VIERNES 9 DE JUNIO DE 2000

* Para ello se crearon empresas y una comercializadora de electrodomésticos


Dinero para comprar Tv Azteca habría pasado antes por 5 países

* Se desconocen sus sedes y oficinas; sólo existen los documentos constitutivos, revelan fuentes

Elia Baltazar * Antes de llegar a Tv Azteca, los 29.5 millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego para la compra de Televisión Azteca se triangularon entre Nueva York, Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza y Panamá.

Para hacer transitar los recursos, que al parecer tenían como destino el Medio Oriente, se crearon diversas empresas en estos países y una comercializadora de electrodomésticos en Panamá, de las cuales no se encontraron más que los documentos constitutivos, pues no se ubicaron sedes ni oficinas, según informes de diversas fuentes que en su momento investigaron la procedencia del dinero con que se obtuvo la televisora, y que fue motivo de investigación en la Cámara de Diputados y en la Procuraduría General de la República.

Las fuentes consultadas consideraron necesaria, por tanto, la declaración de Raúl Salinas para esclarecer el origen del dinero para la compra de la televisora, que actualmente investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en torno del homicidio de Paco Stanley.

En su caso, durante su comparecencia como testigo sobre el asesinato de Francisco Stanley, el pasado 26 de mayo, Ricardo Salinas Pliego se comprometió con las autoridades judiciales a entregar, "en un par de semanas", información precisa sobre el origen del dinero para la adquisición de Tv Azteca, plazo que está a punto de cumplirse.

Anteriormente, la PGJDF ya había solicitado a Salinas Pliego documentación al respecto, según se apunta en un comunicado dado a conocer ayer por la dependencia, en el que explica que el 15 de diciembre de 1999 y el 15 de febrero de 2000, el MP requirió formalmente al presidente de Tv Azteca información sobre el financiamiento y pago para la compra de la televisora.

En los oficios de respuesta a estos requerimientos, informa la PGJDF, suscritos por Francisco Javier Borrego Hinojosa, no se satisficieron los requerimientos de información solicitados por el MP, como sucedió también durante la declaración de Salinas Pliego, por lo que con fecha 5 de junio el MP hizo el requerimiento formal al empresario de la información que necesitaba, la cual se ofreció a entregar en un periodo de dos semanas.

En su comunicado de prensa, la PGJDF también advierte que fue a partir de las mismas declaraciones de Salinas Pliego que se requirió nuevamente el testimonio de Raúl Sánchez Carrillo, Tristán Canales, Luis Padua, Martín Luna Ortigoza y también de Sergio Sarmiento, pues los señala como testigos pertinentes para responder sobre los cuestionamientos del MP con respecto al manejo informativo de la televisora en los hechos sobre el asesinato de Stanley.

El empresario indicó que fuese a ellos y no a él a quienes se les debería requerir la información correspondiente. Y por ello "se le hizo una atenta solicitud para que por su conducto comparecieran los testigos que él mismo ofreció", y quienes debieron presentarse a declarar ayer, previo envío de un citatorio.

No sucedió así, y en su lugar Sánchez Carrillo envió una carta a las autoridades en la que señala que Ricardo Salinas Pliego no es auxiliar del Ministerio Público, por lo que no corresponde a éste cumplir con sus funciones.

Por lo anterior, la Procuraduría capitalina envió un segundo citatorio a Sánchez Carrillo para que se presente a declarar el próximo martes, mientras Sergio Sarmiento se presentará hoy ante las autoridades, acompañado de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ante la cual presentó ayer una queja.

Sarmiento se presentó ayer a las oficinas de la CDHDF a las 11 de la mañana y fue atendido por Hilda Hernández, responsable del área de quejas y por el primer visitador José Antonio Aguilar Valdés, ante quienes presentó la queja CDHDF/121/00/CUAUH/D2893.000, por considerar que el citatorio enviado por la PGJDF para que presente su declaración es un acto de intimidación y atenta contra sus garantías individuales.

La CDHDF, por su parte, envió un oficio al director de Derechos Humanos de la PGJDF, Juan Carlos Solís, en el que solicita, "sin prejuzgar sobre los hechos", que los funcionarios de la dependencia respeten las garantías individuales de Sarmiento, que se eviten actos de violencia, así como iniciar una averiguación previa improcedente.

También piden que no se incurra en el ejercicio arbitrario de algún tipo de acción penal en su contra, que la comparecencia se limite a las diligencias establecidas en el tiempo estrictamente indicado, y que se permita que un visitador de la CDHDF se encuentre presente.

El ombudsman capitalino solicita, además, que en caso de que se envíen nuevos citatorios, éstos se elaboren conforme al formato establecido.