DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2000
Ť La semana política en Estados Unidos
Ť Las ejecuciones de convictos, vehículos para triunfos electorales
Ť Los comicios, un cuento macabro de cómo ganar la presidencia
Ť Moda política, rechazar la pena de muerte que antes apoyaron
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 17 de junio Ť Las calaveras en las elecciones estadunidenses son resultado de un cálculo político que literal- mente las produce. Las muertes oficiales de Estados Unidos han sido claves en los triunfos electorales, y este país está produciendo calaveras, en esta coyuntura electoral, a un ritmo sin precedente en las ultimas décadas.
Pero ahora estas calaveras parecen estar provocando un nuevo debate y el futuro de la muerte oficial en Estados Unidos --la pena de muerte y las ejecuciones-- ahora forma parte del debate electoral.
No es la primera vez. Un estadunidense arrestado en Arkansas, estado natal del entonces candidato Bill Clinton, fue condenado a muerte y tuvo la malísima suerte de tener su cita para la ejecución justo en medio del año electoral de 1992. Ese señor, Ricky Ray Rector, ayudó a que Clinton ganara la elección presidencial. Rector fue un hombre que sufría serios daños cerebrales, y fue ejecutado por el estado de Arkansas en 1992.
El entonces candidato presidencial y gobernador de ese estado, Clinton, interrumpió su campaña para regresar a su entidad para presenciar la ejecución de Rector y así comprobar su apoyo firme a la pena de muerte. A nadie pareció importarle que Rector estaba tan mentalmente incapacitado que sólo se comió la mitad del pastel que fue parte de su última comida, y al avanzar lentamente hacia su muerte le pidió a los guardias que le hicieran el favor de guardar la otra mitad para "podérselo comer al rato".
La memoria del factor Rector en los cálculos electorales está muy presente ahora, ya que ha estallado un nuevo debate sobre la pena de muerte en este país, que tienen que evaluar los candidatos presidenciales, entre otros, dentro de sus estrategias electorales.
De hecho, se han presentado diversas propuestas durante los últimos meses para modificar la forma en que se aplica la pena de muerte y hasta moratorias limitadas sobre las ejecuciones en algunos estados. Esto ha sido impulsado por políticos que de repente se han preocupado por una serie de recientes investigaciones que demostraron serios errores legales en más de dos tercios de las 4 mil 578 condenas a pena de muerte realizadas entre 1973 y 1995.
Repensar el tema
El hecho de que en algunos de estos casos se descubrió a gente inocente sentenciada a morir (87 personas han sido liberadas del pabellón de la muerte después de que nuevas pruebas comprobaron su inocencia) y que, al parecer, se ha desplomado el apoyo del público para la pena de muerte, ha obligado a los candidatos a por lo menos pensar de nuevo el tema.
Una reciente encuesta de Gallup reveló que el apoyo por la pena de muerte está en su punto más bajo en19 años, a pesar de que 66 por ciento de los encuestados aún apoya las ejecuciones, aunque hace cinco años 80 por ciento de los cuestionados se pronunciaba en favor de ellas. Sin embargo, este nivel desciende a 52 por ciento en favor de la pena de muerte cuando existe la opción de condenas a cadena perpetua.
Las indicaciones de que esto empieza a preocupar a los candidatos incluyen el hecho de que este mes el gobernador de Texas, George Bush, suspendió por 30 días la ejecución de un "asesino serial", 20 minutos antes de que fuera ejecutado, para permitir que se le practicaran nuevas pruebas de ADN que podrían probar su inocencia. Durante los cinco años que Bush ha estado en el cargo se han llevado a cabo 131 ejecuciones bajo su mando y jamás ha suspendido una ejecución. Su firme apoyo a la pena de muerte provocó que Amnistía Internacional lo calificara de "asesino en serie".
Sin embargo, otros tres reos sí fueron ejecutados por el estado de Texas esta semana, y Bush de nuevo enfrenta otra decisión, una que ahora tiene un perfil nacional, cuando Gary Graham, un condenado a muerte que fue defendido por un abogado deficiente y sentenciado con base en declaraciones de un sólo testigo, tiene su cita con la muerte.
Esta semana, en el Congreso, dos de los promotores más duros de la pena de muerte, los senadores republicanos Orrin Hatch y el líder de la mayoría Trent Lott, presentaron un proyecto de ley que permitiría exámenes de ADN para los reos en las filas de la muerte. Hatch fue el autor de la legislación que limita las apelaciones de los condenados de muerte, pero hoy, al parecer, aun él esta preocupado de que esto podría llevar a una muerte de un inocente a manos del Estado.
Además, hay dos iniciativas legislativas más que buscan limitar la aplicación de la pena de muerte o imponer una moratoria hasta que hayan mejores mecanismos para asegurar que un inocente no sea ejecutado. Estas iniciativas fueron nutridas al nivel estatal, y la primera fue la decisión del gobernador republicano de Illinois, George Ryan, de imponer una moratoria sobre las ejecuciones en su estado en enero para evaluar su implementación eficaz como la existencia de medidas parecidas en seis estados más.
Matanza generalizada
Pero todo esto no ha significado que de repente se esté cuestionando la pena de muerte, ya que los principales candidatos presidenciales desde un comienzo han declarado su apoyo a la práctica. De hecho, el ritmo de las ejecuciones se ha incrementado. El año pasado se realizaron 98 ejecuciones, el número más alto desde 1951, y este año todo indica que esa cifra será superada.
En los 24 años desde que Estados Unidos autorizó de nuevo la pena de muerte, 640 reclusos han sido ejecutados por los 38 estados y el gobierno federal. Por lo tanto, los opositores a la pena de muerte no están celebrando, ya que no esperan que en ningún momento cercano este país se unirá a los 108 en el mundo que han abolido esta práctica, incluidos los países más desarrollados.
Por lo tanto, lo único notable es que por primera vez en mucho tiempo hay una disputa sobre la práctica y que esto afecta la campaña electoral. Como señaló la revista The Economist, el debate no es necesariamente bueno para los que promueven la abolición, ya que los políticos están maniobrando para que se enfoque no sobre el aspecto ético y moral del asunto, sino sobre los mecanismos para asegurar que sólo los culpables sean ejecutados.
En el ámbito electoral, Bush intenta protegerse contra acusaciones de que le importa poco si un inocente es ejecutado, mientras que el candidato demócrata, Al Gore, sólo ha mantenido su silencio en torno al asunto --esta semana confesó que se siente algo incomodo con el asunto--. De hecho, según un activista del Partido Demócrata, varios asesores de Gore han intentado convencerlo de declarar algo más firme sobre la pena de muerte, pero otros lo han convencido de que guarde silencio.
Los políticos aquí no están preguntando por qué los negros y los latinos representan 56 por ciento de los condenados a muerte y 42 por ciento de los ejecutados. Tampoco parece preocupar a la justicia la muerte de un hombre con capacidad mental tan limitada que está esperando regresar de su ejecución para comerse la otra mitad de su pastel. Aquí la pregunta es sólo cómo hacer que la pena de muerte sea aplicada más acertada y eficientemente. Las calaveras continúan sirviendo para ganar elecciones.