JUEVES 25 DE MAYO DE 2000

* Seis mil socios exigen ante la Segob la renuncia de Madrazo y Herrán Salvatti

"Robo institucional" de la PGR contra las cajas de ahorro

José Galán * Cerca de seis mil socios de cajas de ahorro popular denunciaron que la PGR realizó "un robo institucional" por más de siete mil millones de pesos, suma total de los ahorros de más de un millón y medio de ciudadanos, y agregaron que la juez sexta de distrito, María Elena Leguízamo Ferrer, desechó el 3 de mayo las acusaciones contra José Cirilo Ocampo Verdugo por lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que "no hay delito que perseguir".

Los ahorradores, reunidos ante la Secretaría de Gobernación, exigieron la renuncia del procurador Jorge Madrazo Cuéllar y del fiscal antidrogas Mariano Herrán, a quienes responsabilizaron de la desaparición de sus ahorros y de "fabricar" pruebas para asegurar el capital de más de un millón y medio de socios de esas cajas de ahorro en todo el país.

Sus representantes fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación por el director de Concertación Social, Luis Carlos Villivaca, quien según el líder de los ahorradores, Salvador Soto, les informó que "no tenía facultades para resolver su problema, pero sí para escucharlos".

Entregaron al funcionario un escrito en el que solicitaron al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, su intervención "para impedir que la PGR y Hacienda, en confabulación con gobiernos de algunos estados, nos despojen de nuestro patrimonio".

Los ahorradores consideraron que ambas instituciones montaron "una farsa", e hicieron referencia a las imputaciones "totalmente falsas", contra José Cirilo Ocampo Verdugo, "ya rechazadas por la juez sexta de distrito en Materia Penal, encargada de la causa penal 31/2000-III".

"El daño causado por el aseguramiento de nuestros capitales es muy grave, pues más de un millón de familias no han percibido sus ingresos por más de tres meses y han sido despojadas de los ahorros de toda la vida", consigna el documento. "De no intervenir usted con la eficacia y oportunidad re- queridas, el problema seguirá agravándose, y cancelará las oportunidades de supervivencia, educación y desarrollo de cientos de miles de familias mexicanas", advirtieron al titular de Gobernación.

"Nosotros no queremos buenas razones ni estamos mendigando que alguien nos escuche. Lo que queremos es nuestro dinero", dijo Soto, dirigente de la Coordinadora Nacional de las Cajas Populares, a la salida de la reunión, y como no encontraron respuesta, decidieron marchar a la residencia oficial de Los Pinos para exponer sus quejas ante la Presidencia de la República.

Informaron que la juez sexta de distrito en materia penal, María Elena Leguízamo Ferrer, desechó las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa presentados por la PGR contra José Cirilo Ocampo Verdugo, fundador de las cajas de ahorro y detenido desde enero en el Reclusorio Norte. Con ello, dijeron, se abre la posibilidad de que Ocampo Verdugo salga de la cárcel. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que la PGR haya interpuesto un recurso en contra de la decisión judicial.

Según una copia de las actuaciones fechadas el 4 de mayo de este año, y suscritas por el secretario de dicho juzgado, Daniel Ruiz Flores, quedaron "desechadas" las presuntas pruebas sobre lavado de dinero aportadas por el MPF, que reconoció carecer de "información precisa para identificar" diversas cuentas bancarias, y no estar en posibilidad de "establecer con exactitud el origen del dinero depositado en ellas".

Por ello, dijo Soto, "es imperativo que se nos regresen ya nuestros capitales. Si no hay fundamento para las acusaciones, Ƒpor qué insisten las autoridades en quedarse con nuestros ahorros?", preguntó.