La Jornada sábado 24 de junio de 2000

Alberto J. Olvera
Transición sin reglas

El desenlace del proceso electoral más trascendente en la historia mexicana se produce en la incertidumbre. De un lado, en las dos últimas semanas se ha llevado a cabo una enorme operación de Estado en términos de compra y coacción del voto y hay riesgo de que nuevas formas de viciamiento de los resultados electorales pudiesen aparecer. De otra parte, hay una gigantesca interrogante respecto de la reacción del régimen en caso de perder y, en otro escenario, sobre la actitud de la oposición en caso de que sea ella la que pierda las elecciones.

La incertidumbre se origina en la ausencia de acuerdos entre los partidos políticos. La transición mexicana, si es que logra completarse este 2 de julio, será una transición sin pacto y sin reglas, lo cual significa que es impredecible la reacción del régimen autoritario. Por si esto fuese poco, el proceso se da en la ausencia de un pacto entre las propias fuerzas opositoras, que llegan a la recta final de la contienda enfrentadas y divididas entre sí para beneficio del régimen. Así, el escenario político mexicano nos muestra un conjunto de fuerzas políticas carentes de una estrategia explícita de transición, incapaz de negociar los términos de un gobierno que desmantele el régimen autoritario y construya los cimientos de un nuevo régimen democrático.

Tanto el PAN como el PRD están actuando como si el régimen ya se hubiese desmoronado. El PAN no ha ganado, a pesar de lo que dice su propaganda, ni el PRD ha ofrecido prueba alguna de que el PRI se haya debilitado tanto que esté pasando al tercer lugar de la votación, que es la hipótesis que ha llevado al PRD a crear una cultura del miedo a la derecha que ha tenido efectos paralizantes sobre una parte del electorado. El PRI sigue siendo un sistema formidable que tiene a su favor la posibilidad de usar su inmenso aparato clientelar, de lucrar con el temor a lo desconocido de una buena parte de la población y de aprovechar la enorme y extendida miseria de los mexicanos para inducirlos o coaccionarlos a votar por ese partido. Desconocer este hecho elemental de la realidad mexicana constituye un acto de irresponsabilidad política.

No sólo el PRI está utilizando a plena capacidad todos los mecanismos del poder para ganar las elecciones, sino que incluso ha desarrollado opciones y alternativas en caso de que el 2 de julio perdiese por un margen reducido de votos. Recuérdese que el Tribunal Federal Electoral calificará la elección presidencial, mientras que las de diputados y senadores serán calificadas por el IFE. Esta extraña disposición de la ley electoral otorga al PRI un último as bajo la manga, consistente en la impugnación de la votación en una serie de casillas en donde eventuales irregularidades en el procesamiento de la votación (causadas por él mismo) pudiesen justificar la medida.

Indicadores de este riesgo son los sospechosos errores en la captura de los datos de los funcionarios de casilla en algunos distritos, como el 10 de Veracruz, con sede en Jalapa. Más de 40 por ciento de los funcionarios vio afectada su escolaridad real, situación que de no haber sido detectada a tiempo por los consejeros electorales del distrito, habría dado lugar a una irregularidad en el nombramiento con consecuencias potenciales graves. Se sabe que algo similar sucedió en distritos de Tabasco, Jalisco y Puebla, por lo menos.

La presencia masiva de observadores del magisterio organizados por el SNTE, un sindicato abiertamente priísta, y quienes levantarán un conteo rápido, permitirá la selección de algunas casillas en donde causar deliberadamente problemas en el cierre de la votación, desde el clásico robo de urnas hasta disturbios por supuestas protestas, obligando así a la invalidación parcial de los resultados. Por increíbles que parezcan, ninguno de estos riesgos está ausente en la coyuntura actual, precisamente porque lo que está en juego es la supervivencia misma del régimen.

La tremenda y creciente iniquidad en la cobertura de los medios, las presiones a los empleados del sector público, el reparto masivo de dinero en este mes a través de "programas sociales", el activismo del Presidente y los gobernadores a través de la súbita y masiva inauguración de obras y entrega de recursos, son todos factores que demuestran la desesperación del grupo en el poder y su disposición a recurrir a cualquier medio para evitar la derrota. Contra la maquinaria del Estado, la ley no es un obstáculo poderoso. Sólo una asistencia masiva a las urnas puede detener una maniobra final del régimen.