DOMINGO 9 DE JULIO DE 2000

* José Antonio Rojas Nieto *

Iniciativa privada y propiedad

Empieza a dejarse sentir la presión ųsobre todo de los organismos empresarialesų para que el futuro presidente impulse desde ahora algunas de las acciones o de las reformas pendientes, alentadas por el Ernesto Zedillo. Es el caso de la venta de las plantas petroquímicas, pero también de la reforma eléctrica. No es revelar ningún secreto decir que el PAN siempre ha considerado que tanto la industria petrolera como la eléctrica deben estar en manos privadas y que, en todo caso, se podría considerar que el Estado siguiera conservando exclusivamente el control de la exploración y explotación primaria de petróleo, aunque se podría prescindir de dicho control si esas actividades se sometieran a estrictos gravámenes fiscales como acontece en muchas regiones del mundo. La plataforma doctrinaria del PAN explica por qué este partido no se manifestó con entusiasmo tanto en el caso de la fracasada venta de las plantas petroquímicas, como en el primer intento de cambiar los artículos 23 y 27 de la Constitución para reformar la industria eléctrica. En ambos casos el partido azul ha considerado tibias y limitadas las acciones impulsadas por el partido todavía en el gobierno y ųsegún se percibía entre legisladores panistas durante la discusión de la reforma eléctricaų esperaría mejores tiempos para impulsar cambios en la Constitución y realizar una reforma mucho más radical en todo el sector energético. Esos tiempos parecen estar llegando.

Nadie puede llamarse a engaño en cuanto a la concepción panista en este caso y en muchos otros. Basta leer algunos de sus Principios de Doctrina aprobados por su Asamblea Constituyente en sus sesiones del 15 y 16 de septiembre de 1939 o de su Proyección aprobada en mayo de 1965, como aquellos sobre la Iniciativa (No. 8), la Propiedad (No. 9) y la Economía (No. 11), en los que se asegura que la iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social y que el Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. Ahí mismo se indica que la propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona, y también que en donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar, ni desplazar esa iniciativa. Ahora bien, en ellos también se afirma que el Estado tiene el deber de velar por que los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté constantemente subordinada al bien común; aunque, asimismo, que el Estado tiene autoridad no propiedad en la economía nacional, por lo que debe urgir y ordenar las actividades para que se tenga firmeza, prosperidad, estabilidad y fecundidad en la economía nacional y, en todo caso, corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan y evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la Nación.

Estamos frente a una concepción clara que se orienta a un Estado adelgazado al máximo, con mínima o nula participación en la economía: un Estado árbitro, un Estado regulador. Una concepción sin propiedad nacional, es decir, sin artículos 27 y 28 de la Constitución o acaso con una reducción al fomento del aprovechamiento de los recursos naturales y al estímulo y coordinación para evitar injusticias. En este marco no sería incoherente ni la venta de Pemex, ni la de la Comisión Federal de Electricidad.

Acaso la única ventaja que se pudiera tener al enfrentar una iniciativa en dicho sentido es que muy probablemente se consultaría a la nación, a diferencia de lo que nos tenía acostumbrados el partido oficial, que madrugaba, daba albazos, hacía trampas, compraba votos, para decir lo menos. Entre los Principios de Doctrina del PAN algunos que pudieran confirmarlo, justamente el No. 1 (Nación) de los originales y del No. 11 (Economía) de la Proyección de 1965. En el primero se asegura que la nación es una realidad viva y que el interés nacional es preeminente y de él derivan o en él concurren todos los intereses parciales; según este principio a la nación corresponde definir y defender lo que la vigoriza, lo que la una, lo que la fortalezca, lo que la independice; también se dice que el Estado, como sociedad política, requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, para lo cual debe haber discusión y diálogo con la sociedad, entre los diversos grupos políticos y entre ellos y el gobierno, entre otras cosas ųcomo se señala en el segundoų sobre la conveniencia y los límites de la intervención económica del Estado, siempre dependiente ųPAN dixitų de las exigencias del bien común.

Todo esto permite comprender que quienes defendemos la propiedad nacional originaria de los recursos naturales y el control estatal de las industrias estratégicas como la eléctrica, tendremos en un futuro próximo un debate acaso más intenso que el del año pasado, pero muy probablemente ųesperamosų, más abierto, más amplio, sin trampas, sin engaños, sin reprimendas, sin autoritarismo. Ya lo veremos.