JUEVES 22 DE JUNIO DE 2000
* Orlando Delgado *
El FMI y las elecciones presidenciales
Hace un año, el gobierno mexicano envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un memorándum de políticas económicas y financieras acompañando una solicitud de 4 mil 200 millones de dólares, en el que se comprometía a mantener políticas financieras sanas, continuar con las reformas estructurales, incrementar el ahorro nacional, continuar con la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad externa. Junto con esto, se comprometieron metas en materia de inflación (13 por ciento), crecimiento del producto (3 por ciento), déficit en cuenta corriente (2.2 por ciento del PIB), déficit del sector público (1.25 por ciento del PIB) y un saldo de la deuda pública de 27.6 por ciento del PIB.
Para evaluar el cumplimiento de ese memorándum, en estos días una comisión del FMI estuvo en nuestro país y se reunió con las autoridades financieras, concluyendo que el desempeño de la economía mexicana ha sido el previsto y que no hay ningún signo de inestabilidad que pudiera desembocar en una crisis. Ciertamente, en 1999 se logró que los indicadores macroeconómicos tuvieran un comportamiento mejor que el esperado (inflación: 12.8 por ciento, PIB: 3.7 por ciento, déficit público: 1.14 por ciento, y deuda pública: 23.2 por ciento), salvo el déficit en la cuenta corriente que cerró en 2.9 por ciento del PIB, pese a la mejoría en los precios del crudo; también es cierto que se tomaron medidas para reducir la vulnerabilidad externa (el famoso blindaje financiero), pero los funcionarios gubernamentales no pudieron avanzar en lo que llaman las reformas estructurales: privatizar la industria eléctrica ni tampoco lograron flexibilizar el mercado laboral.
Para esta comisión lo que importa es que "la evolución de la economía mexicana permitirá alcanzar una inflación de 9 por ciento para el cierre de diciembre próximo, mantener la disciplina de las finanzas públicas y tener una transición política sin sobresaltos", por lo que el gobierno mexicano podrá disponer de 500 millones de dólares en septiembre, de otros 500 en noviembre, y el nuevo gobierno, siempre y cuando se comprometa a cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio de junio de 1999, en enero podrá disponer de los últimos 500 millones. De esta manera, el FMI confirma lo que, en mayor o menor medida, todos sabemos: para este año, y sólo para este año, las variables macroeconómicas indican que hay certidumbre.
Sin embargo, los mercados financieros y los inversionistas dan claras muestras de preocupación, expresadas en expectativas de que el dólar valga 11 pesos antes del 2 de julio y luego quién sabe, en un aumento de las tasas primarias de interés; en suma, en un nerviosismo creciente. La incertidumbre no proviene de fuentes económicas, sino de los reiterados informes de que el aparato estatal priísta está actuando al margen de la ley, para forzar el voto a favor del candidato oficial, al tiempo que busca evitar votos que pudieran ser a favor de la oposición a través del secuestro de credenciales de elector.
El posible fraude no está sólo en la mente de "intransigentes electorales" ni es una estrategia para cubrir la posible derrota; es una posibilidad absolutamente real que, como es evidente, se puede concretar antes de la jornada electoral y en la propia jornada, aunque fundamentalmente fuera de las casillas. Existe confianza en los organismos electorales y en su capacidad para contar fielmente los votos; en lo que hay una sobrada desconfianza es en el comportamiento de los dirigentes del partido oficial y en los altos funcionarios del gobierno federal. El triunfo de la oposición sobre el régimen de partido de Estado no preocupa a nadie en el mundo de los negocios, entre los corredores bursátiles o entre los trabajadores del campo y la ciudad; preocupa lo que puede ocurrir si se concreta una victoria priísta manchada por prácticas ilícitas.
Por ello, poco interesa que las expectativas para el segundo trimestre sean muy favorables ni que los supervisores fondomonetaristas digan que no hay riesgos económicos. Lo que realmente puede evitar que las preocupaciones se concreten es muy simple: respetar la voluntad de los ciudadanos, sin importar quién es el vencedor. La oposición panista y perredista ha demostrado su respeto a los resultados electorales: es el PRI el que tendrá que demostrarlo estos próximo días y particularmente el 2 de julio.