JUEVES 22 DE JUNIO DE 2000
* Diputado del Partido Socialista solicitó la intervención de la policía
Violento desalojo del Congreso de familiares de víctimas de Pinochet
* Pide la AFDD a Lagos derogar la ley de amnistía * Elogia la Iglesia católica el diálogo cívico-militar
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 21 de junio * Decenas de familiares de desaparecidos fueron desalojados hoy de la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley que establece la reserva de identidad para los informantes sobre poco más de mil detenidos desaparecidos, en tanto que los principales dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) plantearon al presidente Ricardo Lagos sus objeciones al acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre esa iniciativa, e insistieron en la necesidad de derogar la ley de amnistía.
Cinco dirigentes de la entidad, encabezados por su presidenta Viviana Díaz, se reunieron durante una hora y media con el jefe de Estado en el Palacio de La Moneda, sin lograr acuerdo alguno.
Viviana Díaz valoró la posibilidad de conversar directamente el tema con el mandatario, pero dijo que le manifestaron claramente su rechazo a las conclusiones de la Mesa de Diálogo y al proyecto de ley que establece la obligación de mantener en reserva la identidad de quienes entreguen información sobre los detenidos desaparecidos de la pasada dictadura militar.
Esto ocurrió en momentos en que la Conferencia Episcopal encomió y agradeció la voluntad de los integrantes de la Mesa de Diálogo de "respetarse y colaborar con altura de miras, a fin de proponer caminos eficaces para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos".
Precisó que obtener al menos la información que permita aclarar su destino "constituye una deuda de justicia con los familiares y con todo el país, a la vez que es un paso irrenunciable hacia la anhelada reconciliación", pues la Mesa de Diálogo "ha sido una excelente muestra de cómo los hombres pueden dialogar con la eficacia que otorga la búsqueda sincera de un bien superior, el de la patria".
Lagos, por su parte, rechazó los incidentes que se registraron en la Cámara de Diputados cuando se discutía el proyecto de ley que establece la reserva de identidad para los informantes sobre unos mil detenidos desaparecidos, y dijo que "no se justifica eso en un país en que se dialoga, en que se conversa".
La sesión de la Cámara baja, en la ciudad de Valparaíso, donde se encuentra la sede del legislativo chileno, se reanudó sin público luego del violento desalojo de las tribunas de unos 60 familiares de las víctimas por parte de la policía, por orden del socialista Víctor Barrueto.
Tras el incidente, el proyecto se aprobó por 104 votos a favor y cuatro abstenciones.
En otro orden, la ministra de Relaciones Exteriores, la demócrata cristiana Soledad Alvear, dijo que Chile carece de antecedentes que remitir a Estados Unidos respecto de los casos de los tres ciudadanos de ese país detenidos y muertos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Nosotros contestamos la nota que nos envió el embajador John O'Leary hace bastante tiempo, en el sentido de señalar que estos casos se encuentran en el Poder Judicial y, desde esa perspectiva entonces, lo que corresponde es que si hay algunos antecedentes estos se hagan llegar a los tribunales de justicia", sostuvo.
En cuanto a una posible solicitud de extradición para el desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet, Alvear señaló que no está en condiciones de afirmar algo así, puesto que dichos delitos fueron cometidos dentro de Chile.
Mientras, los abogados José Galeano y Eduardo Contreras, en representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, presentaron otra querella judicial contra Pinochet por el caso de 71 detenidos desaparecidos y cuatro ejecutados políticos, todos alumnos de esa casa de estudios, para sumar hasta la fecha 117 querellas en total.
En tanto que Pinochet era sometido a nuevos exámenes médicos de otorrino en el Hospital Militar, el ex general Rafael Villarroel calificó como "una injusticia y una vergüenza" la decisión del gobierno del socialdemócrata Lagos de inaugurar el próximo 26 de junio una estatua de Salvador Allende frente al palacio de gobierno.
Aseveró el pinochetista que se levantaba un monumento a quien "llevó a Chile a la crisis más profunda de su historia".
En Roma, mientras tanto, la diputada Isabel Allende Bussi, hija del derrocado presidente Allende, se convirtió en la primera testigo en el proceso abierto por la justicia italiana contra Pinochet.
La política socialista declaró ante el juez Giancarlo Capaldo sobre la desaparición de cinco chilenos de origen italiano durante la dictadura militar, en torno a posibles elementos contra el ex dictador.
En Madrid, los gobiernos de Chile y España expresaron su "voluntad de mirar hacia adelante" al relanzar sus relaciones bilaterales, que se vieron empañadas debido a la controversia sobre el caso Pinochet, detenido 16 meses en Londres por un reclamo de extradición de la Audiencia Nacional española.
Al respecto, ambos gobiernos firmaron un documento conjunto que prevé "un gran futuro en el diálogo político, económico y de cooperación", de acuerdo con lo expresado por el viceministro chileno del Exterior, Heraldo Muñoz.