LUNES 10 DE JULIO DE 2000

Ť El Consejo de la Judicatura busca consolidar su autonomía


Se indaga a 14 magistrados y jueces federales por negligencia y corrupción

Ť Algunos casos están relacionados indirectamente con el narcotráfico, aseguran fuentes

Jesús Aranda Ť El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga por actos de corrupción, incapacidad o negligencia a catorce magistrados y jueces del ámbito federal, revelaron fuentes del propio consejo.

Como parte de la nueva dinámica en que se ha involucrado el CJF, destaca el interés de los consejeros por consolidar la autonomía e independencia, con el apoyo de una Contraloría Interna del Poder Judicial Federal (PJF) que está facultada para verificar en los registros públicos de la propiedad y otros registros veraces las declaraciones patrimoniales de jueces y magistrados, para detectar irregularidades en la conducta de éstos.

Al mismo tiempo, y como una forma de "cerrar la pinza" en la tarea de contar con jueces que tengan una total autonomía e independencia, además de que ocupen su cargo por méritos propios, el CJF concluyó hace unas semanas el primer concurso de oposición para el cargo de juez de distrito en el que participó personal externo del Poder Judicial Federal, en el cual resultaron elegidos tres juristas ''externos'' y 47 secretarios de la Suprema Corte, Juzgados de Distrito y Tribunales.

De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, los 14 jueces y magistrados son investigados actualmente por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, negligencia e ineptitud manifiesta en su trabajo.

Según los datos obtenidos, de acuerdo con las indagaciones, aún no hay elementos para sospechar de que los juzgadores relacionados en actos ilícitos se hayan involucrado en el narcotráfico.

Sin embargo, cabe señalar que en tres de los asuntos más publicitados de destituciones de miembros del PJF tuvo que ver, aunque fuera de manera indirecta, el tráfico de drogas.

En este sentido, destaca el caso del ex magistrado Nicandro Martínez López -quien fue investigado después de que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una queja en su contra por hacer concedido un amparo que dejó libre a Adán Amezcua-, a quien además el CJF descubrió una serie de propiedades en Michoacán que no formaban parte de sus declaraciones patrimoniales, lo que originó la sospecha de los consejeros, quienes ordenaron su destitución y dieron vista a la PGR. Actualmente, el ex magistrado se encuentra prófugo de la justicia.

Por otro lado, hace unos meses, el CJF destituyó y fincó proceso penal contra un actuario y otro funcionario de un juzgado capitalino, quienes le dieron el ''pitazo'' a abogados de Amado Carrillo, cuando aquéllos tuvieron conocimiento de que la PGR había solicitado órdenes de cateo para unas propiedades del presunto narco.

En Baja California, una secretaria en funciones de juez y su secretaria, también fueron destituidas y consignadas por tener relaciones con abogados de presuntos narcotraficantes, lo cual motivó una investigación del CJF.

De acuerdo con versiones de personal de primer nivel del PJF, en materia de corrupción queda aún mucho por hacer, pero para ellos lo que más cuenta es la decisión de atacar a lo que llaman ''negritos en el arroz''.

En este contexto, el consejero Manuel Barquín explicó la importancia que tiene el que el PJF cuente con una contraloría autónoma, que no está sometida ni a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), ni al sistema de administración pública federal que depende del Ejecutivo.

De acuerdo con sus funciones, ésta contraloría puede verificar con los registros públicos de la propiedad y otros registros que sean veraces, las declaraciones patrimoniales. Este mecanismo, dijo, se ha utilizado en casos en los que hay duda, porque hay investigaciones de funcionarios judiciales en los que se ha descubierto que las declaraciones patrimoniales ''o tienen errores o han omitido bienes inmuebles''.

Ante esta situación, señaló Barquín, destaca la necesidad de ''mantener la fiscalización permanente'' a través de una comisión de investigación del consejo que encabeza su compañero Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Carrera judicial

De acuerdo con el consejero José Guadalupe Torres Morales, la importancia de este concurso radica no sólo en que se permitió la entrada a ''personal de excelencia'' al PJF, sino que se avanzó en la consolidación de una verdadera carrera judicial en la que, antes de llegar a los escalones superiores -jueces y magistrados-, recorran una serie de cargos y obligaciones, desde actuarios hasta secretarios de juzgados y tribunales para que tengan una formación más profesional.

Pero además, este último concurso terminó con una ''vieja tradición'' del PJF que consistía en que la inmensa mayoría de los jueces de distrito venían de ser secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Antes de la reforma constitucional de 1994, el pleno de ministros proponía y nombraba a los jueces; mientras que ya después de 1995, los concursos de oposición eran exclusivamente para secretarios de la Corte, dejando de lado a los de juzgados y tribunales.

Con este concurso, Guillermo Vázquez Martínez, secretario de un tribunal de circuito con sede en Querétaro, tuvo la oportunidad de competir con secretarios de la Corte y resultó ser uno de los nuevos 50 jueces de distrito que asumirán sus funciones en los próximos días.

Con consejeros consultados, la importancia de este concurso radica no sólo en permitir la entrada de ''personal de excelencia'' a los juzgados y tribunales

Para el consejero Torres Morales, el antiguo sistema de selección de jueces y magistrados -en el que intervenían exclusivamente los ministros de la Corte-, ''se justificó en su momento'', era un sistema que funcionaba bien en aquella época en la que no eran muchos los órganos del PJF, cuando los ministros tenían la oportunidad de conocer bien a sus secretarios de Estudio y Cuenta. Pero, ante la gran expansión del PJF sí es innegable que ya se necesita otro sistema más moderno que responda a las exigencias actuales de una República democrática.