VIERNES 30 DE JUNIO DE 2000

* La PFP actuará sólo a petición de la autoridad

Carrasco asegura que habrá unas elecciones sin focos rojos

* Llama a acatar las decisiones de los responsables de los comicios

Ciro Pérez, Jesús Aranda y José Antonio Román * El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró ayer que el clima de tranquilidad social y de estabilidad económica que vive el país garantiza un proceso electoral con certidumbre y sin focos rojos. Todos los mexicanos, dijo, podrán acudir a las urnas en un ambiente de libertad y de apego a la ley.

Interrogado sobre el papel que habrá de jugar la Policía Federal Preventiva (PFP) durante la jornada electoral, el funcionario precisó que ésta permanecerá "atenta" para el cumplimiento de sus responsabilidades y que actuará únicamente "ante demanda expresa de las autoridades".

Carrasco Altamirano fue entrevistado por la mañana en el Castillo de Chapultepec, antes de que los presidentes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras firmaran un acuerdo de libre comercio. Insistió en que en vísperas de las elecciones federales, "tenemos un clima social y político de estabilidad, tranquilidad, de paz y de trabajo", que permitirá concretar la contribución ciudadana "en el fortalecimiento de este proceso democrático intenso que estamos viviendo en el país".

Aseguró que no se hace necesario firmar con los partidos políticos un pacto de civilidad, pues es importante que todos tengan claro que las reglas del juego, las reglas de la democracia, las normas que tiene quien conduce el proceso "se respeten, ese es nuestro mejor acuerdo político", enfatizó.

Más tarde, en la firma de un convenio de colaboración sobre archivos históricos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Carrasco señaló que los ciudadanos tienen la "certeza absoluta" de que el Poder Judicial de la Federación, mediante el Tribunal Electoral sabrá cumplir su responsabilidad histórica como intérprete máximo de la Constitución en este momento electoral.

Ante el presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, María de los Angeles Moreno, así como ministros, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, el responsable de la política interna del país dijo que el voto libre, secreto y universal es hoy en México la única fuente de legitimidad democrática del poder y de la representación popular, en el marco estricto de un conjunto de normas que regulan los derechos y deberes recíprocos de todos los protagonistas de la democracia.

Señaló que la función del Poder Judicial Federal adquiere particular reconocimiento en la etapa actual de la historia de México, en que estamos culminando una reforma democrática singular, a través de un proceso electoral apegado a las normas que en épocas recientes lograron obtener el consenso de todos los partidos políticos.

"Existe entre nosotros y entre todos los ciudadanos del país, confianza plena en la vigencia del estado de derecho y en la acción del Instituto Federal Electoral, que garantizan la transparencia, la certidumbre, la legalidad y la legitimidad en los procesos electorales", dijo Carrasco, durante el acto en el antiguo penal de Lecumberri, transformado desde hace 20 años en el Archivo General de la Nación (AGN).

Afirmó que a todos los mexicanos corresponde ahora respetar el mandato de las normas electorales, acatar las decisiones que deriven de los votos libremente emitidos y de los órganos a quienes se ha confiado la responsabilidad de los comicios.

Dijo que en su momento, el Poder Judicial, a través del tribunal, integrado también por mexicanos y juristas excelentes, dictará, en última instancia, el derecho. A esa decisión habremos de atenernos; sólo así podremos aspirar a niveles más avanzados de justicia, civilización y progreso.

Explicó que mediante el convenio firmado se reintegrará a la SCJN un acervo documental que le pertenece y del que por muchos años ha sido depositario el AGN, para lo cual la Corte creó el Centro de Documentación y Análisis, que contribuirá a fomentar la investigación, la difusión de la cultura jurídica y la función trascendental que corresponde al sector de la administración de justicia en un estado de derecho.