MARTES 30 DE MAYO DE 2000
Ť Controversia del Legislativo frente al Ejecutivo
En breve, la SCJN abordará demanda en contra de Zedillo
Ť Indagatoria sobre aportaciones de Banca Unión a campañas
Gustavo Castillo García Ť El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, aseguró que será hasta mediados de junio cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie el estudio de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en contra del Poder Ejecutivo, y determine si es procedente o no violar el secreto bancario, para conocer en detalle las aportaciones de Banca Unión a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.
Al ser entrevistado al término de la ceremonia de entrega de la medalla Ponciano Arriaga al defensor público más destacado durante 1999, Góngora Pimental refirió que sólo será eso, "el inicio del estudio" de la controversia constitucional.
Sin embargo, dijo que será en un plazo de cinco o seis semanas cuando se conozca la determinación del pleno de la SCJN, ya que es el tiempo que tardan los "asuntos relevantes".
La controversia constitucional 26/99 fue promovida por la Cámara de Diputados en contra del Presidente, los titulares de Gobernación, Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Dicho juicio se suscitó en virtud que la Cámara de Diputados reclama a las autoridades demandadas la omisión por parte del Ejecutivo federal de coadyuvar con el Congreso de la Unión, para el efecto de que instruyera a las autoridades que le son jerárquicamente subordinadas, a entregar al auditor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), Michael W. Mackey, por conducto del despacho Galas, Gómez Morfín, Chavero y Yamasaki, la información que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de crédito Banco Unión.
La controversia fue interpuesta el 9 de septiembre de 1999 por el panista Carlos Medina Plascencia y, ese mismo día, en la SCJN se ordenó registrar el expediente y se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien corresponde instruir procedimiento y elaborar proyecto de resolución.
El 14 de enero la Corte llevó a cabo la audiencia a través de la cual se realizó el ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos; sin embargo, el procedimiento no ha concluido y, de acuerdo con lo dicho por Góngora Pimentel, la sentencia a este proceso podría ocurrir hasta mediados de julio, una vez pasado el proceso electoral.
Por otra parte, la medalla Ponciano Arriaga fue entregada a Martín Medina Galindo, quien funge como defensor de oficio en el juzgado décimo de distrito en materia penal, en el Reclusorio Sur de la ciudad de México.