JUEVES 1o. DE JUNIO DE 2000
* Queja opositora por desvío de fondos a favor del PRI
Investigará el IFE si inhibirá el voto en Chiapas la militarización
* La Alianza por México pide sancionar el uso electoral del Progresa
Alonso Urrutia y Mireya Cuéllar * El IFE solicitará a sus consejos distritales en Chiapas un informe pormenorizado en torno a si la ubicación de los retenes militares que existen en la entidad podría interferir con el derecho ciudadano de movilizarse para votar el próximo 2 de julio, informó el presidente del organismo, José Woldenberg.
Al dar respuesta a la inquietud del representante de la Alianza por México, Jesús Ortega, quien planteó que la militarización del estado inhibirá a los votantes, Woldenberg dijo que antes de reunirse con funcionarios del gobierno federal era necesario que el IFE contara con un diagnóstico propio de la incidencia que pudieran tener ese tipo de retenes.
Por otro lado, la Alianza por México entregó formalmente una queja administrativa en contra del PRI por el uso electoral del Progresa en Chiapas. En el escrito se demanda sancionarlo por la manipulación de recursos públicos y la distribución de propaganda priísta.
Paralelamente se dio a conocer la misiva que enviaron los consejeros electorales al presidente Ernesto Zedillo, a los 31 gobernadores y a la jefa del gobierno capitalino. En ella solicitan "suspender las campañas de divulgación sobre las acciones emprendidas por el gobierno, que no se refieran a programas cuya comunicación social sea impostergable, desde el próximo 2 de junio y hasta el final de la jornada electoral".
Al justificar la solicitud, indican que un gesto de esta naturaleza "contribuiría a construir un ambiente más propicio a la imparcialidad y a la equidad del proceso electoral en curso, al evitar que la legítima publicidad sobre las obras y los programas gubernamentales tienda a confundirse con la propaganda electoral que realizan los partidos y sus candidatos".
Casi al finalizar otra larga sesión del Consejo General del IFE, Ortega abordó el tema de la militarización en Chiapas y la jornada electoral. Mencionó que la presencia del Ejército en aquella entidad podría ser un factor que afectara la participación ciudadana y argumentó que, constitucionalmente, el Ejército no puede asumir otras funciones en tiempos de paz. Por ello, pidió que se solicitara una reunión con las autoridades, a fin de gestionar que el día de la elección se retiraran los retenes.
En respuesta, Woldenberg dijo que antes de definir si es viable gestionar una reunión de esa naturaleza, era necesario conocer la información directa de los consejos distritales, lo que permitirá tener un diagnóstico y "determinar qué sería lo conducente".
Los consejeros electorales Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa respaldaron a Woldenberg en su propuesta de conocer de modo más cercano el efecto que podría tener en los comicios la militarización de Chiapas. Cárdenas fue más allá e insistió en que las funciones que está ejerciendo el Ejército actualmente en aquella entidad son anticonstitucionales.
En la queja presentada por Ortega se parte del reconocimiento público que el PRI ha hecho de la "injerencia del gobernador de Chiapas". Se afirma que el mandatario estatal ha puesto a disposición del PRI recursos públicos para la campaña de su candidato a la Presidencia.
La queja indica que el programa Red Ciudadana Correcaminos busca la promoción directa del voto hacia el PRI "para mantener y fortalecer los logros alcanzados en el medio rural destinados a mejorar la educación, la salud y la alimentación de los ciudadanos más pobres del campo mexicano".
Argumenta que con ello se intenta relacionar al PRI con los beneficios del programa, para lo cual los promotores del Progresa actúan en Chiapas en contubernio con líderes locales del PRI.
Señalan que se convoca a reuniones del Progresa y junto con la información del mismo se hace entrega de folletos del candidato priísta, Francisco Labastida Ochoa.
En la denuncia se cita a los funcionarios Fidel Yamazaki, responsable del programa Red Ciudadana Correcaminos; Mario Ruiz Ovando, coordinador operativo; Martín Casillas Hernández, coordinador en la Sierra; Rogelio Gómez López, coordinador en los Altos; Francisco Ovando Ruiz, coordinador en el Istmo y Costa, y Carlos Aguilar Balcázar, coordinador en la región Norte.
Tras señalarlos como responsables de los delitos de desvío de recursos públicos, la Alianza por México considera que "al acreditarse al PRI la estructura de un plan social como Progresa, se convierte en beneficiario pecuniario de dicho programa de manera indirecta".
Añade que su manipulación se convierte en un "acto éticamente insostenible, por la vinculación de la gente a la que está destinada, aquellos que se encuentran en la extrema pobreza".
Validan el padrón y el listado nominal
El Consejo General validó ayer la lista nominal de 58.7 millones de ciudadanos que estarán en posibilidades de votar el próximo 2 de julio. La cifra, dijo Woldenberg, implicó el crecimiento de 11 por ciento con respecto de 1997, la proporción más elevada que se haya dado entre una elección y otra.
En ese lapso, el número de errores atribuibles al Registro Federal de Electores representa el 0.002 por ciento. Destacó además que tiene una cobertura de 99.3 por ciento, una de las más elevadas a nivel mundial. Por todo ello indicó que el padrón es el más confiable que se haya tenido, aun a pesar del ritmo de crecimiento demográfico.
Sería el consejero Juan Molinar quien tras exaltar la validez del padrón desglosara las cifras de sus deficiencias: una desactualización de 16 por ciento e inconsistencias que afectan la emisión del sufragio que oscilan entre 3 y 5 por ciento.
Los argumentos de Woldenberg fueron rebatidos por el representante de la Alianza por México, José Barberán, quien planteó que si bien no está en duda la buena fe de la autoridad, es claro que existe un "sobreempadronamiento" ųun crecimiento mayor de empadronados que de ciudadanosų en mil 300 municipios de los 2 mil 400 que hay en el país. En promedio, abundó, la cifra a nivel nacional es de 6 por ciento.
Agregó que muchos de los sitios donde existe sobreempadronamiento coinciden con "los municipios donde actúa Progresa o Procampo". Ante este fenómeno, advirtió, se abre la posibilidad de que se realice un fraude electoral, pues se otorga un margen de maniobra para algún partido que controle aquellas casillas donde se acentúa el problema y que se concentran en la zona rural.
A su vez, el consejero electoral, Jaime Cárdenas reconoció las inconsistencias en el padrón, pero expuso que a pesar de ello es confiable. Explicó que los recortes presupuestales que en su momento avaló el Congreso, impidieron al IFE corregir las deficiencias, en su tiempo, mediante una técnica de censo total, lo que hubiera costado 800 millones de pesos.
Finalmente, con el respaldo verbal del PRI y de la Alianza por el Cambio, los consejeros aprobaron por unanimidad la validación del padrón y el listado.
Por otra parte, con la inconformidad de los partidos afectados, el Consejo General aprobó sanciones económicas por 7.1 millones de pesos. En términos generales, los representantes partidistas deploraron que si la Comisión de Fiscalización reconoció que en ningún caso hubo dolo o mala fe de todas formas se aplicarán multas "injustas y desproporcionadas", como calificó Ortega.