* León Bendesky *
Balance anticipado
El balance final del sexenio de Ernesto Zedillo se ha adelantado y está marcado por el proceso electoral. La preocupación por evitar una nueva crisis económica, que ha sido la obsesión durante todo este gobierno, está hoy eclipsada por las fricciones que en el terreno político se han generado en los largos seis años de la administración.
La fase final de las campañas está llena de actos que la reforma electoral no previene y sobre los que el IFE no puede ejercer un control efectivo, pues se sigue usando el poder y, sobre todo, los recursos del Estado como presión sobre el voto. Una cosa es contar bien los votos que llegan a las urnas y otra distinta es cómo llegan los votos a las urnas.
En todo caso no debería olvidarse que el mismo Presidente reconoció poco después de su propia elección en 1994 que ésta había sido legítima, pero que, igualmente, era resultado de un proceso sin equidad. Si la legalidad se sigue manteniendo apartada de la equidad se continuará debilitando en un momento en que el poder político se disputa de manera mucho más fuerte y abierta en el país. Esta es también parte de la democracia a la que aspiramos y el gobierno tiene en ello una responsabilidad, igual que promover el crecimiento y sostener la estabilidad de la economía. Esta dicotomía entre la reforma económica y la política es un herencia del sexenio salinista que no se ha podido sacudir el presidente Zedillo, y se hace más evidente precisamente ahora al final de su mandato.
Los partidos de oposición denuncian el uso indebido de los programas de gobierno para conseguir el voto de la población más vulnerable; asimismo hay denuncias de las actividades de instituciones públicas en la promoción del voto por el candidato del PRI, como sucede actualmente en el caso de Pemex. En el primer caso ese partido se defiende en voz de sus principales operadores políticos, sosteniendo que los programas contra la pobreza han sido aplicados por un gobierno priísta, lo que supuestamente le permite usarlos a su favor en el momento más oportuno y necesario. Pero en este país, con los grados de pobreza que se han generado en los últimos años, el "combate a la pobreza" debería concebirse como una verdadera política de Estado. Así, tampoco en el campo de la definición de las políticas de Estado se avanzó en este periodo como pretendió en un momento el mismo gobierno. Es políticamente primitivo seguir usando a los pobres como botín político de igual manera que poner bajo presión el voto de los empleados del sector público o de las organizaciones, independientemente del partido que lo haga. En el segundo caso ocurre lo que suele pasar generalmente en México, y el gobierno encuentra siempre una salida para mantener veladas o de plano ocultar sus acciones. No ofrece a los ciudadanos, en cambio, una explicación ni mucho menos una prueba convincente de sus actos, misma que refute los dichos y exponga las supuestas falsedades de los acusadores y, por lo tanto, la incredulidad crece.
Todo esto se hace evidente a escasas dos semanas de las elecciones. Lo saben bien todos los que participan y por eso se amarran las navajas los contendientes diciendo que se requiere de un amplio margen de votos para legitimar los resultados. El caso es llegar al 3 de julio con un candidato electo por la diferencia que sea y con una satisfacción más que razonable con respecto al proceso.
Sea quien gane las elecciones tendrá que adaptar su programa de gobierno a las condiciones de los resultados electorales. En términos políticos deberá legitimar su triunfo más allá de las urnas y aplicar, en el terreno económico, sus propuestas en un marco en el que necesariamente habrá que hacer ajustes a las políticas que se han aplicado. Esto representa un ajuste al ajuste que se hizo a partir de la crisis de 1995. Por un lado hay cuentas por pagar que exigirán una parte de los recursos públicos durante todo el próximo gobierno. Por otro lado, no podrá evitarse hacer correcciones al modo de crecimiento de la economía, tanto por su concentración sectorial como por las brechas que provoca en el ámbito regional. Los equilibrios macroeconómicos que entregará este gobierno tienen dos puntos de fragilidad: uno corresponde a la posición fiscal del gobierno, y otro a la tensión que se crea por la necesidad de aumentar la tasa de crecimiento del producto frente a la fuerte restricción monetaria que impone el banco central.
El 3 de julio estaremos frente al escenario de los resultados electorales y el primero de diciembre entraremos al terreno de las adecuaciones económicas. En ambas fechas sacaremos las cuentas finales de esta administración. Las condiciones de la transición de gobierno son por esos motivos inciertas y por ello mismo es un momento relevante para el país.