VIERNES 26 DE MAYO DE 2000

Selva Lacandona: raíces de un paradigma agrario-ambiental

* Pedro Alvarez-Icaza* *

En algunos de los análisis que se han hecho del conflicto agrario de Chiapas, concretamente en la región de la selva Lacandona, se han omitido algunas bases históricas que podrían ofrecer pistas para entender con mayor claridad los procesos de cambio que vivimos.

En el Constituyente de 1917 se generó un debate en torno al problema productivo asociado a la posesión plena de la tierra de los desposeídos, que se constituyó en el motivo de la causa revolucionaria.

Algunos diputados, señaladamente Luis Cabrera, sostenían que la transición económica hacia la industrialización obligaba a mantener a las clases campesinas como subordinadas y, por lo tanto, el otorgamiento de tierras era una respuesta a una demanda social que no debía asociarse a la calidad y productividad de éstas, ya que el territorio a otorgar sólo significaría un complemento al salario que obtendrían como obreros.

Otro conjunto minoritario de legisladores encabezados por Francisco J. Mújica sostenía, en cambio, que la gesta revolucionaria había tenido su origen en el despojo de tierras indígenas y campesinas, y en consecuencia era necesario dotar del dominio pleno, en condiciones de equidad, al conjunto del sector social rural del país.

En la madrugada del último día de debates, la firma del decreto del artículo 27 se basó en las ideas del primer grupo. Paradójicamente, ésta no fue una victoria ganada en el terreno de las ideas, sino resuelta ante la presión coyuntural para dejar expresado el problema agrario a tiempo y antes de firmar la Carta Magna. Quizá con unos días más la historia se habría escrito de manera diferente.

Lo anterior significó que entre 1917 y 1934 se repartieran tierras a cuenta gota, principalmente en el norte de México, en zonas áridas y sin infraestructura y servicios. Desde luego, hay que destacar en este proceso a Lázaro Cárdenas, quien logró, con enormes dificultades, repartir territorio de mejor calidad, principalmente en las zonas del occidente, incrementando la infraestructura hidráulica y agropecuaria en el norte y fortaleciendo el sector social con la creación de los ejidos colectivos. Pero Cárdenas sólo fue la excepción.

De esta manera, a principios de la década de los sesenta la mayor parte de las tierras del sector social no era aprovechable para fines agropecuarios de calidad, ya que estaba constituida básicamente de bosques y zonas áridas. Por cierto, ello explica en gran parte que 80 por ciento de las zonas forestales sea propiedad de ejidos y comunidades.

ƑQué quedaba en el país? Evidentemente las selvas del sureste. La regla constituyente original nos advertía, en principio, sobre la inviabilidad de expropiar las mejores tierras en poder de cacicazgos ancestrales; Chiapas no fue la excepción. Los últimos sexenios encontraron la necesidad de impulsar un modelo colonizador con el fin de poblar la zona fronteriza y dar una salida política a la presión por demanda de tierras.

Evidentemente, el debate ambiental, apenas por ocurrir, no se constituyó como prioridad en el proceso. Otorgar 650 mil hectáreas a 60 familias lacandonas revindicando al indígena histórico contra el indígena presente, parecería sólo un pretexto para descremar la selva Lacandona. Sin embargo, en esta hipótesis se omite el hecho de que en 1978 se creó la reserva integral de Montes Azules, justamente sobre terrenos de la comunidad lacandona, estableciendo reglas que impidieron el aprovechamiento maderero. Este decreto y su intención desactiva de alguna manera estas hipótesis, aunque mantiene vivo el paradigma agrario-ambiental.

Ojalá que estas ideas permitan el inicio de un debate fundamentado que nos aproxime a un cabal entendimiento y posible solución de la problemática de una zona tan conflictiva e importante como es la Lacandona. *

* Coordinador de la Unidad de Análisis Económico y

Social de Semarnap