MARTES 11 DE JULIO DE 2000

* Anuncian acciones contra funcionarios de Hacienda y la Comisión Bancaria

Ahorradores defraudados hablarán con Vicente Fox la próxima semana

* Sugieren que se indague si hubo traslado de recursos de cajas a la campaña de Labastida Ochoa

Alonso Urrutia * Tras una reunión de trabajo con diputados de oposición, representantes del Consejo Nacional de Ahorradores acordaron un encuentro la próxima semana con el virtual presidente electo, Vicente Fox; la realización de una marcha nacional el 24 de julio en demanda de que se les retribuya el dinero que invirtieron en las cajas de ahorro, y emplazar a la actual administración para que los pagos comiencen a efectuarse a partir del primero de agosto.

Los diputados Eduardo Mendoza, del PAN, y Marcelo Ebrard, del Centro Democrático, aseveraron que promoverán acciones legales contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda toda vez que en torno al manejo dado a las cajas de ahorro, existen indicios de responsabilidades, ya sea por omisión en sus funciones, e incluso por filtración de informes privilegiados a gente vinculada a Cirilo Ocampo Verdugo, lo que permitió que se llevaran a cabo operaciones para sacar el dinero de los ahorradores.

Ante la intención del actual gobierno de heredar este problema ųque constituye un quebranto de 5 mil millones de pesosų a la próxima administración, argumentaron que pidieron a quien ha fungido como enlace con Vicente Fox, el senador Rodolfo Elizondo, para que el asunto sea incluido en la mesa de transición y el gobierno de Ernesto Zedillo asuma su responsabilidad, y sugirieron que el legislativo investigará si hubo recursos trasladados a la campaña de Francisco Labastida.

En la reunión, los ahorradores rechazaron la reciente propuesta del Ejecutivo de crear un fidecomiso privado a través de Nacional Financiera y aguardar a que avancen las investigaciones en torno a las cuentas de Ocampo Verdugo, para determinar qué habrá de pasar con esos bienes. Todo ello, en un plazo de 60 días, que permita desahogar también las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre lavado de dinero.

Mendoza dijo que dadas las irregularidades registradas en las operaciones de las cajas de ahorro, promoverán un juicio político contra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández, por omisión en sus funciones de vigilancia de operaciones bancarias, entre otras responsabilidades.

Para Ebrard, sin embargo, el asunto se ha complicado por las irregularidades que han comenzado a aflorar y en las que estarían involucrados funcionarios de alto nivel de áreas financieras. Es claro que hoy no basta sólo con conseguir el dinero para subsanar el quebranto a los ahorradores, sino investigar responsabilidades que podrían ser de orden incluso penal por filtrar información.

Marcelo Ebrard enumeró una serie de irregularidades que han surgido a pesar de que el gobierno se ha cerrado a dar cualquier tipo de información:

"ƑPor qué hasta ahora nos dicen que los bienes incautados sólo tienen un valor de 10 o 15 por ciento del total del quebranto que asciende a 5 mil millones de pesos? ƑCómo es que algunas personas sí fueron advertidas de que se iban a incautar los recursos de estas cajas con lo que con toda anticipación pudieron realizar movimientos para salvar sus recursos? ƑQuién dio la orden de que una cuenta de cheques fuera descongelada durante 24 horas, con lo que pudieron salir recursos que pudieron incluso ir a dar a la campaña de Francisco Labastida Ochoa?".

Entrevistado al término de la reunión, Ebrard consideró que la propuesta del Ejecutivo es "torpe" y pretende dividir al movimiento de ahorradores, así como encubrir irregularidades de funcionarios. Comentó que si el Ejecutivo pretende financiar la liquidación de parte de los adeudos de los ahorradores con una línea de crédito, el quebranto por la operación de estas cajas será aun mayor.

Subrayó que hay un cambio de posición que ha tenido el gobierno, de pasar de señalar que es un problema de particulares a asumir implícitamente que es un problema social. Pero en el fondo, se pretende dar largas a la solución para heredarlo al próximo gobierno.