LIBERTAD DE EXPRESION EN EL SEXENIO

El sexenio que está por terminar deja un saldo claramente positivo por lo que se refiere al desarrollo de la libertad de expresión. De manera perceptible, del primero de diciembre de 1994 a la fecha, los medios informativos que así lo han querido han ensanchado los ámbitos, los tópicos, la profundidad y la diversidad de su tarea, sin que ello diera lugar a las tradicionales presiones más o menos sutiles con que el poder federal solía, en tiempos no muy remotos, procurar el sometimiento -o el silenciamiento- de foros e informadores.

Ciertamente, los riesgos de la distorsión, la cooptación o la represión simple por parte del poder público, no han desaparecido para los medios y los periodistas. Desde diversos niveles estatales y municipales se sigue recurriendo a esas prácticas perversas y en no pocos casos se producen los resultados deseados: la corrupción o el amedrentamiento de los sujetos del trabajo informativo y, en consecuencia, la desinformación o la manipulación de la opinión pública. Pero, por lo que se refiere al ámbito de atribuciones del presidente Ernesto Zedillo y de sus colaboradores, ha sido perceptible el respeto al quehacer informativo.

El mérito de los avances en esta materia corresponde, en primer lugar, a una sociedad que desde hace doce años ha venido demandando, incluso con movilizaciones, información de buena fe, independiente, verificada y ajena a las distorsiones inducidas por el poder público; corresponde, asimismo, a los medios impresos o electrónicos y a los periodistas que han optado por el ejercicio responsable de la libertad de expresión y rechazado, en consecuencia, participar en la añeja red de complicidades y prebendas que por décadas vinculó a la generalidad de los medios informativos con el sistema político. Pero debe reconocerse que, a lo largo de los últimos cinco años y medio, el gobierno federal no ha puesto obstáculos ni cortapisas a esta transformación que, en última instancia, se traduce en un ensanchamiento de la cultura democrática en el país.

En este balance positivo y plausible, sólo cabe lamentar que no se haya logrado, en el presente sexenio, enterrar de una vez por todas el absurdo ritual del Día de la Libertad de Expresión. Pero, a la luz de los avances en la materia, la persistencia de ese formalismo anacrónico no tiene ya mayor importancia.