Miguel Concha
Consulta infantil y juvenil

Como en 1997 y en algunas elecciones estatales (Chi-huahua, Jalisco, Tlaxcala, estado de México y Distrito Federal), aunque ahora con una gran experiencia acumulada y organizados en forma mucho más profesional, este 2 de julio niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 años podrán manifestarse libremente como sujetos reconocidos de derechos sobre problemas que les aquejan y desde su perspectiva sobre la situación actual del país.

Para ello ese día se instalarán en todas las ciudades, pueblos y campos 15 mil casillas, 50 por cada uno de los 300 distritos electorales federales, preferentemente en puntos de alta concurrencia infantil y juvenil, como parques, plazas, centros comerciales, escuelas, ferias, y afuera de tiendas, iglesias, cines, etc. Se establecerán igualmente urnas ambulantes con el fin de que niños y niñas que se encuentran en hospitales, casas hogar y centros tutelares para menores puedan ejercer su derecho de opinión y libre expresión.

Este proyecto interinstitucional ha sido promovido igualmente dentro de sus responsabilidades y en forma amplia e incluyente por el Instituto Federal Electoral, con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y en su realización participan dependencias públicas, gobiernos estatales o dependencias públicas de carácter local, y sobre todo redes locales y nacionales de organizaciones no gubernamentales como el Foro de Apoyo Mutuo, el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez y Causa Ciudadana.

Luego de la reforma al artículo 4o. constitucional el 13 de diciembre del año pasado, que reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, y de la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 27 de abril de este año, en cuya consulta participaron activamente los menores en forma directa y a través de distintas organizaciones e instituciones, esta Consulta Infantil y Juvenil 2000 busca precisamente promover la conciencia de que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, y por tanto el ejercicio de los derechos de libre expresión y participación que les asiste, así como conocer la percepción y opiniones que tienen sobre valores, prácticas democráticas y problemas públicos relacionados con su vida cotidiana en los ámbitos de la familia, la escuela, la comunidad y el país.

Los temas generales de la consulta son pues el de los valores y prácticas democráticas, y el de los problemas públicos, y se busca conocer esencialmente la opinión de los menores sobre los modos como viven, perciben y enfrentan su entorno. Más específicamente se pretende indagar la manera como perciben la convivencia, las reglas y normas que la rigen, y el ejercicio de la autoridad en los cuatro ámbitos señalados. Se pretende también identificar lo que opinan sobre algunos problemas públicos que les atañen directamente.

Con el fin de ampliarla a los menores de 17 años y tomando en cuenta que de acuerdo con su desarrollo tienen diferentes maneras de percibir y relacionarse con su entorno, se dividió su población en tres rangos de edad, el primero de 6 a 9 años, el segundo de 10 a 13 años y el último de 14 a 17 años. Y con el auxilio de expertos provenientes de diversas disciplinas (sobre todo de la UNAM, la UAM y El Colegio de México), ámbitos de acción y regiones del país, se adecuaron metodológicamente los cuestionarios de las boletas a sus distintos procesos de socialización y a sus diferentes capacidades de comprensión, análisis, discriminación y juicio.

Se determinó por ello la pertinencia de que los niños de 6 a 9 años respondan fundamentalmente preguntas relacionadas con los ámbitos de la familia y la escuela; los de 10 a 13, interrogantes sobre éstos y la comunidad; y los jóvenes de 14 a 17, preguntas sobre estos tres ámbitos, más el del país. Por ello igualmente el 2 de julio cada casilla contará con tres urnas con sus respectivas boletas, una para cada uno de estos grupos de edad.

Alrededor de 45 mil voluntarios adultos y jóvenes cuidarán ese día las casillas y contabilizarán el número de participantes por edad, sexo y escolaridad. Se espera al menos una afluencia de 6 millones de participantes. Los resultados estarán después a disposición de universidades, centros de estudio y organismos o instituciones encargados de políticas públicas.