Miguel Concha
Candidatos y partidos

PARTIENDO DEL ANALISIS DE QUE la construcción de un nuevo sindicalismo no se dará automáticamente con la transición a la democracia, porque existen candados institucionales que seguirán sosteniendo las inercias corporativas y dificultarán la creación de un entorno institucional afín con las transformaciones del sistema político, un grupo numeroso y significativo de organizaciones sindicales independientes viene consensando desde hace más de un año una agenda laboral y un programa de gobierno --que en estos días presentan a los candidatos a la Presidencia de la República, a diputados federales y a senadores--, con el propósito de que se comprometan a realizar las reformas indispensables para lograr un cambio en el actual modelo, que ha llevado a nuestro país al nivel de corrupción más alto del mundo en materia laboral.

En su Acuerdo sobre 20 Compromisos por la Libertad, la Democracia Sindical y el Cumplimiento de los Derechos Individuales y Colectivos de los trabajadores, recogen algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical independiente en torno al derecho humano y constitucional al trabajo, el ejercicio pleno de la libertad y autonomía sindical, las garantías para una contratación colectiva legítima y el fortalecimiento de la justicia laboral, con la convicción de que transformadas en compromisos y hechas las reformas políticas, legislativas e institucionales correspondientes, serán sin duda un factor esencial para la modernización integral del mundo del trabajo, en un esquema de libertad y corresponsabilidad entre los factores de la producción, para beneficio de los trabajadores, el aparato productivo y, en general, la población mayoritariamente trabajadora del país.

A propósito del cumplimiento del derecho al trabajo, con claridad proponen situar el trabajo como punto central de importancia en los tratados comerciales, renegociando, si es preciso, tales instrumentos para cumplir con este objetivo e impulsar, al mismo tiempo, una política que promueva la inversión productiva y coloque al mercado interno como motor del desarrollo, rediseñando la estrategia comercial en el plano internacional en el contexto de la soberanía nacional. En la dinámica de la reactivación productiva y de consumo del mercado interno, proponen igualmente diseñar con los actores de la producción y los servicios una estrategia para impulsar un programa de generación de empleo, capacitación y recuperación salarial, contando para ello con el asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, en concordancia con la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague, convocar en una cumbre nacional a todos los actores interesados, con el fin de analizar la realidad y la normatividad laborales, dando pauta a consensos y a políticas institucionales en la materia.

Con relación al derecho humano a la libertad de asociación y a la autonomía sindical, vuelven con razón a insistir en el derecho de los trabajadores a pertenecer o no a un sindicato, sin ningún tipo de hostigamiento o discriminación; en la eliminación del trámite de registro y de la "toma de nota" de las directivas ante la autoridad laboral; en su elección por voto universal, secreto y directo; y en instaurar de manera independiente al Poder Ejecutivo y con fines exclusivos de publicidad, un sistema público y transparente de registros sindicales y contratos colectivos, mediante la creación de un organismo público autónomo. Consecuentemente proponen que el gobierno mexicano ratifique y cumpla con el Convenio 98 de la OIT, así como, una vez más, que se amplíe en materia laboral la competencia tanto de la CNDH como de los organismos públicos de los derechos humanos de los estados, y se derogue el apartado "B" del artículo 123 constitucional.

Además de una serie de garantías fundamentales para una contratación colectiva legítima, para fortalecer la justicia laboral piden, entre otras cosas, el establecimiento de mecanismos de profesionalización, apoyo presupuestal, capacitación y servicio civil de carrera, que permitan un desarrollo eficiente de los tribunales de trabajo, independientes del Poder Ejecutivo y dependientes del Judicial, así como medidas en contra de los actos de simulación jurídica que favorecen los contratos de protección patronal, la incorrecta utilización de cuotas sindicales, las bandas de extorsionadores y los grupos que ejercen presión física contra los trabajadores.

Ante tales demandas, veremos realmente quiénes de los candidatos están en verdad dispuestos a garantizar los derechos humanos de los trabajadores mexicanos y a cambiar, en consecuencia, las políticas económicas y laborales del gobierno.