VIERNES 30 DE JUNIO DE 2000
* Juristas presentan la querella 126 contra Pinochet
La marina, optimista en tarea de encontrar a desaparecidos
* En estricto secreto, la búsqueda de cuerpos, dice jefe del ejército
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 29 de junio * Existen grandes posibilidades "de éxito" para "encontrar" a los detenidos desaparecidos de la represión perpetrada por la pasada dictadura, aseguró hoy el jefe de la armada, almirante Patricio Arancibia.
"Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esto tenga un resultado positivo, porque hemos comprometido nuestras instituciones y nuestro accionar en ese sentido", dijo al referirse al compromiso de la mesa de diálogo cívico-militar recientemente pactada.
Arancibia fue uno de los promotores de la idea de crear un grupo especial para solucionar el problema de los derechos humanos, por lo que considera que la reforma aprobada por el Congreso sobre esta herida que divide a Chile va a crear las condiciones para obtener los datos.
El comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, manifestó a su vez que su arma realizará una labor en estricto secreto para la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, y por su parte la policía creó un equipo especial, en tanto que la fuerza aérea llamó a los aviadores en retiro a colaborar.
Mientras tanto, este día se presentó la querella número 126 contra Augusto Pinochet por parte de un grupo de juristas chilenos de la Asociación Americana de Justicia, órgano consultivo de la Organización de Naciones Unidas, demanda judicial que es por la ejecución y desaparición de 15 abogados en los primeros meses después del golpe de Estado de septiembre de 1973.
Uno de los tres militares presuntamente implicados en el asesinato del general Carlos Prats González, ocurrido en Buenos Aires en 1974, el ex brigadier José Zara Holger, se mostró "indignado" de que hayan sido sometidos a interrogatorios ante la presencia de la jueza argentina María Servini de Cubría, y negó los cargos.
En ese tenor, hizo que su defensa elevara ante la Corte Suprema de Justicia un escrito de rechazo al mecanismo de interrogatorio y la "intromisión de jueces extranjeros en temas judiciales domésticos".
Asimismo, la defensa de los ex agentes Raúl y Eduardo Iturriaga pidió que se anulen los interrogatorios porque la presencia de autoridades argentinas es una "violación de la soberanía chilena".
En otro orden, el abogado querellante en el caso de la Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, entregó al juez Juan Guzmán Tapia una lista con alrededor de 2 mil 500 nombres de integrantes del ejército, que en1973 integraban la guarnición de esa institución en la región metropolitana y que tomaron parte en la sublevación de septiembre y la posterior represión.
Mientras, el gobierno afirmó que prefiere abstenerse de impulsar reformas constitucionales si la derecha política impide que se modifiquen los "enclaves autoritarios" establecidos por la pasada dictadura de Augusto Pinochet.
El ministro del Interior, el socialista José Miguel Insulza, tras una reunión con el presidente del Senado, el demócrata cristiano Andrés Zaldívar, y otros funcionarios de gobierno, fue tajante al señalar que "quere- mos una reforma constitucional sustantiva... clara y democrática".
Indicó que si bien valoran las enmiendas constitucionales planteadas por la derecha chilena, éstas son "insuficientes" y reflejan la "conveniencia política" cuando proponen eliminar ahora mismo los senadores vitalicios y en 2006 los designados, donde tienen mayoría.