JUEVES 25 DE MAYO DE 2000

* La ARIC-I, dispuesta a negociar con el gobierno

Integran denuncia legal para desmilitarizar Amador Hernández

* Chiapas podría convertirse en laboratorio de transgénicos

Hermann Bellinghausen, enviado, Montes Azules, Chis, 24 de mayo * La ARIC Independiente está dispuesta a negociar con el gobierno una solución al problema de los asentamientos campesinos en la reserva. Pero también anuncia que una comisión de esta organización y las bases de apoyo del EZLN en Amador Hernández integran una denuncia legal para exigir la salida del Ejército federal de las tierras ocupadas en ese ejido.

José, vecino del valle de Amador Hernández, relata: ''Los dos dueños de los predios ya están muy desesperados. Son más de 5 hectáreas que las tienen ocupadas los ejércitos. Los soldados dicen que vienen a proteger la selva de la tala, y ya se llegaron en Amador Hernández y ellos son los que talan". Refiere que al campamento y el helipuerto les agregaron un campo de entrenamiento.

Paradójicamente, el dueño de un terreno invadido es de la ARIC-I y el otro de las bases de apoyo del EZLN. Pero ambos, la comunidad entera, y las dos organizaciones exigen la salida de las tropas federales de su ejido, entre otras razones, porque están dañando los bosques y el medio ambiente. Además, claro, del despojo.

"No aceptamos la entrada de los militares, no es verdad que estamos provocando incendios", concluye José, quien caminó a San Gregorio para asistir al foro organizado por la Aric-I en defensa de la vida, la tierra, y los recursos naturales. A buen paso, José cubre en un día completo caminando la distancia entre Amador y San Gregorio. Hay que subir y bajar dos sierras y cruzar el río Negro. Cerca de 10 horas de camino, y eso porque apenas empiezan las lluvias. Pronto, San Gregorio quedará a 2 días del exterior (sea Amador Hernández, Nuevo Chapultepec o San Quintín).

Porfirio Encino dice: "La posición de la ARIC-I es negociar a cambio de que se regularicen las comunidades", y anuncia que, en principio, "estamos viendo la posibilidad de reubicar a la gente de Laguna Suspiro, Ocotal, Santa Elena, Jardín y Villa las Rosas". Estas comunidades se localizan dentro de los límites de la "comunidad lacandona", que constituye otro de los litigantes en el actual conflicto en Montes Azules. Siempre considerados, los lacandones, dóciles piezas del juego gubernamental.

A la vez, ARIC-I exige la regularización de San Antonio Miramar, Buen Samaritano, San Salvador Allende, Nuevo Guadalupe Tepeyac (nada que ver con el pueblo tojolabal y zapatista del mismo nombre; en este caso se trata de tzeltales, y se localizan en la región de las lagunas al norte de la reserva), Ranchería Corozal, San Gregorio, y Nuevo Israel.

San Salvador Allende, también San Salvador, fue fundada en 1934 con el nombre de Santa Rita. Después de casi 70 años, todavía no tienen resuelto el problema de sus tierras.

Un hombre de San Antonio Miramar muestra los papeles y los edictos publicados en los periódicos en 1992, donde se confirma oficialmente la propiedad de esas tierras, colonizadas en 1970, antes de los decretos presidenciales superpuestos de Luis Echeverría y José López Portillo. Es curioso ver quiénes firmaron entonces: el delegado agrario (Jorge) Obrador Capellini, y el actual candidato a la gubernatura del PDS y en aquella época representante agrario del gobernador Patrocinio González Garrido, Mario Arturo Coutiño Farrera. Vueltas que da la vida.

Refugio en venta

Más allá de las mitificaciones y las demarcaciones cartográficas, en la reserva de la biosfera se tiene la sensación de estar adentro de algo. No hay caminos, la mayor parte del mundo circundante es selva virgen e impenetrable. Es un refugio de mariposas y de indígenas. Y quizás no sea el paraíso, pero está amenazado.

Entre los observadores asistentes al foro de San Gregorio se encontraban miembros de Maderas del Sureste, organización de campesinos y ecologistas de los Chimalapas, otra selva amenazada y aún prodigiosa. Compartieron con los mayas de esta reserva sus experiencias de lo que es vivir la selva, viviendo en ella, y aprovechándola racionalmente. Miguel Angel García reconoce que se trata de un concepto polémico: las reservas campesinas, que por ejemplo la World Wildlife Organization no acepta. Pero como sea, propugna una cohabitación integral con la biodiversidad del entorno, evitando talas y quemas, y aprovechando los fertilizantes orgánicos.

Aquí todo queda lejos, no hay más que tortuosas veredas. El mundo todavía parece distinto. El apartamiento hace especialmente pacíficos a los habitantes de estos pequeños poblados.

Al sobrevolar la reserva de Montes Azules se ven las parcelas desmontadas, algunas todavía negras de la quemazón, muchas otras ya sembradas y verdecientes. Los campesinos aseguran no haber tirado un sólo árbol en dos años.

Detrás de los problemas y conflictos agrarios, en Montes Azules se juegan otras fichas de la modernidad galopante que nada tienen que ver con la conservación cuasi-religiosa de los recursos.

Negocios son negocios. A los intereses directos en la biodiversidad lacandona de la empresa Savia (cuyo dueño, Alfonso Romo, "sueña con ser el rey de los transgénicos", según me decía un observador de la problemática biológica), se suman los proyectos de control militar estratégico para el cerco de las comunidades rebeldes en toda la selva lacandona, así como la pugna por usufructuar la propiedad intelectual de los recursos y los proyectos de explotación de nuevos minerales preciosos como el plutonio, además de los clásicos petróleo y maderas también preciosas.

Se sabe que existen tres convenios para la explotación de genomas de Montes Azules. Sus beneficiarios son la UNAM, su jardín botánico y Ecosur de San Cristóbal de las Casas.

En un convenio, que según especialistas como Alejandro Nadal y Andrés Barreda no tiene precedente, la UNAM negocia la venta de las patentes de genomas con la empresa estadunidense Diversa, para que ésta explote especies extremógenas. Al "privatizar" el código genético, la UNAM recibe un porcentaje. Los biólogos de la máxima casa de estudios estarían convirtiendo en propiedad privada algo que no es suyo sino de la nación.

Ecosur practica la misma operación con la Universidad de Georgia, lo cual ya originó un conflicto con la Organización de Médicos Indígenas de Chiapas (Omiech), que considera poseer derechos sobre la diversidad botánica y medicinal del estado.

Estamos ante una versión posmoderna de "La tierra es de quien la trabaja", y además la habita. Es la triste historia de estas tierras que sus beneficios siempre sean para los de afuera, los "dueños" que se apropian de la riqueza cruda. Ignorando a los pobladores indígenas.

Desde hace un siglo, el negocio de las maderas precedió al negocio de las vacas, y entre los dos acabaron con la riqueza de las cañadas de la selva Lacandona de manera mucho más devastadora que la colonización indígena. Madereros, finqueros y ganaderos, los antepasados rudimentarios de Diversa y Savia (antes Pulsar), antecedieron al éxodo indígena, y le heredaron una selva saqueada.

En otro tiempo, los intermediarios y cobijadores del saqueo fueron los funcionarios del gobierno; ahora se trata de investigadores científicos de la Universidad Nacional y el Colegio Fronterizo. Y la mercancía no se mide ahora en toneladas, hectáreas o barriles, sino dentro de la catalogación para los futuros tráfico y comercio del material genético de esta mina de oro estilo siglo XXI.

Y si ríos como el Jataté, el Lacantún y el Lacanjá sirvieron para vaciar la selva Lacandona, hoy serán ríos más sutiles, microscópicos y virtuales, los que lleven el tráfico impune de la riqueza.

El Convenio de bioprospección que se intenta aplicar por encima de los indígenas de la selva permitirá a Diversa explotar comercialmente las especies animales y vegetales. Por eso, en la Declaración de San Gregorio los indígenas se proponen como "guardianes de Montes Azules".

También se oponen al cultivo de maíz y jitomate transgénico, y a la experimentación genética de campo. Y por encima de todo, a la militarización y el despliegue policiaco que, entre otras cosas, podrían desbrozar el camino a los mercaderes.

Rehenes en su propia tierra

Mientras las comunidades en resistencia temen, con la militarización y las amenazas de desalojo, un escalamiento de la guerra, los ariqueos independientes consideran que el gobierno quiere convertirlos en rehenes electorales, desea inhibir el voto de sus comunidades a favor de Pablo Salazar Mendiguchía, candidato a gobernador de la oposición en Chiapas.

Estas, bien mirado, son las dos caras de la moneda. Dos estadíos de un mismo problema.

ARIC Independiente, en su Declaración de San Gregorio, ratificó su postura de estar abierta al diálogo y la negociación para resolver la controversia agraria y ambiental con los lacandones y el gobierno federal. Se refiere exclusivamente a 12 poblados, de los más de 30 que existen dentro de Montes Azules.

Las comunidades zapatistas en resistencia se consideran sometidas a la guerra en diversas modalidades: paramilitarización, ocupación y patrullaje militar, y ahora amenazas explícitas y reiteradas de desalojo policiaco.

Independiente del resultado de estas posibles negociaciones, se mantiene la situación crítica y amenazadora para otras comunidades, de diverso tipo, acusadas por Semarnap de provocar "un gradual y alarmante proceso de deforestación"; esta acusación echa en un mismo costal a Semental, Buen Samaritano, Primero de Enero, Nuevo Aguadulce, El Zapotal, San Francisco, Innominado y Nuevo Cintalapa, que tienen problemáticas diferentes y distintas historias.

La segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas constató el verdadero estado que guardan las tierras habitadas por indígenas en Montes Azules, así como el fuerte movimiento de tropas en los alrededores. Miguel Angel García, de Maderas del Sureste, dijo a los campesinos reunidos en Nuevo San Gregorio: "Pueden parar y estorbar a la verdad, pero a la larga, ésta no se detiene".