueble de la colonia Roma, la vialidad, las agresiones registradas entre trabajadores y elementos de Seguridad Pública, y la interrupción del servicio, se levantó una averiguación previa a fin de que se deslinden responsabilidades.
La utilización de la fuerza pública en este caso fue justificada, pero, de ninguna manera, será la política a seguir en el futuro, pues "no podemos permitir que un grupo, del tamaño que sea, nos trastoque todo el funcionamiento del sector, cuando hemos mantenido el diálogo para solucionar sus requerimientos", precisó el oficial mayor, Porfirio Barbosa.
Sin embargo, en todos los casos, se procederá conforme a derecho: si faltaron a sus labores serán sancionados administrativamente, pero si reinciden o incurren en acciones fuera del marco de la ley, se les podría rescindir su contrato, debido a que el gobierno tiene la facultad de rotar el personal sindicalizado, para mejorar los servicios a la ciudadanía.
Aclaró que las acciones de autoridad no se delegarán, por lo que continuarán los programas administrativos puestos en marcha, que consideran la reasignación de personal a otras áreas, con pleno respeto a sus prerrogativas laborales, de antigüedad, jornadas de trabajo, salarios o vacaciones, sin que exista un trasfondo político.
En entrevista por separado, el titular de la DGT explicó que como parte del proceso de restructuración de la Secretaría de Transporte y la descentralización de funciones se trasladaron algunas funciones a las delegaciones políticas, como la expedición de licencias, o al Instituto del Taxi todo lo relacionado con la prestación de este servicio individual.
Ante ello, se firmó el pasado 11 de mayo un convenio con los secretarios general de la sección 23, José Luis Lechuga, y de la 28, Mauricio González Rivera, para que los 231 inspectores o dantes fueran reasignados entre la dirección, donde quedaron 60; el instituto, con 60; y en los paraderos, 111.
De esta manera, se evitó que las acciones precedentes se vieran que eran con dolo, engaño o mala fe con miras a la privatización del sector transporte o en detrimento de los trabajadores, pues conservarán sus prestaciones, derechos adquiridos y respeto a sus horarios de trabajo, vacaciones y salarios, entre otras cosas.
El funcionario mencionó que, aprovechando la firma del convenio y el malestar causado entre los empleados, utilizaron un problema intersindical para desacreditar el cambio de dirigencia en la sección 23 y a las autoridades capitalinas ante los ojos de la ciudadanía, que no pudo realizar trámites en las oficinas ubicadas en Popotla y Alvaro Obregón 269, colonia Roma.
A las 12:30 horas arribaron a este último lugar granaderos, con el objetivo de liberar los accesos. Los trabajadores empezaron a lanzarles objetos y los policías a repeler la agresión, donde resultaron lesionados el reportero gráfico Rosalío Guízar, el granadero Rolando Leyva y los trabajadores Armando Trejo, Ricardo Araujo y Roberto Mondragón.