PARABOLA
Aquí no ha pasado nada
Ť La corrupción superó la ficción
Ť Emilio Lomas M. Ť
El sexenio zedillista está por concluir y pronto la transición de un gobierno a otro habrá de realizarse de manera ordenada y transparente, al menos ese es el deseo del aún presidente Ernesto Zedillo. Pero para que esta buena intención rebase el plano retórico y se convierta en una realidad, es preciso que las partes en juego ventilen la situación en que se encuentran actualmente las distintas estructuras que integran el aparato gubernamental.
La Secretaría de la Contraloría, al mando de Arsenio Farell Cubillas, quien por cierto se convirtió en el secretario más deslucido por su poca actividad, será el encargado de coordinar el proceso de transición y de entregar al gobierno panista por instrucciones del primer mandatario. Al respecto, la cuestión es latente: ƑQué cuentas entregará Farell Cubillas de aquellas dependencias en las que se han tejido grandes cadenas de complicidades y de corruptelas inimaginables y de las que el contralor federal no ha dado cuenta?
ƑQué dirá el contralor de la Secretaría de la Reforma Agraria en la que en los últimos años se llevó a cabo un proceso de desmantelamiento, cuya característica fue la irregularidad en el inventario de bienes de la secretaría y de la cual tuvo conocimiento a través de la denuncia presentada por un ex trabajador de la propia dependencia? Baste enumerar un caso, a modo de parábola frente a la próxima transición, entre el raudal que exige aquella transparencia tan mentada por el jefe del Ejecutivo.
Guillermo Marú Moreno, quien laboró en la contraloría interna de la Secretaría de la Reforma Agraria de julio de 1998 a diciembre de 1999, informó al contralor Arsenio Farell desde enero de este año, sobre diversas irregularidades al interior de esa dependencia: control inadecuado de los bienes de activo fijo que daban cuenta de 5 mil 400 objetos faltantes (vehículos, equipos de cómputo, de medición, mobiliario y equipo de oficina), 7 mil 400 bienes donados sin apegarse a las normas; falta de oportunidad en la entrega de viáticos a los auditores y personal comisionado; venta de vehículos, propiedad de la SRA, a precios subvaluados; carencia de manuales de organización actualizados; utilización de vehículos, vales de gasolina y gastos de reparación y mantenimiento en la contraloría no apegados a las normas; y uso de recursos para fines distintos a los de la dependencia, entre otras.
A la queja de Marú Moreno la Secodam respondió con un ir y venir de oficios en los que respondió con evasivas, a veces argumentando que de la queja de Marú no se desprendía ningún delito que perseguir, y otras limitando la intervención del quejoso en el proceso de la denuncia.
La actuación de la Secodam durante tres meses sólo se concentró en dictar una "amonestación privada" a Gonzalo Reyes Flores, subcontralor interno, ante la denuncia de que él, junto con varios auditores incorporaron en sus comprobaciones de viáticos un acumulado de 120 mil pesos de facturas falsas, lo que se trató de una grave irregularidad que implicó fraude, pero que el contralor, y ahora encargado de la transición a través de la entrega de los libros blancos de la federación, no apreció como tal.
Pero no sólo la Contraloría desestimó las denuncias de irregularidades al interior de la SRA, la Cámara de Diputados y, particularmente, las comisiones de Vigilancia, de Reforma Agraria, y de Información, Gestoría y Quejas, fueron informadas sobre este caso y hasta ahora su actividad consistió en publicar la denuncia en la Gazeta Oficial de la Cámara. Por supuesto, de este asunto también se enteraron tanto Arturo Warman y Eduardo Robledo y, nada.
Melée
El colmo de este caso es que mientras los servidores públicos están apresurados preparándose para la transición (empacando maletas con cualquier indicio que pudiera delatar su "transparente" labor al frente de las dependencias públicas), el único que corre el riesgo de ser enjuiciado es el ex trabajador del SRA, quien a causa de la omisión de las autoridades para investigar su denuncia y de una legislación paradójica puede ser acusado de sustraer información oficial y revelar "secretos" como servidor público, lo que de acuerdo con el Código Penal constituye un delito, además de estar violando la Ley Federal de Responsabilidades. También puede ser acusado por difamación, calumnias y daño moral.