JUEVES 22 DE JUNIO DE 2000

* Gustavo Leal F. * *

Zar desde el Anáhuac

Es altamente probable que cualquier diseño de políticas de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones en el memento mori de la administración zedillista, termine en sonoro fracaso más. Claro que siempre podrá argumentarse, no sin verdad, que ha llegado la hora de hacer "algo" y que el asunto no "aguanta" más. Pero entonces habría también que preguntar por qué no se empezó antes, y por qué sí se "actúa" al cuarto para las doce.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones, 2.5 millones de personas han consumido drogas alguna vez en su vida, y al menos 400 mil lo hacen de manera frecuente. De cada 100 mexicanos consultados, cinco reconocen haberlas consumido alguna vez, y 87 por ciento de 80 mil pacientes que atienden los Centros de Integración Juvenil iniciaron el consumo entre los diez y los 18 años.

En la Tercera Conferencia Binacional Sobre la Reducción de la Demanda de Drogas, celebrada a principios de junio en Phoenix, el abogado González Fernández, secretario de Salud, anunció la creación de una oficina federal "de mayor nivel" para combatir la demanda y que comparó, por sus atribuciones, con la del zar antidrogas Barry McCaffrey. Ella "podría hacer trabajos de acumulación de información, sin invadir las funciones de la Procuraduría General de la República" (PGR) y tendrá el rango de subsecretaría. Para el cargo ha sido nombrado otro abogado: Ernesto Enríquez. El despacho ostenta el mismo grado que aquél que desempeña el fiscal Mariano Herrán en la PGR, y coordinará todas las oficinas federales y estatales competentes.

"Nos están partiendo la madre" --le espetó un chavo banda conocido como Quique al procurador Jorge Madrazo, presente en el evento-- "no hay apoyo señor, no hay recursos, no hay estrategia. Esas oficinas no llegan al barrio". Madrazo aceptó que la PGR laborará coordinadamente con la nueva oficina. Por su parte, la doctora Rosovsky, secretaria técnica del Consejo Nacional para las Adicciones, afirmó desconocer la suerte futura del consejo, que no se ha reunido en los últimos cinco años (Reforma, 2/06/00).

Ernesto Enríquez, nuevo titular, comentó que trabajará estrechamente con la PGR, pero sin intervenir en la persecución del delito: "Herrán es el responsable de la oferta, yo seré el de la demanda. Son las dos caras de una moneda." Indicó también que la "idea que tiene el señor Presidente" es fortalecer todos los programas de prevención, elevando el "nivel de interlocución" del comisionado. Y aclaró: no es una "estructura burocrática fuerte", sino una unidad "de coordinación".

Pero la nueva dependencia mexicana carece del rango de su "similar" estadunidense. McCaffrey reporta directamente al presidente Clinton; coordina todos los programas involucrados y sus presupuestos, incluidos la DEA y el FBI. México dispone de aproximadamente 26 millones de dólares para la reducción de la demanda, y a la nueva oficina no se ha asignado, hasta ahora, presupuesto extra alguno. Se le ha localizado, además, en una secretaría que no se cuenta precisamente entre las "ricas" de la galaxia del Ejecutivo. Sólo a nivel federal, el presupuesto de Estados Unidos es 230 veces mayor: 6 mil millones. Habría que agregarle aquéllo que destina cada una de las entidades federativas.

La magnitud del reto de la nueva oficina se ilustra en un reciente estudio sobre el financiamiento de programas de farmacodependencia en cuatro diferentes instituciones de la ciudad de México, entre 1990 y 1994 (Arredondo y cols., Salud pública de México, vol. 42, marzo-abril, 2000). Los autores concluyen que aunque se han incrementado, los montos financieros son insuficientes para el desarrollo de los programas ante la creciente demanda. Además, al no existir mecanismos de asignación explícitos ni información disponible sobre los montos específicos para actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, se "dificulta de manera sustantiva el análisis de los flujos de financiamiento".

Como agregara Quique, el chavo banda que dirige el Centro Comunitario de drogadictos de Iztapalapa: "antes fue el Consejo Nacional Contra las Adicciones, y antes, el Plan Nacional; es lo mismo, esa oficina no tendrá recursos ni apoyo". ƑEntonces qué tendrá?

Curiosas políticas y políticos: donde debe haber médicos, ubica a "profesionales de la salud" y ahí, justamente donde urgen auténticos técnicos en salud pública, designa a abogados.

A éstos que recalan ahora en el sector salud: špor sus obras los conocereís!

*UAM-Xochimilco