MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2000

* No ha aclarado el destino de $45 millones


Ratifican regidores denuncia contra el alcalde de Zapopan

* Autorizó abrir dos cuentas bancarias antes de asumir el cargo

Cayetano Frías Frías, corresponsal, Guadalajara, Jal., 27 de junio * Los siete regidores de oposición (de PRI, PRD y PVEM) en el ayuntamiento de Zapopan, ratificaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el alcalde panista José Cornelio Ramírez Acuña y varios funcionarios, por el posible desvío de aproximadamente 45 millones de pesos, entre los que se incluyen 246 mil dólares cuyo origen no ha sido explicado, informó César Gabriel Alfaro Anguiano, edil priísta.

Las irregularidades que se han descubierto en la citada administración van desde la falsificación de recibos de compensaciones hasta la apertura de dos cuentas bancarias, el 1o. y el 29 de diciembre de 1997, antes de que el presidente municipal asumiera el cargo, por montos y movimientos de los que aún no han informado las autoridades panistas.

El regidor priísta dijo que el caso de estas cuentas es grave, porque fueron abiertas de manera ilegal a nombre de la ahora ex tesorera Imelda Pérez Zamora, con la firma y el consentimiento del alcalde, porque aún estaba en funciones como presidente municipal el también panista José María Hernández Quintero, lo que involucra a las dos administraciones.

Alfaro Anguiano explicó que en "alteración de recibos de compensación fueron detectados 16 millones de pesos; en una chequera que se encontró a nombre del Departamento de Estacionómetros, 13 millones; una cuenta particular a nombre del vicepresidente Gilberto Ignacio Toscano, 3 millones; en la caja fuerte, 5 millones, y en el cajón de la tesorera otros 5 millones", entre los cargos más importantes.

Acerca de la desaparición de los recibos originales de compensaciones que fueron entregados a los principales funcionarios del ayuntamiento de Zapopan, Alfaro Anguiano dijo que la responsabilidad es de la ex tesorera Imelda Pérez Zamora, ya que en la primera revisión estuvieron presentes algunos auditores de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado, y se asentó, bajo la fe de un notario, que los documentos quedaban bajo custodia de la funcionaria.