MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2000
Ť Inicia análisis en la zona ante la deforestación
Cancela Semarnap permisos para talar en la Tarahumara
Ť Siguen abiertas las 31 denuncias interpuestas por indígenas
Matilde Pérez U. Ť La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente iniciaron un análisis, a profundidad, de cuáles son los ejidos y cuántos los poseedores del bosque de la Tarahumara; determinar cuántos permisos de aprovechamiento forestal tienen, y si éstos fueron concedidos, por la vía de la renta, a empresas madereras o a particulares.
Por lo pronto, la autoridad ambiental ya canceló la posibilidad de ampliar o de otorgar más concesiones de explotación para esa región boscosa.
Asimismo, aseguró que no han cerrado ninguno de los 31 expedientes de denuncias interpuestas por los indígenas rarámuri por la tala clandestina, y aclaró que si bien el proceso carece de la celeridad exigida por los indígenas es porque "se tienen que cubrir las formalidades administrativas y legales. La intención es tener un proceso bien amarrado, que lleve a una buena conclusión, para impedir la interposición de amparos o de otros recursos legales. No queremos pleitos mal instaurados", aclaró la delegada de la Profepa en Chihuahua, María del Pilar Leal.
Agregó que hay cuatro denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República, una de ellas en contra de Romualdo Olguín, propietario de cinco aserraderos, además de cuatro querellas en materia administrativa, que culminaron en una multa por 175 mil 740 pesos, cuyo monto se entregó al municipio y corresponde a los indígenas exigirle al alcalde el retorno de ese dinero para sus comunidades.
"La autoridad ambiental no puede decidir la entrega del monto de las sanciones a las comunidades indígenas", abundó. Aseguró que no hay ningún menosprecio a las peticiones de los indígenas en la investigación de los taladores clandestinos, pero corresponde a ellos dar nombres y especificar los lugares donde se realizan los actos ilícitos, "no podemos aceptar denuncias generales porque tampoco podemos proceder en contra del ejido".
Por lo pronto, dijo Leal, ya hay mayor control para impedir la salida de madera clandestina, e incluso desde el año pasado se iniciaron inspecciones a los aserraderos para confirmar su legalidad y permisos; "sabemos que nuestros mejores ojos e inspectores son los indígenas, por ello continuará el diálogo y el seguimiento de su problema. La próxima semana habrá una reunión, en la que estarán autoridades de la Comisión Nacional del Agua, Semarnap y Profepa; el 30 de junio se efectuará otra junta y la respuesta se deberá dar en no más de tres meses", aseguró.