SECRETO BANCARIO, FACTOR DE IMPUNIDAD

La declaración del secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Vicente Corta, acerca de la pertinencia de eliminar el secreto en las operaciones entre los bancos y sus clientes, es sin duda plausible, pero tardía, toda vez que dicho precepto resultó uno de los instrumentos clave para consumar un saqueo nacional por un monto cercano al billón de pesos. En efecto, las autoridades hacendarias y bancarias, así como los legisladores del PRI y la mayor parte de los del PAN, se atrincheraron en el secreto bancario para impedir que la sociedad conociera los nombres de las personas e instituciones que resultaron favorecidas en la operación de rescate bancario realizada por medio del Fobaproa, antecesor del IPAB, así como la identidad de quienes realizaron operaciones irregulares o abiertamente ilegales en el proceso de transferencia de deudas privadas al Estado. Ante la falta de voluntad de las autoridades para esclarecer tales hechos, o de su ineptitud para hacerlo, la transparencia de las operaciones habría permitido conocer, al menos, los nombres y razones sociales de quienes se libraron de sus deudas endosándoselas al resto de la sociedad.

No deja de ser paradójico que el declarante, directivo de una entidad que selló la legalización y el ocultamiento del desfalco, se pronuncie ahora en contra del principal mecanismo utilizado para escamotear a la opinión pública la información sobre los quebrantos perpetrados a expensas del presupuesto nacional.

La razón esgrimida por Corta para propugnar, ante la comisión de la Cámara de Diputados para vigilar el funcionamiento del IPAB, la supresión de la regla mencionada, es la eliminación de las fundadas sospechas que suscita la información del propio IPAB. Se trata, en suma, de una razón de imagen institucional.

La eliminación del secreto bancario, o su estricta y cuidadosa reformulación, son deseables por motivos más graves que los señalados por el secretario ejecutivo del IPAB. El problema de fondo es que esa regulación, originalmente concebida para proteger la privacidad, fue utilizada en cambio, y según todos los indicios disponibles, para asegurar la impunidad de un número indeterminado de personas físicas y morales que se beneficiaron con el rescate bancario. Y semejante desfalco, cuya comisión implicó vastos operativos financieros, políticos y legislativos, no debe repetirse en México nunca más.