JUEVES 22 DE JUNIO DE 2000
* Trabajadores del Estado provocan enorme caos vial en Buenos Aires
Exigen paristas que poderosos paguen la deuda
* No es el momento para acciones y egoísmos electorales; la suerte del país está en juego: De la Rúa
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 21 de junio * Centenares de trabajadores estatales realizaron hoy cortes de calles en Buenos Aires y en las rutas de salida y entrada a la capital argentina, en el marco de su plan de lucha contra la rebaja de salarios y otras medidas de ajuste tomadas por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa para combatir el gigantesco déficit fiscal heredado del anterior gobierno del peronista Carlos Menem.
El malestar de los trabajadores creció con la decisión gubernamental de la víspera, de limitar las horas extras tanto para estatales y privados, en busca de que haya una mejor distribución del empleo, según explicó.
Pero aunque ésta era una medida prevista en algún momento, incluso por algunos sindicatos, ahora se suma a la reciente rebaja salarial para los burócratas, en otro duro golpe a sus bolsillos.
El presidente De la Rúa --quien regresó este miércoles de una gira que lo llevó a Estados Unidos, Colombia y Egipto-- se encontró así ante un nuevo vendaval de protestas, que continuarán mañana con el paro del personal no docente en las universidades y con una movilización general de los estatales el próximo viernes, a la que se sumarán los estudiantes.
Las protestas de este miércoles las comenzaron los trabajadores de los hospitales públicos y también técnicos y científicos, que se proponen resistir no sólo las rebajas salariales, sino también al recorte de presupuesto en sus áreas.
En este sentido, los científicos advirtieron al gobierno que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Argentina está en el lugar número 75 en la evaluación de cómo funcionan los sistemas de salud, por debajo de Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay en Sudamérica.
Siguieron luego portuarios, empleados de la Secretaría de Agricultura y los ministerios de Defensa y Economía, entre otras áreas del Estado, así como empleados de la agencia gubernamental de noticias Telam.
Los empleados de los bancos del Estado, por su lado, cesaron sus actividades en las tres últimas horas de atención al público, mientras el tránsito por el centro porteño se convirtió en un caos, lo que provocó el enojo de muchos transeúntes ante las continuas movilizaciones.
El gobierno enfrenta ahora no sólo estas protestas, sino también las posiciones, que considera "oportunistas", de los senadores del opositor Partido Justicialista (peronistas), que rechazaron las medidas de ajuste y el decreto gubernamental "a pesar de que durante los pasados 10 años muchos de ellos convalidaron casi 500 decretos de necesidad y urgencia por medio de los cuales el ex presidente Menem impuso el llamado "gran ajustazo", dijeron fuentes de la gobernante Alianza socialdemócrata.
Recordaron además que el desempleo trepó en 1995 a su pico histórico (18.6, en cifras oficiales), y que desde esa época se mantiene alto, mientras que el subempleo se ha convertido en "moneda corriente".
De la Rúa consideró hoy que no es "momento para acciones y egoísmos electorales", ya que es la suerte del país "está en juego".
Para la Alianza, la oposición al ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional es una medida "contra los intereses del país", pero dirigentes de los gremios estatales sostienen que no hubo "un solo intento por tomar otra alternativas", y se refirieron en este sentido a la "enorme evasión de 30 mil millones de dólares de los poderosos".
Los dirigentes de los gremios estatales exigen entonces al gobierno que el dinero para pagar los intereses de la deuda externa "salga de los que se están enriqueciendo como nunca sucedió en el país".
Una de sus medidas para presionar en este sentido será el "escrache": divulgar públicamente lo que han ganado las empresas concesionarias de servicios y las privatizadas en estos años menemistas y las cifras que ubican a Argentina en una situación social alarmante.
En algunas calles, entre tanto, fueron pegados carteles que muestran al hijo del presidente, Antonio de la Rúa, en un restaurante con Shakira, la joven cantante colombiana, con quien mantiene un publicitado idilio, con la leyenda: "Mientras nosotros pasamos hambre, ellos toman champaña".
Lo contradictorio es, por una parte, la validez de la protesta que reclaman los empleados estatales, y por la otra la incredulidad ante algunos dirigentes políticos y sindicales que apoyaron al menemismo en toda su política neoliberal y privatizadora.
De la Rúa se refirió hoy a la gestión menemista al comentar la situación de quiebra que afronta Aerolíneas Argentinas, privatizada en 1990 en un proceso denunciado y criticado por la entonces oposición debido a las irregularidades.
Ochenta y cinco por ciento de la empresa Aerolíneas Argentinas pertenece a una sociedad controlada por la estatal Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene a su cargo la mayoría de la línea aérea Iberia.
Sólo 10 por ciento de las acciones se encuentra en poder de los trabajadores de la aerolínea, y apenas 5 por ciento es retenido por el Estado argentino.
La SEPI ha presentado un plan de "salvataje" que incluye recortes de salarios y despidos así como la eliminación de rutas, pero los trabajadores denuncian que ahora se quiere hacer pagar la mala administración privada a todos.
"Es un tema que hay que hablar inclusive con las autoridades españolas", dijo el presidente De la Rúa.
El mandatario, por otro lado, atribuyó a "una mala traducción" las declaraciones del encargado de negocios estadunidense, Manuel Rocha, quien describió el encuentro del gobernante argentino con su homólogo estadunidense, Bill Clinton, como un "enamoramiento".
Lo anterior hizo recordar la criticada frase del ex canciller menemista Guido di Tella sobre los "carnales" vínculos argentino-estadunidenses.
Entre tanto, continúa el debate sobre la ola delictiva, y en ese sentido la decisión del presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, de autorizar la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico repercutió aquí negativamente entre organismos humanitarios, que consultarán al gobierno sobre los alcances de los acuerdos de seguridad firmados en el marco del Mercado Común del Sur.