LUNES 10 DE JULIO DE 2000

Ť Jerarcas castrenses volverán a enfrentar juicios

Se abren esperanzas para las Abuelas de Plaza de Mayo

Ť Admiten la "renovación constante" de obstáculos para saber la verdad

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 9 de julio Ť Ligeras esperanzas se abren para familiares de desaparecidos y las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscan a alrededor de 400 niños nacidos en cautiverio (269 casos presentados judicialmente) y robados por los militares de la pasada dictadura(1976-1983). La Cámara Federal decidió, el pasado 7 de julio, que varios jerarcas militares deberán enfrentar juicios orales ante el juez Adolfo Bagnasco.

Después de 15 años, muchos de estos militares volverían a los estrados en los que fueron condenados a cadena perpetua para ser indultados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem. Otros de los que enfrentarán de nuevo a la justicia fueron liberados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, decretadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, actualmente derogadas pero que no admiten retroactividad.

Algunos de los jefes militares acusados por robo de niños -la mayoría bajo arresto domiciliario- integraron las sucesivas juntas gobernantes, como el contralmirante Emilio Massera, y el ex dictador Reynaldo Bignone, no podrán escapar del pasado al igual que el general Guillermo Suárez Mason, reclamado por la justicia de Italia y otros países y apodado el Tigre de la Armada, así como el ex capitán Jorge Acosta.

El delito de robo de niños no prescribe. Recientemente un ex militar extranjero que conoció intimidades de la dictadura local, dijo -como fuente reservada- a La Jornada que la sistematización del robo de niños fue un proyecto de la Marina que se extendió al contar con mayor colaboración de algunos jefes del ejército y grupos de ultraderecha locales y de otros países.

En estos días se dejaron oír aquí nuevos "ruidos militares" que podrían paralizar la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca (en el sur del país) donde se siguen estos juicios, debido a "la queja" del teniente coronel Julio Oscar Corres, quien fue acusado de prestara falso testimonio.

Los obstáculos para conocer la verdad se renuevan periódicamente. El pasado 4 de julio, el jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, sancionó con una semana de arresto domiciliario al general Genaro Díaz Bessone, responsable directo en crímenes durante la dictadura, cuando éste decidió, junto con otros 503 colegas, expulsar del Círculo Militar al general Martín Balza, quien fuera jefe del ejército hasta fines de 1999. Balza realizó una autocrítica pública en 1995 y pidió perdón por las acciones de terrorismo de Estado de la dictadura, lo que le valió amenazas, bombas y daños a sus bienes.

Balza recordó a este diario que hay 18 mil hombres en el ejército que, con excepción de 504, todos ellos retirados, mantienen la misma posición autocrítica. Díaz Bessone fue castigado ya en marzo pasado con un arresto de 30 días, consecuencia de la difusión de una carta agraviante que envió a Balza. Entre los conjurados en el Círculo Militar estaban represores de la talla de Luciano Benjamín Menéndez, quien fue jefe del tercer cuerpo de Ejército, y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Organismos humanitarios, por otro lado, manifestaron su descontento tras conocerse la reciente puesta en libertad de Leandro Sánchez Reisse, (conocido en tiempos de la dictadura como Leny), ex agente de inteligencia del régimen militar, así como de la CIA y el FBI estadunidenses. También colaboró en el apoyo a los contras en la guerra mercenaria contra Nicaragua en los años 80.

Acusado de crímenes diversos como son el lavado de dinero y bienes procedentes de los "botines de guerra" de los militares durante la pasada dictadura y de los secuestros a los que se dedicaron los mismos grupos de tarea de los tiempos del terror, Sánchez Reisse fue absuelto del cargo de liderar una banda que secuestró al empresario Fernando Combal, en 1979.

En 1987 Leny fue interrogado por una Subcomisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, ante la que confirmó su colaboración con la dictadura y habló sobre las empresas abiertas en otros países para encubrir actividades en América Latina y, sobre todo, en Centroamérica. Confesó haber manejado más de 30 millones de dólares para financiar a los contras. Sánchez Reisse también está siendo investigado por sus vínculos con la Operación Cóndor. Su libertad fue juzgada como "un nuevo acto de impunidad" por el empresario Combal.