AUTISMO POLITICO ANTE MAESTROS

Mientras las manifestaciones de la disidencia magisterial que se realizan en la capital de la República alcanzan nuevas cuotas de tensión y violencia, el gobierno federal se lava las manos, por boca del secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, y atribuye la responsabilidad del problema al Gobierno capitalino, en lo que puede interpretarse como una manera de presionar a la autoridad urbana para que adopte medidas represivas contra las movilizaciones de los educadores.

No queda claro en qué medida esta maniobra es resultado de la aplicación del designio (que viene desde el sexenio anterior) de desmantelar o minimizar el sistema educativo público del país, y en qué medida expresa la decisión de aprovechar una coyuntura social dramática, como lo es la de los maestros, para golpear al Gobierno del Distrito Federal; si en alguna parte del problema es posible encontrar "intereses políticos", y ni siquiera ocultos, es en la actuación de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, en vísperas de las elecciones generales de julio próximo: el hecho es que las autoridades federales han convertido su confrontación con los maestros en un conflicto con la administración capitalina.

Sin embargo, la titular de ésta, Rosario Robles, ha tenido el buen sentido de pedir públicamente una audiencia al presidente Ernesto Zedillo, en un afán por desactivar, o al menos reducir, las perceptibles tensiones institucionales que se han generado entre ambos niveles de gobierno. La disponibilidad o el desinterés del mandatario para resolver el problema desmentirá o confirmará lo que hoy, a ojos de la ciudadanía, parece una expresión de autismo político por parte del grupo gobernante.

No es, en todo caso, la única ni la primera. Actitudes similares adoptó el Ejecutivo federal ante el conflicto chiapaneco y, posteriormente, ante la crisis de la UNAM. Tales circunstancias críticas tienen en común con la movilización magisterial su génesis profunda en la política económica impuesta durante los dos últimos sexenios -si no es que desde el antepenúltimo-; en Chiapas, esa política agudizó la miseria y la marginación -graves e intolerables desde siempre- de las comunidades indígenas; en la casa de estudios, el acoso presupuestal llevó a las autoridades universitarias a su tristemente recordado intento de imponer una elevación de las cuotas; en el caso de los maestros movilizados, el sostenido desdén presupuestal hacia la educación pública -más agraviante mientras más se expresa, en el discurso oficial, una supuesta convicción favorable al sector- los ha colocado en una situación desesperada.

Las tres circunstancias referidas muestran un patrón preocupante de comportamiento: el grupo gobernante, al aplicar sus dogmas económicos, genera problemas sociales que después no puede o no quiere resolver por medios políticos. El colmo es que, encima, pretenda endosárselos a instituciones gobernadas por la oposición.