DOMINGO 28 DE MAYO DE 2000

* Concluye la decimoquinta reunión de autoridades universitarias del país

Aprueban 50 rectores y directores modelo para asignación de recursos

* El esquema de financiamiento se sustenta en los principios de "equidad, transparencia y sencillez"

María Esther Ibarra, enviada, Tijuana, BC, 27 de mayo * En la búsqueda de que la asignación de los subsidios federales se haga de manera "transparente" y "equitativa", rectores y directores de 50 instituciones públicas de educación superior del país aprobaron un nuevo esquema de financiamiento que entregarán al gobierno federal y al próximo presidente de la República.

Para algunos responsables de diversas casas de estudio, a través de las nuevas reglas financieras también se pretende acabar con la incertidumbre en la entrega de los recursos gubernamentales, debido a los recortes presupuestales aplicados al sector educativo, así como definir con el gobierno qué puede y debe esperar de las casas de estudio en función de los presupuestos que se les otorga.

Con un comunicado, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Julio Rubio Oca, suplió la conferencia de prensa que había ofrecido a los medios para dar a conocer los resultados de la reunión de los 50 rectores y directivos universitarios, quienes este día concluyeron sus trabajos.

De acuerdo con el documento, el nuevo modelo se basa en el desempeño académico institucional y tiene como sustento los principios de "equidad, transparencia y sencillez" para la otorgación de los subsidios, a fin de estimular el mejoramiento de la eficiencia y la calidad en las universidades públicas.

Para cada uno de los programas docentes se establecen fórmulas basadas en los siguientes criterios: costo por alumno, diferenciado por grado educativo (bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado); tipo de pograma de estudio (práctico, técnico especializado); las tasas de egreso y titulación; la capacidad para "retener" a los alumnos de primer ingreso; y el perfil de la planta académica de tiempo completo.

En el caso de la investigación, los criterios a aplicar están relacionados con el "potencial efectivo" de cada institución para el desarrollo de la misma y su "capacidad probada". Se espera que para octubre próximo se tenga una propuesta integral, en la que se incluyan los criterios para financiar la extensión y difusión de la cultura.

Aprobado en lo general, poco antes de la clausura de los trabajos de la decimoquinta sesión ordinaria de los 50 integrantes del Consejo Nacional de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia), diversos rectores ų en entrevistas por separadoų puntualizaron sobre el documento.

Algunos destacaron que el esquema acordado no es definitivo, al considerar la conveniencia de revisarlo con sus comunidades para evitar conflictos, y tampoco lo asumieron como panacea para resolver sus problemas financieros.

"Son reglas bastante transparentes y están bien, pues por primera vez contamos con un esquema de financiamiento y se reconoce explícitamente que el sistema de educación superior ha sido subsidiado por debajo de sus necesidades, así como la aceptación de que hay favorecimiento o discrecionalidad presupuestal hacia ciertas universidades", declaró la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Sylvia Ortega.

Sin embargo, manifestó sus reservas de que se pueda "negociar" los presupuestos de manera transparente y con equidad, además de que "se corre el riesgo de quedar atado a un modelo de financiamiento que pronto estaría rebasado por nuevas exigencias y modalidades educativas".

En su opinión, el asunto es subrayar la falta de recursos a las universidades públicas, porque "en México no hay certeza en el financiamiento, pues de repente hay recortes al sector educativo, y aunque esto no es privativo de nuestro país, sí afecta al desarrollo de la educación".

Con todo, consideró que es un buen instrumento para negociar y explicarle tanto al gobierno como al legislador por qué es necesario incrementar los recursos, y qué es lo que deben y pueden esperar de las universidades.

"Esto es lo que rescato, y me parece que hay que irlo afinando porque no están considerados los costos de la difusión y extensión como parte del presupuesto universitario y el ideal que deberían de tener en relación con las otras actividades sustantivas", acotó.

Otro gran avance ųapuntóų es la confirmación explícita de la autonomía y de la capacidad para poder definir sus objetivos y regularse, lo cual "no evita que se tengan que rendir cuentas de los recursos otorgados", dijo la rectora de la UPN, y confió que en el primer año de aplicación del nuevo esquema repercutan en una mayor asignación presupuestal para operar "simplemente con decoro".

El de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Virgilio Rivera, tras señalar que los criterios financieros ya "no estarán sujetos a la discrecionalidad y a las desigualdades", resaltó la necesidad de crear una ley al tercero constitucional, a fin de que se establezca la garantía de otorgar recursos crecientes a la educación superior, porque de lo contrario "las nuevas reglas de nada servirán".

Similar postura sostuvo el rector de Guerrero, Florentino Cruz Reyes, al señalar que su universidad enfrenta un "rezago" financiero desde la década de los setenta por las "relaciones nada agradables" entre la institución educativa guerrerense y los gobernadores en turno. "Eso, por ejemplo, actualmente todavía tiene efectos económicos, pues tenemos un costo por alumno de 6 mil 500 pesos, mientras que en universidades como la de Baja California es de 50 mil pesos". Por esto, pidió equidad y no "disminuir los recursos a instituciones como la nuestra, donde estamos luchando por mejorar la calidad a partir de una reforma académica y una nueva ley orgánica".

Los rectores de San Luis Potosí y Nuevo León, Jaime Valle Méndez, y Reyes Tamez, respectivamente, coincidieron que no se busca obtener un mayor subsidio, sino lograr un "mejor reordenamiento" en la asignación de recursos y con base en principios de desempeño académico. En tanto, el del estado de México, Uriel García, sañaló que no se busca terminar con las desigualdades y falta de transparencia financieras, sino adecuar las necesidades presupuestales de las universidades públicas.