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México, D.F. martes 30 de mayo de 2000
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Editorial

RECURSOS PUBLICOS Y FRAUDE ELECTORAL

SOL Ayer, en Tuxtla Gutiérrez, el candidato opositor al gobierno de Chiapas, el senador Pablo Salazar Mendiguchía, documentó desvíos --por 300 millones de pesos mensuales-- del Progresa (Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación) para las campañas electorales de los aspirantes priístas a la Presidencia de la República y a la gubernatura de esa entidad.

Este gravísimo señalamiento ocurre un día después de que Manuel Bartlett, coordinador de los afanes priístas en los estados gobernados por la oposición y operador de la "caída del sistema" en 1988, en declaraciones públicas, impúdicas y cínicas, reconoció que los programas sociales del gobierno federal son "priístas" y tienen como propósito ayudar a su partido a ganar la Presidencia. El ex gobernador poblano se refería sin duda a la llamada coacción del voto, que es ilegal y contraria a los principios cívicos más elementales, pero Salazar Mendiguchía dio información, además, sobre prácticas que además de inmorales e ilegales resultan penalmente sancionables.

Un factor adicional de veracidad en lo dicho por el senador chiapaneco con licencia es que en su entidad natal la utilización de recursos públicos con propósitos partidistas no es una novedad. Recientemente, con motivo de la elección primaria del PRI, se documentó públicamente tal práctica, perpetrada por el gobierno de Roberto Albores, a favor del entonces precandidato Francisco Labastida, sin que el episodio suscitara más que una disculpa pública del suplente del interino a cargo del Ejecutivo estatal. De hecho, resulta inocultable -hasta la propaganda oficial antizapatista lo sugiere- que los cuantiosos presupuestos sociales invertidos o malversados en Chiapas han tenido como propósito principal socavar la base popular del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los hechos referidos ponen en tela de juicio la declaración formulada también ayer por el presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de que los programas sociales de su gobierno están exentos de "manipulación política". Pero, al margen de desmentidos, suposiciones y convicciones populares de tradición histórica -en tiempos pasados el gobierno y su partido lucraban electoralmente con los productos de la Conasupo-, es urgente e imperativa una investigación a fondo sobre la circunstancia referida por Salazar Mendiguchía y, de comprobarse la veracidad del señalamiento, resultaría obligado aplicar la ley a fondo contra los posibles responsables -funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con los datos aportados por el candidato a la gubernatura de Chiapas-. La nación no podría dejar impune semejante desvío de recursos, porque en él se conjuntarían tres actos profundamente inmorales y otros tantos delitos: la malversación de dineros públicos en sí, la tentativa de incidir en forma ilegal e ilegítima en la voluntad popular -en lenguaje llano se llama fraude electoral- y el escamoteo de presupuestos a los más pobres de entre los pobres, que son, se supone, los destinatarios del Progresa.


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