JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000

* Alega presunto financiamiento ilegal a la campaña del guanajuatense


El PRD presenta denuncia contra Fox ante el IFE

* Incluye en ella a la Alianza por el Cambio y a la asociación civil que apoya al candidato panista

* Se encuentran identificadas aportaciones prohibidas por el Cofipe, explica Jesús Ortega Martínez

José Antonio Román * El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una denuncia en contra de la Alianza por el Cambio y su candidato Vicente Fox, por presunto financiamiento de su campaña política con recursos del extranjero y a través de distintas empresas mexicanas de carácter mercantil, algunas de ellas propiedad de los hermanos del candidato presidencial, así como por parte de la asociación civil Amigos de Fox.

La denuncia, presentada por Jesús Ortega Martínez, representante de la Alianza por México ante el IFE, señala que la investigación resulta ''indispensable'', no sólo porque se encuentran identificadas aportaciones que prohíbe el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), sino además porque el mismo código establece como única fuente del financiamiento durante las campañas electorales las aportaciones de los simpatizantes hasta un límite predeterminado.

Se solicita a la Comisión Fiscalizadora de los Recursos de los Partidos y las Organizaciones Políticas, que pida a la Alianza por el Cambio un ''informe detallado'' de sus ingresos y egresos, y que ordene visitas de verificación a las oficinas de dicha coalición electoral a fin corroborar la veracidad de sus informes.

Sin mencionar alguna sanción específica, la queja establece que las conductas denunciadas son sujetas de penas por el mismo código electoral, pues si se permitiera que la Alianza por el Cambio reciba financiamiento ''ilegal'' para sus campañas, dejaría en una ''situación de iniquidad'' al resto de los participantes en la contienda electoral.

En las 16 cuartillas que conforman la denuncia del Partido de la Revolución Democrática, se señala que la empresa denominada Vegetales Frescos ųpropiedad de Juan Pablo Fox Quesada, hermano del candidato presidencial de la Alianza por el Cambioų financió la campaña política. A esto se suman las transferencias detectadas por distintas agencias de Estados Unidos en contra de otro de los hermanos del aspirante del PAN y PVEM, Cristóbal Fox, el cual ha realizado transferencias por más de 30 millones de dólares que se han utilizado también para la campaña electoral.

Existe asimismo, un vínculo directo entre el momento en que dieron inicio las actividades de la asociación Amigos de Fox y cuando ocurrieron los movimientos financieros irregulares en las cuentas de Juan Pablo Fox Quesada, financiamiento que a la postre tuvo también como destino la campaña del candidato de la Alianza por el Cambio a la Presidencia de la República.

De igual forma, la denuncia señala que hay ''indicios claros'' de que uno de los personajes que más dinero han aportado de manera ilegal a los Amigos de Fox es Sada Zambrano, tal como se menciona en una lista que dio a conocer recientemente el diputado Pablo Gómez.

El IFE recibió la denuncia del PRD acompañada de tres anexos que contenían diversas pruebas, entre las que están publicaciones periodísticas ųvarias de ellas de La Jornadaų y documentales públicas, como las averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR) números APR-195/00-III, 87/DGMOEB/2000 y relacionadas.

Y es que el artículo 49 del Cofipe dispone como una prohibición, que no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, así como las empresas mexicanas de carácter mercantil.

La queja perredista cita también el artículo 73 del Código, el cual establece con claridad la facultad que tiene el Consejo General del IFE, en su calidad de órgano superior de dirección, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como la de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto.