DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2000
Alianza contra el fraude, Ƒy después?
* José Agustín Ortiz Pinchetti *
Al fin los opositores se han aliado. Gracias a una oportuna mediación de Manuel Camacho y tras semanas de descalificaciones furiosas, Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas firmaron un acuerdo de legalidad electoral para defenderse mutuamente de las maniobras del gobierno y del PRI, en las próximas semanas, en la jornada electoral y en la etapa de calificación posterior. Este acuerdo abre una vía de cooperación entre partidos que identifican como objetivo común derrotar y desmontar al régimen priísta y completar la transición.
Todo esto debe llamar poderosamente la atención de los observadores extranjeros. Por primera vez en la historia contemporánea la lucha por la Presidencia es una batalla cerrada. No hay posibilidades de un fraude masivo como el de 1988. Se ha construido un enorme aparato para administrar y vigilar las elecciones. El Presidente y el PRI declaran que están compitiendo en igualdad de condiciones con los demás partidos. Dicen haber aceptado las reglas de la competencia. Y hablan de la "normalidad democrática".
Sin embargo, los opositores tienen razón en unirse y demandar garantías para las elecciones del 2 de julio: en México todavía no existe la legalidad democrática ni hay competencia entre partidos con recursos equilibrados. En realidad los partidos de oposición luchan contra el gobierno y sus aliados que van a emplear todos los recursos para ganar a como dé lugar. Conforme más se acercan las elecciones y más difícil parece un triunfo claro de Francisco Labastida, más numerosas son las irregularidades y los abusos.
El PRI y el presidente Zedillo no deberían sorprenderse por la resistencia de los opositores y de gran parte del pueblo a creer en la transparencia electoral. Las operaciones de compra y coacción del voto, la presión sobre los funcionarios y empleados públicos para que voten por el PRI, el desvío de recursos, las maniobras para provocar temores en la población, se están multiplicando. Los medios electrónicos, que habían mostrado cierta apertura al iniciar el proceso, tienen una posición cada vez más tendenciosa a favor del PRI y de sus candidatos. En estas condiciones la pretensión de voceros oficiales y escritores oficialistas de que los resultados tendrán que ser acatados sin discusión por los opositores es levemente mal intencionada. La inclusión en el equipo electoral de Labastida de personajes vinculados con los fraudes electorales resulta amenazante. Lo es también la negativa del PRI de permitir una investigación a fondo sobre la estructura financiera de la campaña de Labastida a pesar de que el PAN y Fox habían aceptado un escrutinio semejante de sus propios recursos.
El acuerdo de los opositores no implica una alianza electoral; es simplemente un mecanismo para coordinar la tarea de investigación de arbitrariedades para acumular pruebas de actos ilegales y para unirse en las impugnaciones.
Parece que al fin los opositores han empezado a entender lo que quería decir Nicolás Maquiavelo cuando afirmaba que una potencia dominante no debe tener a sus enemigos débiles, aunque sean muchos, mientras pueda mantenerlos divididos. Es necesaria la coalición de las potencias menores para vencer juntos a la mayor. Pero no hay necesidad de leer al fundador de la ciencia política. Basta el sentido común.
La unión de los opositores puede moderar los abusos que está cometiendo el gobierno federal, y también puede ser la base para construir un frente único de impugnación de los resultados electorales. La tragedia del PRI y de Labastida es que nadie cree en sus buenas intenciones. Si perdieran por 10 mil votos, todo el mundo (hasta ellos) lo creería, pero si ganan por 500 mil nadie (ni ellos) creería en la limpieza del triunfo.
Como lo ha afirmado Labastida, si el resultado es demasiado apretado, va a haber un proceso poselectoral muy agitado y peligroso. Labastida tiene que vencer y convencer con una diferencia sustancial. Si el comando opositor acumula pruebas suficientes de violación a las leyes electorales y de presiones o regalos a los electores o de uso de recursos públicos a favor del PRI, éstas no sólo tendrán un valor jurídico sino se convertirán en recursos políticos para justificar acciones que pudieran llegar a la resistencia civil.
Se dice que el presidente Zedillo podría pasar a la historia si reconoce el triunfo opositor. No creo que a Zedillo le importe demasiado el futuro lejano. Si de veras quisiera abrirle las puertas a la democracia habría ya puesto freno a los abusos que está cometiendo el PRI. Por experiencia como observadores de procesos electorales reñidos sabemos que estas operaciones se deciden centralmente. El presidente, en acuerdo con el secretario de Gobernación, el candidato y los jefes del PRI, las decide y las pone en marcha. Se operan a nivel legal pero son supervisadas por agentes de la ciudad de México que reportan a Los Pinos y/o a Bucareli. Es posible que como en 1994 los votos se cuenten, pero es de temerse que las elecciones del 2000 vuelvan a ser inequitativas y por ello tramposas. *