MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2000
* Exige Amalia García a la PGR que investigue; los hechos, sobre todo en Chiapas
Presentó el PRD 174 denuncias de compra del voto
Alonso Urrutia * La dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática entregó al Instituto Federal Electoral, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 2000 de la Cámara de Diputados una relación de 174 denuncias de casos comprobados de compra y coacción del voto, registrados en 15 estados de la República.
El documento señala que esto comprueba que "se están utilizando de manera ilícita fondos, bienes y servicios que los funcionarios de Progesa tienen a su disposición en virtud del cargo que ostentan, y con ello están apoyando al PRI y a sus candidatos".
Subraya que el programa es utilizado para "amenazar a los beneficiarios, a fin de que comprometan su voto en favor del PRI, o de lo contrario serán excluidos de los subsidios".
En otro orden, Amalia García señaló que la inestabilidad del peso mexicano y de la economía obedecen a la fragilidad del modelo económico del país, que se sustenta fundamentalmente en el capital especulativo y volátil. Por eso es que no resiste las presiones de una elección cerrada, en la que existe incertidumbre sobre quién será el triunfador.
En la relación presentada sobresalen, por su cantidad, las anomalías detectadas en Chiapas, de donde proceden 32 denuncias, y en Sinaloa ųla tierra del candidato presidencial priístaų, donde se han reportado 28 casos. Posteriormente se ubican el estado de México y Michoacán, con 15 quejas.
García Medina dijo que es claro que la utilización masiva de este programa a favor del PRI puede comprometer millones de votos de las zonas marginadas del país, pero "confiamos en que la ciudadanía, a pesar de las fuertes presiones del régimen, ejerza su voto de manera libre".
En la reunión privada, Woldenberg ofreció al PRD garantías de que la campaña institucional del IFE en contra de la compra y la coacción del voto se mantendrá "hasta unas horas antes de la jornada electoral".
García Medina dijo que exigirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR, que revise a fondo la denuncia para castigar a los funcionarios involucrados.
Según el desglose de las quejas presentadas, en diversos municipios chiapanecos ha existido la amenaza explícita de los responsables del Progresa de que si su voto no favorece al PRI serían excluidos de los beneficios del programa. Entre los municipios denunciados se encuentran Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Motozintla, Chiapa de Corzo, Cintalapa y Jiquilpas.
La queja recurrente es que los mismos funcionarios del Progresa, apoyados en algunos casos por miembros de los ayuntamientos, convocan a reuniones para exigir a quienes se encuentran dentro del programa su voto a favor del candidato presidencial del PRI.
En otros casos, como en San Juan Chamula, la promotora del Progresa no sólo ha utilizado las reuniones para retenerles el dinero del que son beneficiarios, sino que, conforme a la denuncia, obliga a las mujeres a inyectarse para planificar la familia, y ya les ha retirado el apoyo a las mujeres del PRD.
En Guerrero se denunció un caso en el municipio de San Luis de Acatlán, donde no sólo se les exige el voto a favor del PRI, sino que se dio la situación de que a partir de una reunión de Progresa, fueron llevados todos los beneficiarios al mitin de candidatos priístas.
Por lo que hace a Sinaloa, se han utilizado las becas y las despensas como una forma de presionar para votar por Labastida Ochoa.
En diversos municipios de Michoacán se ha convocado a reuniones para entregar los recursos a los beneficiarios, pero sólo como una forma de presionar a la asistencia y acudir posteriormente a encuentros con representantes del PRI.
García Medina comentó que esperan que a partir de la denuncia presentada ųque viene acompañada de los testimonios de quienes fueron víctimas de estos hechosų, la PGR inicie la averiguación previa y profundice en las investigaciones y se allegue de los elementos para sancionar a los funcionarios involucrados, de los cuales se dan los nombres. Según la legislación vigente, la sanción es de tres a nueve años de prisión, sin derecho a fianza.