JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000

* Tampoco habrá capitulación oficial, advierte


Ante Cocopa, Rabasa descarta solución armada en Chiapas

* La matanza en El Bosque no agudiza el conflicto, asevera

Andrea Becerril * El coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, aseguró ayer a los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que no hay intención alguna del gobierno federal de dar una solución armada al problema con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ni una mayor militarización en la zona de conflicto, y sostuvo que, por grave que resulte el asesinato de siete policías en el municipio de El Bosque, éste no agudiza la situación en la entidad.

Hay varias hipótesis que las autoridades judiciales investigan, reveló, entre ellas que el crimen lo perpetraron paramilitares.

El funcionario entregó además a los legisladores un documento titulado La estrategia gubernamental para Chiapas, en el que advierte que el gobierno federal no acudirá a la represión contra el EZLN, pero tampoco a la capitulación.

Rabasa señala en ese escrito que a partir de 1998 se han polarizado las posturas en torno a la rebelión zapatista: "Por un lado, la de quienes consideran que debe emplearse la fuerza del Estado y sofocar con ello la insurrección armada, y en el otro extremo se quiere que el gobierno acepte plenamente todas las exigencias del EZLN para reanudar el diálogo, se retire el Ejército de Chiapas o lo reposicione y se apruebe el proyecto original de la Cocopa".

Una acción de fuerza, agregó, en lugar de solucionar el conflicto "lo extendería en tiempo y espacio, dejando al país una herida difícil de sanar", y la segunda opción "equivale a una suerte de capitulación del Estado mexicano, de manera incondicional, ante un grupo armado".

Esto, abundó, "sólo abriría las puertas de par en par para que la lógica de la violencia armada, y no la del diálogo, prevalezca en el país".

En entrevista posterior, luego del encuentro ųque duró menos de una horaų con los integrantes de la Cocopa, declaró que por encargo del secretario de Gobernación informó a los legisladores que "en modo alguno está pensado ni previsto un acto de fuerza contra el EZLN y sus comunidades, ni antes ni después de las elecciones del 2 de julio".

Aseguró también que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue varias líneas de investigación en torno a los recientes hechos violentos en El Bosque, entre éstas que pudo tratarse de una acción contra el presidente municipal de ese ayuntamiento, una reacción por la reciente incautación de armas que llevó a cabo el Ejército Mexicano, un asunto relacionado con el narcotráfico o una agresión de "grupos de civiles armados", es decir, de paramilitares.

Agregó que se ha reforzado el dispositivo de vigilancia en El Bosque, pero sin incrementar el número de efectivos militares o policiacos en Chiapas. Lo que se hizo, expuso, fue desplazar a soldados y elementos de seguridad que estaban en comunidades vecinas, como Simojovel.

El coordinador insistió en que no se trata de una provocación montada por el gobierno federal, e informó que la Secretaría de Gobernación tiene pensado firmar un convenio con la ONU para aplicar en Chiapas un esquema de observación de los comicios locales paralelo al que se aplicará a nivel nacional.

Prometió que no habrá restricciones para que los 200 visitantes extranjeros registrados hasta el momento para asistir como observadores a los comicios del 2 de julio, acudan también a Chiapas.

El 5 de julio será el nuevo encuentro del organismo

Los integrantes de la Cocopa, por su parte, acordaron reunirse de nueva cuenta hasta el próximo 5 de julio, aunque estarán a la expectativa.

Las posturas encontradas se pusieron de nuevo de manifiesto, pues mientras los perredistas Carlos Payán Velver y Gilberto López y Rivas advirtieron que la Cocopa debe salir de la situación "larvaria" en que se encuentra y trasladarse a Chiapas, el priísta Francisco Javier Gil Castañeda advirtió que esa comisión "no es agencia del Ministerio Público y, por tanto, no tiene por qué acudir a investigar el asesinato de policías".

Los legisladores del tricolor sólo aceptarían viajar a la zona de conflicto si el EZLN lo solicita, aclaró.