LUNES 29 DE MAYO DE 2000
Ť Más de 7 mil socios reclaman la devolución de casi 70 millones de pesos
Analizarán al nivel federal quiebras de las cajas Querétaro y Del Sol
Ť La Procuraduría estatal pide apoyo a sus similares de Colima y Jalisco para confiscar bienes
Alejandro González Anaya, corresponsal, Querétaro, Qro., 28 de mayo Ť Miles de ahorradores se han visto afectados por los problemas generados en las cajas populares de ahorro Querétaro y Del Sol, que se declararon en quiebra y han limitado a los socios el acceso a su propio dinero, que ascendería a casi 70 millones de pesos y los afectados reclaman por medio de más de mil 300 demandas por fraude.
Más de 7 mil ahorradores, 5 mil de la caja Querétaro y 2 mil 367 de la Del Sol, ignoran qué pasará con su dinero luego de que ambas cerraron por falta de liquidez.
El problema comenzó en marzo pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) congeló las cuentas de la Caja Popular Querétaro, luego de la detención de José Ocampo Verdugo, representante legal de las cajas populares de 25 entidades de la República y presunto prestanombres de los hermanos Amezcua.
A principios de ese mes, Martha Chávez Trejo, gerente de la oficina matriz, reconoció que las cuentas de la Caja Popular Querétaro estaban parcialmente restringidas en sus 28 oficinas, y que en la matriz había mil 500 ahorradores cuyos recursos ascendían a 35 millones de pesos.
Además de intervenir las cuentas bancarias de la institución, la PGR le confiscó dos inmuebles en la capital del estado y ocho en San Juan del Río. A la fecha se han asegurado un total de 13 inmuebles.
Los socios viven en la incertidumbre y sin saber si podrán recuperar sus ahorros, y aunque en varias ocasiones Chávez Trejo aseveró que "se restableció la normalidad", sólo ha sido por unas horas, luego del envío de recursos de la oficina matriz en Colima. Ante esta situación, desde mediados de mayo los ahorradores comenzaron a realizar retiros de pánico, que provocaron falta de liquidez en la Caja Popular, por lo que ésta cerró sus oficinas.
Chávez Trejo refirió que sólo en la casa matriz los ahorradores retiraron casi 3 millones de pesos en dos días, dejando a la institución sin fondos para seguir operando. Sin embargo, aclaró que la central de la cooperativa, ubicada en Colima, enviaría recursos para que la Caja Popular Querétaro liquidara sus compromisos, situación que no se ha concretado.
Acciones legales contra la PGR
El 15 de marzo, el juez primero de distrito, Patricio González-Loyola Pérez, admitió una demanda de amparo del representante legal de las cajas populares, Jesús Cervantes González, contra el congelamiento por parte de la PGR de las 26 cuentas que tienen las cooperativas en diversos bancos, 22 de ellas en Bital.
Para esas fechas, socios de la caja popular, encabezados por Wilfredo Martínez Aguilar, anunciaron que presentarían demandas judiciales por fraude contra la institución, debido a la falta de dinero para responder a los vencimientos.
A principios de mayo, también se presentaron problemas en la Caja Popular del Sol, cuyas oficinas fueron cerradas sin que se diera explicación alguna a los socios.
En la segunda quincena de mayo, la Caja Popular del Sol colocó en las puertas de sus sucursales un oficio en donde explicaba los hechos ocurridos en marzo, en los que se involucró a la caja Querétaro y a su principal accionista, Ocampo Verdugo, por lavado de dinero. Esto provocó alarma entre los socios, que hicieron retiros masivos de dinero. Se subrayaba que los medios de comunicación eran responsables del quebranto de la institución al manejar la información en forma irresponsable.
En el escrito, firmado en Guadalajara, Jalisco, por el presidente del consejo de administración del organismo, Alfredo Gómez, se convocaba a todos los ahorradores a nombrar a un representante por cada sucursal para sostener una reunión en junio y decidir el futuro de la institución.
La Caja Popular del Sol -con sucursales en Jalisco, Nuevo León, Colima, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato y Querétaro-, informó por medio de un boletín que 432 personas habían perdido su empleo y los citaba para el 9 de mayo a negociar su liquidación.
El pánico se propagó entre los socios y en la primera quincena de mayo presentaron las primeras demandas por fraude, versión que confirmó la fiscalía número 5.
El 10 de mayo, el procurador de Justicia de Querétaro, Apolinar Ledesma Arreola, informó que 300 socios habían presentado querellas contra quien resultara responsable del supuesto delito de fraude, y se ordenó un arraigo domiciliario contra la contadora de la Caja Popular del Sol en la entidad, Martha Cristina Pacheco Carrasco.
Entrevistada en su domicilio, en Fray Francisco de los Angeles, colonia Quinta del Marqués de la capital del estado, Pacheco Carrasco dijo que la institución operaba con números rojos desde marzo, y aseguró que el ahorro de los 2 mil 367 socios se recuperaría por medio de la cartera de préstamos, que asciende a 2 millones 900 mil pesos. No obstante, en esos días 500 personas reclamaban 39 millones de pesos.
Pacheco Carrasco negó que la caja Del Sol estuviera en quiebra, y aseguró que el organismo se descapitalizó por los retiros de pánico de marzo, cuando 60 por ciento de los socios dejaron la institución.
Si bien el arraigo de la contadora era por diez días, el procurador estatal informó que se ampliaría a 20 días, para que justificara los manejos contables y definir si era autora o participante en el fraude.
Las demandas por fraude de los ahorradores locales contra las cajas Querétaro y Del Sol se incrementaron, y en la tercera semana de mayo ya había mil 300 querellas por un monto de casi 64 millones de pesos, de acuerdo con el procurador Ledesma Arreola, quien subrayó que debido a que la Caja Popular del Sol no tenía inversiones inmobiliarias en Querétaro, no se habían confiscado bienes para garantizar las inversiones de los socios.
El procurador precisó que las investigaciones involucran dictámenes contables para identificar una presunta administración fraudulenta y fraude específico, perpetrados en los centros de ahorro, y anunció que esta semana se reunirá con el titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar; con el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, y con representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y los procuradores de las 22 entidades afectadas por el cierre de las cajas populares.
Ya se han confiscado 28 inmuebles a la Caja Popular Querétaro, pero no se ha podido hacer lo mismo con los bienes de la caja Del Sol ubicados en Colima y Jalisco, y la Procuraduría estatal ha solicitado la colaboración de sus homólogas en esas entidades para que aseguren preventivamente propiedades del organismo de ahorro.