LUNES 26 DE JUNIO DE 2000
* Irregularidades en esa reserva, dice especialista
El decreto Montes Azules no sólo incluye proteger la biodiversidad
* El cuidado ambiental debe considerar los conflictos sociales
Matilde Pérez U. * Hace década y media integrantes de organizaciones sociales, quienes posteriormente se convirtieron en asesores externos de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), advirtieron al gobierno federal de la urgencia de revisar el decreto por el que Montes Azules fue declarada área natural protegida.
Desde entonces, los interesados en esa región ųconsiderada como el corazón de la selva Lacandonaų alertaron sobre que los fuertes conflictos agrarios no resueltos y la imprecisión en los límites podrían convertirse en un obstáculo para la protección de las 331 mil 200 hectáreas que, según del decreto presidencial, tiene esa reserva que pertenece a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.
La situación no es ignorada por las autoridades de la Semarnap. El director de Programas Regionales de la institución, Carlos Toledo, reconoció que el decreto se hizo sin un conocimiento profundo e incluso se desconocían los límites reales de la reserva, pues en enero de 1978 ųfecha en que se decretó la reservaų había pocos elementos técnicos. Por eso tiene inconsistencias, justificó.
Negociación con grupos
El investigador de la UNAM, Andrés Barreda Marín, consideró que las autoridades ambientales deberían saber que el decreto de Montes Azules no respondió estrictamente a la protección de la biodiversidad sino fue resultado de la negociación de los grupos ambientalistas con quienes también buscaban intensificar la exploración y explotación petrolera en esa región; incluso en 1986 se decía que había mayor riqueza natural en Marqués de Comillas.
Agregó que es una reserva natural protegida con algunas irregularidades como el carecer de zona núcleo, a lo que se suma la controversia de sus límites, y para ejemplificar mostró dos mapas, uno realizado por el INEGI en 1998 y otro por el gobierno de Chiapas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la diferencia es que en este último se agrega un polígono de 20 mil hectáreas a esa reserva. Por ello, insistió, debe revisarse con rigor ese decreto.
Estudioso de la situación de Chiapas a partir del levantamiento armado indígena, en 1994, Barreda Marín demandó al gobierno federal ųparticularmente a la Semarnap y a la Secretaría de la Reforma Agraria, las cuales presionan a las comunidades indígenas tzeltales, tzotziles y choles para que salgan de Montes Azulesų tome en cuenta la compleja historia de esa región.
Tras puntualizar que los lacandones no son los habitantes originarios de la selva Lacandona, sino que sus antecesores llegaron del Caribe y por tanto es un mito calificarlos como los dueños originarios de esa zona, Barreda Marín también comentó que la biodiversidad de la que se habla en Montes Azules y la Lacandona es resultado de la convivencia ambiental de los mayas con la selva; "no es una biodiversidad silvestre, intocada. Eso hay que recordarlo cuando se habla de expulsar a la gente; también hay que recordar la historia de la deforestación (de la región) iniciada el siglo pasado por las empresas madereras".
La historia de la selva Lacandona ųabundóų no es de un lugar virgen que irrumpen grupos de salvajes que causan incendios forestales; hay que recordar el sistema complejo de producción agrícola, el cual en la actualidad está extrañamente soslayado.
La protección al medio ambiente no debe tomarse al margen de los conflictos sociales, ni tampoco dejar de considerar los complejos intereses ocultos de grandes grupos empresariales sobre los códigos genéticos de la flora y de otros recursos estratégicos como el agua y el petróleo, destacó.
Barreda Marín calificó como justa la preocupación por conservar la biodiversidad de Montes Azules, pero hablar de movimientos, de desplazamientos de comunidades indígenas para cumplir con ese objetivo, es muy delicado.
"Hay que tener en cuenta si estamos trabajando por una conservación para beneficio de las grandes transnacionales, para los grupos privados o bien por una conservación que incluya a todos los mexicanos", finalizó el especialista.