MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2000
* Testigos protegidos y reducción de penas, "figuras ajenas a nuestro sistema jurídico"
Consenso en la SCJN para eliminar la "fórmula Otero": Castro y Castro
* El máximo tribunal "podría invalidar leyes inconstitucionales para efectos generales": el magistrado
Jesús Aranda * Hay consenso para que la propuesta de una nueva ley de amparo que se entregará al presidente electo incluya la eliminación de la llamada "fórmula Otero", otorgándose así a la Suprema Corte el derecho de anular e invalidar leyes inconstitucionales para efectos generales, y no sólo para quien solicita el amparo, como ocurre actualmente.
Reveló lo anterior el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro, quien por otro lado criticó las reformas al Código Penal, y particularmente a la Ley contra la Delincuencia Organizada --cambios aprobados durante la presente administración--, las cuales van en contra del sistema jurídico nacional y propician la impunidad al crear las figuras de los testigos protegidos y la reducción de penas por acuerdos entre los delincuentes y la Procuraduría General de la República.
En entrevista con La Jornada, el ministro deja en claro: "comprendo la alarma de todos los funcionarios públicos frente al problema tremendo en que se ha convertido el narcotráfico en el país, el hecho de elaborar una ley en la que se brincan todas las trancas del sistema nuestro, nuestra Constitución, etcétera, es algo que no acepto y por lo tanto, puedo lanzar la voz de alarma diciendo, sí hay que evitar la delincuencia, hay que evitar la impunidad, pero no hasta el extremo de que rompamos con el marco jurídico nacional",
Convencido de que la desaparición de la "fórmula Otero" daría un aire de congruencia a la justicia mexicana, porque en lugar de que sólo las grandes empresas que se amparan contra leyes inconstitucionales se vean favorecidas cuando la Corte determina que los preceptos impugnados son ilegales, al tener esa decisión efectos generales, cualquier ley que sea declarada fuera del marco constitucional se dejaría de aplicar para toda la población.
La entrevista con el decano de los ministros de la Corte se da a partir de la reciente publicación de un trabajo suyo que forma parte de un homenaje póstumo al doctor Pedro G. Zorrilla Martínez, el que se cuestiona la ilegalidad en que incurre la Procuraduría General de la República con los llamados testigos protegidos; y a partir de ahí aborda otros temas jurídicos que involucran también al máximo tribunal de justicia y su futuro próximo.
--ƑEs constitucional la figura de los testigos protegidos?
--Yo no he abordado en mi artículo, ni me he metido en un tema tan delicado como la constitucionalidad, no lo puedo hacer porque eso lo opinaría cuando llegara el asunto --a la Suprema Corte-- si es que viene, y en los términos exactos en que los diga un abogado que plantee la inconstitucionalidad; propiamente no puedo discutir tampoco la legalidad, puesto que hay una ley que la establece.
"He hablado como un doctrinario que ha estado muy orgulloso de cómo se establecía en la Constitución de 1917 todo este sistema de protección a las personas, inclusive a las acusadas, en el sentido de que son derechos fundamentales que deben ser respetados, y me parece que es una desviación tan fuerte que ya se aceptaron prácticas legales que nunca han sido propias de México.
"Hay una diferencia fundamental: en Estados Unidos se considera que la acción penal es manejable por el acusador público, mientras que en México tenemos una tradición totalmente distinta; en otras palabras, las normas penales se crean en beneficio de la sociedad, y el acusador público es el representante de la sociedad; por lo tanto, no le posible al sistema mexicano manejar ni testigos protegidos ni acusados con los cuales se pueda negociar, como en Estados Unidos. Esto en México es totalmente irrespetuoso, pues si la acción es de la sociedad Ƒa título de qué le están rebajando penas o propiciando impunidades a nadie? De manera que, profundamente conmovido por el cambio cultural jurídico que está resultando en materia de acusación penal, y ya que no advierto posiciones serias de nadie, en homenaje a don Pedro Zorrilla Martínez aproveché para hacer un artículo en el que me pongo totalmente en contra de que cambien nuestros sistemas culturales jurídicos, se negocie como si fuera mercancía la responsabilidad penal y se permita aunque sea parcialmente la impunidad".
--ƑEntonces esta figura de los testigos protegidos no es un hecho aislado? ƑEn las últimas reformas al Código Penal hay varios elementos de este tipo?
--Más que en el Código Penal, en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es evidente que el narcotráfico, y por supuesto, el continuo consumo de narcóticos y el lavado de dinero afectan a nuestro país gravemente. Es más, pasamos de ser un país de tránsito de droga a ser ahora muy adictos a muchas drogas.
"Comprendo, pues, la alarma de todos los funcionarios frente a este problema tremendo para nuestro país, pero no acepto que para lograr poner en orden algo se haga una ley en la que se brincan todas las trancas de nuestro sistema, nuestra Constitución, etcétera, y por lo tanto puedo, sin comprometer asuntos concretos, lanzar la voz de alarma diciendo sí, hay que evitar la delincuencia, la impunidad, pero no hasta el extremo de que rompamos con el orden jurídico nacional, y de ahí mi grito en contra".
--Hablando del orden jurídico nacional, y sin tocar sus preferencias políticas, estamos a unos días de las elecciones presidenciales. ƑEn qué piensa que debemos avanzar en materia de justicia?
--En esa materia la Suprema Corte ha fijado continuamente sus posiciones, las cuales son el perfeccionamiento del sistema, el no adoptar sistemas distintos al que ha sido el mexicano, el continuo, el más serio; presentar iniciativas de ley, que es algo más que un capricho, es la necesidad de hacer saber al Congreso cuáles son las aspiraciones de una justicia que a uno le parece que es la correcta; cómo es el acceso a la justicia. Nosotros esperamos que se planteen todas esas cuestiones, y cualquiera que sea el candidato que resulte triunfante --quizá en el cumplimiento de la más estricta cultura jurídica y social de nuestro país-- que quien sea el próximo presidente, se preocupe igual que nosotros por la justicia y nos permita simple y sencillamente hacerle llegar las sugerencias que creamos útiles.
--ƑCómo hacer para que estas sugerencias tengan más peso, para que se tomen más en cuenta?
--Hay un dicho muy conocido: nunca hay que pasar el puente antes de llegar a él. No puedo pensar antes de que haya una votación que esto ya tome cauces de tranquilidad, porque una votación es una intranquilidad ciudadana, y hasta ese momento, entre todos los que tenemos la responsabilidad haremos saber nuestras posiciones, pero hay una en que se ha avanzado mucho, y es el proyecto de nueva ley de amparo, en el que evidentemente se van a plasmar muchas de las cosas que creemos necesarias.
--ƑIncluída la revisión de la famosa fórmula Otero?
--Yo creo que hay consenso en torno a acabar con la fórmula Otero, pero evidentemente no soy adivino ni hice una encuesta; al menos le puedo decir que el comité creado ex profeso por la Suprema Corte, en el que participan dos ministros, magistrados y reconocidos abogados --encargados de entregar al máximo tribunal el proyecto de una nueva ley de amparo para que sea discutido en un congreso nacional en julio próximo y a su vez, la Corte entregue el proyecto al presidente electo--, ha recibido las sugerencias, y se ha quedado asombrado de la unanimidad con la que se ha pedido acabar con la fórmula Otero, la cual es en su concepción un amparo contra las leyes.
La "fórmula Otero" subsistirá en actos que no sean leyes
--ƑEs para que leyes o artículos declarados inconstitucionales se dejen de aplicar?
--Tendrían que ser anuladas o invalidadas; en mi concepto tendrían que publicarse en el Diario Oficial igual que las leyes, y decir que tal ley que se ha declarado inconstitucional ya no se aplica.
--ƑPiensa usted que esto le daría un nuevo aire a la justicia?
--Le daría congruencia, pero el aire a la justicia sería si los grandes abogados de las grandes empresas, al lograr que una ley inconstitucional se derogue, consiguieran beneficiar a su vez a todo el pueblo, no como ahora, que sólo se beneficia el que presentó el amparo y lo ganó. Llegó la hora de ver al toro de frente y tomarlo por los cuernos: o me cuerna, o le gano.