* Aumentó 400% la muerte de migrantes por la Operación Guardián
Crece violación a derechos humanos de indocumentados
Angélica Enciso /I * A cinco años de que Estados Unidos puso en marcha la Operación Guardián en los línderos de California con México, el resultado ha sido un incremento del 400 por ciento en las muertes de indocumentados, que en este momento suman 527 en sólo esta área, mientras que en toda la frontera el gobierno mexicano estima un promedio anual de 330.
El amplio operativo de vigilancia en esa zona fronteriza que ha instrumentado Estados Unidos no desalentó la migración, pero el número de detenciones creció en un 50 por ciento, al pasar de un millón en 1994 a 1.5 millones en 1999, según datos del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.
En la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, donde en 1997 entró la tercera etapa de ese programa, con el nombre de Operación Río Grande, desde 1993 el número de muertes fue en crecimiento y hasta el momento se han registrado 872 casos, según reporta el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos.
Pero aun detrás de esas muertes y detenciones, está una cadena de violaciones a los derechos humanos de los indocumentados que se dan desde que contratan al pollero, que los puede dejar abandonados en el camino, luego de haberles cobrado desde mil 300 a mil 800 dólares, hasta el momento de la detención, el traslado, la reclusión y la deportación, señalan organizaciones no gubernamentales.
Con una inversión estimada de mil millones de dólares, sofisticados equipos de vigilancia para detectar la presencia de los migrantes y medidas legales para repatriarlos aun siendo residentes del país, este programa comenzó a vivir sus momentos más dramáticos en su tercera etapa, con la que se extendió a otros estados fronterizos, además de California.
En su primera fase, la Operación Guardián buscó evitar el paso de los indocumentados desde el océano Pacífico hasta las montañas de Otay, en California, donde tradicionalmente se hacía el 40 por ciento de las detenciones; en su segunda etapa, puesta en marcha en 1996, se pretendió desviar el tráfico migrante hacia el terreno montañoso, donde la mitad del año las temperaturas son muy bajas y las muertes por hipotermia eran previsibles. En 1997, 16 personas murieron congeladas, señala un análisis de California Rural Legal Asistance Foundation, organización con sede en San Diego.
Añade que con la tercera etapa, que entró en vigor en 1997 en la frontera de Brownsville con Tamaulipas, se buscaba desviar el tráfico hasta el centro del país, con lo que el camino de los indocumentados se orientó al desierto; un año después 39 personas murieron por insolación, ''etapa por etapa, Guardián se ha vuelto más mortal y las causas de las muertes van correlacionadas con las etapas''.
La policía fronteriza dispone de equipo sofisticado para vigilar la migración ilegal: armas de tipo ofensivo, lentes infrarrojos para descubrir a los migrantes por el calor de su cuerpo, helicópteros, equipo de espionaje entre el que se encuentran sensores, avionetas, globos aerostáticos, cámaras de televisión, aviones, perros entrenados para detectar personas, triciclos de todo terreno, potentes reflectores para iluminar grandes tramos de la frontera.
Frente a ello, los indocumentados han optado por buscar caminos menos vigilados y transitados, pero más riesgosos, para intentar pasar a ese país, por lo que se han visto obligados a pasar por el desierto o cruzar a nado los ríos.
En California, donde el programa lleva más tiempo, la principal causa de muerte de los trabajadores migratorios indocumentados es el ahogamiento en el canal All American y en los afluentes del río Colorado; en segundo lugar está la insolación por las altas temperaturas del desierto que llegan hasta los 50 grados centígrados, y en tercero se tienen las persecuciones policiacas, reporta el análisis Migración en la frontera norte, elaborado por Albergue Juvenil del Desierto de Mexicali, Casa del Migrante de Tijuana y Centros de Apoyo al Migrante, entre otras organizaciones.
Cuando los migrantes son detenidos por la policía fronteriza relatan que generalmente son maltratados al momento de la persecución. Seguido a esto, son trasladados a centros de deportación, pero en el tránsito son hacinados en los vehículos y ni siquiera se les da agua ni cuentan con primeros auxilios, señala el documento de las ONG.
Agrega que una vez que son instalados en los centros, también son amontonados en pequeños espacios cerrados y las quejas más frecuentes son las condiciones insalubres, excesos en la temperatura artificial, falta de alimentos y de agua. En la última fase, en la deportación, por las garitas mexicanas, el trato que los vigilantes dan a sus connacionales ''dista mucho de ser humano'' y además de las malas condiciones en que son transportados son esposados.
Las autoridades mexicanas actúan en forma discriminatoria, ya que por su forma de vestir o por andar cerca de los cruces fronterizos son detenidos y llevados a revisiones públicas donde se les denigra y discrimina, abunda el texto. Señala que en los retenes federales o policiales generalmente se les extorsiona, además de que los funcionarios migratorios rechazan de entrada a los centroamericanos.
Escaso apoyo
El gobierno mexicano tiene responsabilidad muy seria con los migrantes porque no sólo no les ha creado condiciones de empleo y de vida en su propio país, sino que tampoco protestó por las modificaciones que Estados Unidos hizo de su política migratoria, en la que considera al migrante como criminal, señala en entrevista Blanca Villaseñor, del Albergue del Desierto de Mexicali.
La defensa del gobierno mexicano con los migrantes debería ser más enérgica, poco les retribuye a estas personas que significan la tercera fuente de divisas para el país, considera por su parte Fabienne Venet, del grupo Sin fronteras. Entrevistadas en la oficina de esta organización sobre el fenómeno migratorio consideran que la respuesta del gobierno a los problemas sociales siempre han sido acciones policiacas.
Argumentan al respecto que el Grupo Beta, creado originalmente para proteger a los connacionales en las zonas fronterizas, actúa como policía, no está capacitado y su ayuda ha sido poca. Advierten que desde febrero pasado presentaron al Instituto Nacional de Migración una propuesta para restructurar este grupo, pero las citas les han sido aplazadas y no ven que sus planteamientos vayan a ser atendidos, ya casi al termino del sexenio.
Las especialistas destacan que sumado a esto, ha crecido la actitud xenofóbica de distintos sectores sociales de ese país, lo cual su mismo gobierno ha impulsado con el tipo de políticas que establece, pues hasta el momento no ha hecho una condena pública a las muertes ni a la actitud de los rancheros que hacían la campaña de ''cazar indocumentados''.
Venet insiste en que el gobierno debe asumir una actitud más firme y para empezar debe exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales sobre devolución de mexicanos, ya que estos tampoco se respetan.
El gobierno debe llevar a instancias internacionales el cuestionamiento a la política migratoria de Estados Unidos, nación que no ha firmado la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, lo cual va contra el derecho internacional, señaló Venet.
Para muchos indocumentados sus problemas terminan en el intento de pasar la frontera, para los que logran reabasarla continúan. Una vez que se establecen en Estados Unidos se deben enfrentar a más violaciones a sus derechos humanos: discriminación social, laboral y persecución policiaca, afirman las especialistas.