SABADO 10 DE JUNIO DE 2000
Ť Sus abogados apelaron ante la Corte Suprema de Justicia chilena
Alega Pinochet que desaforarlo fue "un agravio"
Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 9 de junio Ť La defensa de Augusto Pinochet apeló hoy ante la Corte Suprema de Justicia por el desafuero parlamentario de que fue objeto esta semana por una instancia menor, bajo el alegato de inocencia de los cargos imputados y porque --aseguró-- se cometió "un agravio" en su contra.
La apelación se presenta "con el objeto de que se enmiende el agravio con arreglo a derecho que se ha cometido, según la opinión de la defensa", señaló el abogado y coronel retirado Gustavo Collado. Cuando éste interponía el recurso, tres nuevas querellas criminales contra su cliente eran introducidas ante los tribunales.
"Creemos que no existe ningún antecedente, no existen indicios ni sospechas de participación alguna del senador (vitalicio) Augusto Pinochet en los cargos que se le imputan", agregó en relación a la acusación de ser autor-inductor del secuestro de 19 opositores en octubre de 1973 en el llamado caso de la "caravana de la muerte", la eliminación física selectiva de disidentes al régimen militar en el norte del país.
Acorde con algunos detalles que se conocieron, el recurso se basa en la absoluta "inocencia" del ex dictador, ya que fue un fallo "abusivo y agraviante en la persona del ex presidente de la república", por lo que se pide enmendar el fallo adverso emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El equipo de siete abogados defensores considera que no corresponde a las cortes pronunciarse sobre el desafuero sino al Congreso tras un juicio político, y en la apelación de hoy también se insta a la Corte Suprema que ordene la realización de exámenes médicos a Pinochet antes de adoptar una resolución.
No obstante, el jurista Eduardo Contreras dijo confiar en que la Corte Suprema confirmará el desafuero, "por un análisis de lo que son los jueces y por su actitud en temas de derechos humanos". El máximo tribunal aceptó la figura legal del "secuestro calificado" para casos de los desaparecidos, rescatando dichos delitos y sepultando la amnistía de 1978.
En su fallo la Corte de Apelaciones determinó que hay "fundadas sospechas" sobre la culpabilidad del veterano militar, y en caso de confirmarse tal dictamen Pinochet quedaría expuesto a afrontar más de un centenar de querellas judiciales de familiares de las víctimas de la represión, desatada durante y después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende.
Sin embargo, fuentes jurídicas estiman que el proceso podría demorar unos dos años, además de que analistas creen que si el ex dictador es hallado culpable por la justicia chilena el presidente Ricardo Lagos lo indultará, un gesto político para sepultar definitivamente el pasado y buscar la reconciliación entre todos los chilenos, víctimas y victimarios.
Mientras, este día se presentaron tres nuevas querellas contra Pinochet para sumar 113, y ellas se refieren al homicidio el 11 de septiembre de 1973 del guardia presidencial Gonzalo Jorquera Leighton, al secuestro y desaparición en julio de 1974 de Luis Valenzuela Figueroa, y del ingeniero Silvio Betancourt en 1973.
En relación con la mesa de diálogo cívico-militar que estaría a punto de alcanzar un acuerdo sobre el tema de los detenidos desaparecidos, los familiares de las víctimas dijeron que no aceptan una instancia paralela después de tanto años de omisiones de la justicia y justo cuando ésta se decidió a investigar.